
La solicitud fue confirmada por la abogada Angie Colindres, integrante del equipo legal del exmandatario, quien explicó que la restricción que pretenden eliminar tiene su origen en el proceso de extradición de 2022 solicitado por Estados Unidos contra Hernández.
De acuerdo con la defensora, durante aquel procedimiento el juez natural que conoció la solicitud de extradición ordenó una prohibición de salida del territorio hondureño, medida que, a criterio de la defensa, debió quedar sin efecto una vez que se concretó la entrega del expresidente a las autoridades estadounidenses.
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Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, por lo que sus abogados cuestionan que la alerta migratoria continúe registrada varios años después de que se ejecutara la medida judicial que dio origen a la restricción.
“Como equipo de defensa tuvimos que presentar un escrito solicitando que se dejara sin valor y efecto una alerta migratoria que nunca debió de haber sido impuesta o que debió haberse quitado desde abril del año 2022”, manifestó Colindres, según declaraciones divulgadas este sábado.
La petición presentada ante la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo que el máximo órgano judicial emita el oficio correspondiente y lo remita al Instituto Nacional de Migración, para que la institución proceda con la cancelación formal de la alerta que figura en los registros migratorios.
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La defensa sostiene que la permanencia de esa restricción afecta derechos relacionados con el debido proceso, la defensa y el libre tránsito de Hernández, por considerar que la medida pertenece a un expediente que ya cumplió con el objetivo para el cual fue establecida.
Colindres aclaró además que la alerta cuya eliminación están solicitando no está relacionada con el caso Pandora II, sino con el antiguo procedimiento judicial derivado de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos en 2022.
“Actualmente todavía tiene esa alerta migratoria. Sin embargo, estamos apelando para que la Corte Suprema de Justicia envíe los oficios correspondientes, dejando sin valor y efecto” la restricción, explicó la abogada.
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¿Qué ocurrió con Pandora II?
La solicitud de la defensa ocurre pocas semanas después de que un juzgado hondureño dictara sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.
La resolución fue emitida el 1 de septiembre de 2026, después de la audiencia inicial del proceso en el que el exmandatario enfrentaba acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó entonces que el juez determinó que no se había acreditado la trazabilidad del dinero que la acusación vinculaba con el financiamiento de actividades políticas. Como consecuencia de la resolución, también quedaron sin efecto las medidas cautelares impuestas dentro de ese expediente.
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Sin embargo, el proceso todavía genera actuaciones judiciales. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron recursos de apelación contra el sobreseimiento definitivo y solicitaron que la resolución sea revisada por la Corte de Apelaciones correspondiente.

La defensa, no obstante, insiste en que esas actuaciones son independientes de la alerta migratoria que actualmente busca cancelar. Según los abogados, la restricción que permanece registrada corresponde exclusivamente al proceso de extradición de 2022 y no a las medidas cautelares que fueron impuestas dentro de Pandora II.
Por ello, ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá analizar la petición presentada por el equipo legal de Hernández y determinar si corresponde emitir el oficio solicitado para que Migración elimine la alerta.
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Mientras se resuelve la petición, la defensa sostiene que la restricción migratoria continúa activa y que esta situación limita la posibilidad de que el expresidente pueda salir de Honduras.
El caso añade un nuevo trámite a la situación jurídica de Hernández después de su regreso al país y del reciente fallo favorable en Pandora II, aunque la defensa insiste en diferenciar ambos asuntos y señala que la alerta que pretende levantar tiene un origen anterior y distinto.
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