Guatemala multiplicó por cinco las sentencias bajo la ley de aceptación de cargos en tres años, según Centro de Investigaciones

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina es el único caso público conocido de revocación del beneficio previsto por la ley de aceptación de cargos, tras incumplir el pago de la reparación digna a las víctimas. La condena reducida quedó por debajo de cinco años, por lo que pudo conmutarla mediante un pago al Estado, una alternativa que resultó más conveniente que cumplir con la compensación ordenada.

La expansión del mecanismo coincidió con una reducción del 44% de la población en prisión preventiva entre 2020 y 2026: pasó de representar el 47% de las personas privadas de libertad a cerca de un tercio. Sin embargo, no existe certeza sobre cuánto de ese descenso responde a este procedimiento y cuánto a otros factores, incluida la baja registrada desde la pandemia en 2021.

La evaluación presentada por la economista Corinne Dedik para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) identifica dos vacíos centrales: no hay un sistema de apelación para discutir la reparación digna y tampoco existen registros que permitan establecer cuántas personas incumplieron esa obligación en otros procesos.

De 500 a casi 3,500 sentencias en tres años

La ley de aceptación de cargos fue aprobada mediante el decreto 10-2019 del Congreso de la República y modificó el Código Procesal Penal. Las acciones de inconstitucionalidad suspendieron la vigencia de la norma hasta junio de 2022, cuando la Corte de Constitucionalidad las declaró sin lugar. Desde entonces, las sentencias bajo este mecanismo pasaron de 500 en 2022 a casi 3,500 en 2025.

Una de cada tres condenas obtenidas actualmente por el Ministerio Público se resuelve mediante aceptación de cargos. El procedimiento se convirtió en el segundo más utilizado del sistema penal, por encima del proceso abreviado y solo detrás del procedimiento común, que se mantiene en unas 7,000 sentencias anuales.

La norma buscó reducir la duración de causas que, aunque legalmente deberían resolverse en 140 días, superan en promedio los 900 días. Esa demora equivale a más de dos años y medio, de acuerdo con un análisis de la CICIG citado durante la presentación.

El sistema permite una rebaja de 50% de la pena si la persona acepta los cargos durante la investigación, de 30% si lo hace en la etapa intermedia y de 20% una vez iniciado el debate oral, antes de que se reciban las pruebas. La decisión corresponde únicamente al sindicado y se formaliza ante un juez, sin una negociación con el Ministerio Público.

Ese diseño diferencia a Guatemala de otros países de la región y de Estados Unidos, donde el ente acusador interviene en los acuerdos. La ley excluye delitos como genocidio, homicidio, asesinato, violación, secuestro, robo agravado, extorsión y narcoactividad, además de los reincidentes por el mismo delito.

La violencia contra la mujer concentra 41% de las sentencias emitidas mediante este mecanismo. Le siguen la portación ilegal de armas, con 1.200 casos, y el lavado de dinero, con casi 400, mientras que más de 600 expedientes no consignaban el delito en las estadísticas disponibles.

Jutiapa, el departamento con mayor uso por habitante

El departamento de Guatemala acumula más de 4.000 sentencias por aceptación de cargos, el mayor volumen absoluto del país. Pero al medir la cantidad de casos por habitante, Jutiapa encabeza la aplicación de la norma con una tasa ocho veces superior a la de los departamentos de la región occidental, donde el mecanismo tiene un uso marginal.

Zacapa y Retalhuleu también registran una utilización frecuente. La concentración territorial se repite en las conmutas de pena, habilitadas cuando la condena reducida es inferior a cinco años.

En esos casos, el juez puede fijar un pago diario de entre cinco y cien quetzales para sustituir la prisión. La mitad de las conmutas se concentra en el departamento de Guatemala, mientras que la capital y la región oriental muestran las tasas más altas al ajustar los registros por población.

La reparación digna es una condición para acceder a la reducción de condena, pero los criterios para calcularla no son uniformes. El margen de decisión judicial es amplio y el mecanismo no contempla alternativas no monetarias para quienes no tienen capacidad económica.

En el caso de víctimas individuales, el Instituto de la Víctima calculó, a partir de casi 600 expedientes, una mediana de daño de 36.000 quetzales. La cifra sube a 40.000 quetzales en delitos contra el patrimonio y baja a 21.000 quetzales en hechos de violencia contra la mujer, aunque esos montos cuantifican el daño y no necesariamente lo que la víctima recibe.

Cuando el Estado es el agraviado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) representa sus intereses en causas patrimoniales, tributarias y de lavado de dinero. Los recursos recuperados variaron desde 28 millones de quetzales en 2021 hasta 73 millones de quetzales en 2023, antes de caer a 8 millones en 2024 y 1,6 millones en 2025.

Las recomendaciones incluyen un sistema estadístico interinstitucional para unificar los registros, un análisis específico de la concentración de casos de violencia contra la mujer, el fortalecimiento de la PGN y del Instituto de la Víctima, y un mayor control judicial sobre las recalificaciones de delitos.