Transportistas salvadoreños evalúan devolver permisos de línea ante la presión de los costos y una menor demanda

Los empresarios del transporte “han encontrado caminos para poder salirse del negocio”, con esa frase, el vocero de la Mesa Nacional del Transporte, Lucio Vásquez, resumió la situación que, según afirmó, enfrentan varios empresarios del transporte colectivo en El Salvador.

Algunos propietarios analizan devolver sus permisos de línea al Estado o dejar de sustituir las unidades que ya cumplieron su vida útil, ante el deterioro de la rentabilidad.

Por su parte, Luis Regalado, también representante de la gremial, señaló que el encarecimiento del combustible, los repuestos, las llantas y otros insumos ha presionado las finanzas del sector.

A esto sumaron las deudas adquiridas para renovar flotas, los atrasos en el pago de la compensación económica y una baja en el flujo de pasajeros.

Los empresarios aclararon que la decisión no consiste en operar bajo condiciones distintas, sino en desvincularse de la concesión otorgada por el Estado.

“Es entregar los permisos”, dijo Vásquez durante la entrevista matutina Frente a Frente, al referirse a los mecanismos que algunos transportistas estudian para abandonar la actividad.

Regalado explicó que circuló un documento que detalla cómo devolver el permiso de línea. Según indicó, la opción puede resultar más accesible para propietarios que no tienen deudas y aún cuentan con buses que pueden vender para recuperar parte de la inversión.

“Es salirse del negocio”, afirmó Regalado. El dirigente planteó que quien devuelva una concesión dejaría de operar la ruta, mientras el Estado tendría que definir el destino de ese permiso.

Casi mil unidades deben sustituirse durante 2026

Los representantes de la Mesa Nacional del Transporte presentaron datos sobre la reducción del parque vehicular vigente. Según expusieron 987 unidades deben ser sustituidas durante 2026, un escenario que podría agravar la disminución de buses si los propietarios no cuentan con recursos para comprar vehículos de reemplazo.

Vásquez señaló que el precio de las unidades importadas aumentó en los últimos años. De acuerdo con sus cálculos, un autobús usado con 10 años de vida útil, que antes costaba entre $15,000 ahora puede alcanzar valores de entre $30,000

La falta de crédito también figura entre las dificultades del sector. Regalado afirmó que los bancos exigen garantías hipotecarias y aplican tasas que pueden superar el 10%. Añadió que muchas rutas ya tienen comprometidos sus bienes debido a préstamos contratados para renovar unidades, en especial desde 2015.

Los dirigentes sostuvieron que varios empresarios han reducido gastos de mantenimiento para mantener los vehículos en circulación. Vásquez mencionó que algunos propietarios recurren a llantas usadas o suspenden servicios preventivos porque no disponen de efectivo suficiente.

Más de mil buses dejaron de operar desde 2022

La gremial indicó que el parque vehicular del transporte colectivo pasó de 10,530 unidades en 2022 a 9,476 una caída de 1,057 unidades. Para los empresarios, esa reducción refleja el retiro gradual de propietarios que no pueden renovar vehículos o sostener los costos de operación.

“Hay una disminución de unidades muy fuerte”, afirmó Vásquez. Regalado añadió que la menor disponibilidad de buses se traduce en intervalos más largos para los usuarios y en una mayor presencia de transporte no autorizado.