El Ministerio Público prepara estrategia para elecciones de 2027 en Guatemala e investigará posibles aportes del narcotráfico a campañas

El Ministerio Público de Guatemala prepara una estrategia para las elecciones generales de 2027 que combina capacitación territorial, turnos reforzados e investigaciones sobre posibles aportes del narcotráfico a campañas políticas, ante el riesgo de que grupos criminales busquen condicionar a futuros funcionarios.

La institución confirmó que mantiene una investigación abierta por posible financiamiento ilegal de campañas, aunque no reveló identidades ni detalles para preservar la estrategia procesal. El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna, indicó que las pesquisas involucrarán a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales.

Las pesquisas buscan establecer si organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras redes delictivas aportaron recursos de origen ilícito a actividades partidarias. La prioridad es identificar las estructuras, seguir el recorrido de los fondos y determinar si se cometieron delitos electorales.

García Luna advirtió que estas organizaciones ya no se limitan al transporte y la comercialización de drogas: también necesitan mover, ocultar e integrar sus ganancias en circuitos aparentemente legales. Esa dinámica adquiere una dimensión institucional cuando alcanza a la política, la justicia o los procesos electorales.

“Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027: la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales”, sostuvo el fiscal general durante la presentación de los primeros cuatro meses de su administración.

El riesgo de compromisos políticos con grupos criminales

Los candidatos que aceptan dinero de narcotraficantes o pandillas pueden adquirir obligaciones con esas estructuras si alcanzan cargos públicos. García Luna resumió esa relación: “Al aceptar ese dinero adquieren compromisos el funcionario que pueda salir electo”.

El jefe del Ministerio Público señaló que existen grupos de narcotráfico, pandillas y organizaciones con ingresos económicos suficientes para intervenir en actividades políticas. Según explicó, “algunos candidatos, lamentablemente, caen en la tentación” de recibir esos fondos.

La institución identificó una expansión de estructuras criminales que no responden al modelo tradicional de un cártel asentado en zonas rurales o fronterizas. García Luna sostuvo que también operan redes en ciudades y departamentos, con capacidad para incidir en el narcotráfico, las extorsiones, los homicidios y otros delitos.

El fiscal mencionó una alianza entre el grupo conocido como Caradura y Barrio 18, a la que vinculó con disputas territoriales por la venta y el traslado de drogas. Añadió que la presencia del narcotráfico alcanza zonas fronterizas del norte, oriente, occidente y sur del país, además de rutas marítimas.

La cooperación con Estados Unidos forma parte de esta línea de trabajo. García Luna afirmó que fiscales de ambos países intercambian información por mecanismos legales y respetando la soberanía nacional, en casos relacionados con guatemaltecos investigados en territorio estadounidense y estructuras que operan en Guatemala.

Fiscales municipales, la primera respuesta ante denuncias electorales

La preparación para los comicios de 2027 ya comenzó con mesas de trabajo entre el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Asuntos Electorales. El objetivo es mejorar la recepción de denuncias y las primeras diligencias en municipios, donde suelen presentarse hechos de violencia antes de las votaciones.

El secretario general de la institución, Edwin Santiago Chavajay, explicó que las agencias fiscales municipales tendrán turnos de atención reforzados durante el proceso electoral. Los fiscales locales también recibirán formación sobre los delitos que pueden configurarse en ese contexto.

La medida responde a problemas detectados en procesos anteriores: algunas fiscalías municipales recibieron denuncias, pero no efectuaron las diligencias iniciales necesarias antes de trasladar los expedientes a la fiscalía especializada. Esa omisión puede dificultar la continuidad de las investigaciones.

Chavajay describió la falla: “Muchas veces se ha presentado la situación de que las fiscalías municipales reciben denuncias, pero por no estar capacitados en la especificidad del tipo penal, no realizan las primeras diligencias necesarias”.

Las jornadas de formación comenzarán en las próximas semanas. La capacitación se concentrará en los aspectos técnicos de los delitos electorales, para que los fiscales puedan identificar las actuaciones urgentes, resguardar elementos relevantes y remitir los casos con avances que permitan continuar la investigación.

Durante los primeros cuatro meses de gestión, la Fiscalía de Delitos Electorales concretó 14 salidas procesales, promovió siete citaciones a primera declaración y recibió 11 denuncias nuevas, de las cuales cuatro seguían bajo investigación al momento de la presentación institucional.

Una escuela fiscal con alcance regional

La preparación electoral será parte de un programa más amplio de formación interna. La Unidad de Capacitación Institucional funciona actualmente en un inmueble de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, que había sido utilizado como vivienda y que, según García Luna, no reúne las condiciones para operar como centro permanente de enseñanza presencial y a distancia.

El plan contempla trasladar actividades de capacitación a una nueva sede en Ciudad de Guatemala y desarrollar una Escuela de Estudios Fiscales. El proyecto prevé presencia en las regiones nororiente y occidente, además de programas con docentes guatemaltecos y extranjeros.

La futura estructura podría atender a 1.500 personas bajo una modalidad mixta: hasta 500 participantes de manera presencial y 1.000 en línea, con rotaciones para ampliar la cobertura. La formación abarcará al personal fiscal, técnico y administrativo, no solo a quienes investigan delitos electorales.

La iniciativa incluye programas completos de estudio, selección de docentes, fortalecimiento de la educación virtual, retorno de actividades presenciales, un repositorio académico y una biblioteca especializada digital para el personal de todo el país.