
Guatemala enfrenta un Superniño cuyos efectos se extenderían hasta mayo de 2027, mientras el registro oficial confirmó la muerte de 32 niños por desnutrición aguda en lo que va del año. La presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso exigió respuestas anticipadas ante la sequía y la falta de alimentos en comunidades del corredor seco y de las periferias urbanas.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social contabilizaba, al 5 de septiembre, 194 sospechas de muertes vinculadas con desnutrición aguda. De ese total, 114 casos fueron descartados, 32 quedaron confirmados y 48 permanecían bajo investigación, según expuso ante los diputados el viceministro de Atención Primaria en Salud, Carlos Santa Cruz.
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La advertencia sobre el fenómeno climático surgió durante una sesión con funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. La titular de la comisión, Marleny Matías, pidió tomar medidas antes de que la emergencia se profundice: “Hay que poner las barbas en remojo”.
La legisladora transmitió la preocupación planteada y también sostuvo que las familias del corredor seco y de zonas urbanas periféricas “la están pasando muy mal” y que ya hay comunidades sin alimentos disponibles.

La desnutrición aguda y la presión sobre las familias rurales
En Baja Verapaz, las autoridades evaluaron a 3.490 niños menores de cinco años entre junio y agosto. Detectaron desnutrición aguda en 165 de ellos: 64 se recuperaron, dos casos fueron descartados y 99 continuaban activos.
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La presidenta de la comisión cuestionó si las raciones estatales alcanzan para hogares ampliados, donde también viven abuelos y otros familiares. Advirtió que, en comunidades alejadas de Baja Verapaz, el traslado hasta una cabecera municipal puede costar más que los productos que recibe cada familia.
Las canastas de los programas de Inseguridad Alimentaria y de Atención Primaria en Agricultura tienen la misma composición y cuestan entre 200 y 241 quetzales. Incluyen una botella de 800 mililitros de aceite vegetal, cinco libras de arroz, diez libras de frijol, 2,2 libras de hojuelas de avena, una libra de harina de maíz y soya fortificada, diez libras de azúcar y 25 libras de maíz o diez libras de harina de maíz.
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La ración de reserva estratégica cuesta 292 quetzales y contiene cinco libras de arroz, 15 libras de frijol y 50 libras de maíz. La alternativa destinada a niños con desnutrición aguda y familias bajo medidas cautelares asciende a 535 quetzales: aporta dos botellas de aceite, 20 libras de arroz, 30 libras de frijol, 6,6 libras de avena, 25 libras de harina de maíz, 5,5 libras de azúcar y siete libras de harina fortificada.
El Programa Mundial de Alimentos tiene comprometidas 445.847 raciones mediante los convenios vigentes para este ejercicio fiscal. Sin embargo, en septiembre entregaría 155.766 unidades, dentro de una programación mensual situada entre 150.000 y 200.000 raciones.
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La reserva estratégica cuenta con una existencia mínima de 50.000 raciones en bodega. De ellas, 23.360 deberán reponerse con entregas previstas para septiembre, según la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera.
Las solicitudes de ampliación presupuestaria para comprar más alimentos fortificados fueron presentadas en junio y julio, pero el Ministerio de Finanzas Públicas todavía no había respondido. La demora ocurre mientras los organismos estatales preparan la asistencia para las zonas afectadas por la sequía.
Más de 500 millones de quetzales menos para Agricultura
El presupuesto vigente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para 2026 sufrió un recorte de 400 millones de quetzales, de acuerdo con el artículo 119 de la ley correspondiente. La cartera perdió otros 61 millones con la aprobación del decreto de ampliación presupuestaria 3-2026 y 52 millones adicionales fueron destinados al subsidio de combustibles.
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La reducción acumulada supera los 500 millones de quetzales. La presidenta de la comisión planteó el contraste entre ese ajuste y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria frente a las consecuencias esperadas de El Niño.
El gobierno aprobó el Plan de Acción Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, presentado ante el gabinete y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La estrategia fue avalada por el presidente y se organiza en cinco ejes: recursos financieros, distribución escalonada de alimentos, previsión mediante contingentes de importación de maíz y frijol, coordinación multisectorial y acciones de largo plazo vinculadas con el agua.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres asumirá la compra y la coordinación de la distribución de una nueva ración mensual, una tarea que no estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Cada entrega tendrá 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y diez libras de arroz, y se mantendrá durante seis meses.
La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri, indicó que esa canasta cubriría el 73% de las necesidades nutricionales de una familia promedio de cinco integrantes. La distribución podría comenzar en octubre, aunque depende de que estén disponibles los recursos ya negociados con el Ministerio de Finanzas Públicas.
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La comisión pidió a la secretaria de Conred que presente los detalles completos del plan de respuesta el próximo viernes a las 10:00 en la sede legislativa del edificio 7 y 10, oficina 408, cuarto nivel.
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