El Congreso de Guatemala avanza hacia una nueva ley de contrataciones del Estado

El Congreso de Guatemala se encamina a discutir una nueva ley de contrataciones del Estado que busca reemplazar por completo el régimen vigente antes de que el debate del presupuesto nacional absorba la agenda legislativa, con la meta de llevar el dictamen al pleno entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2026.

La propuesta, registrada como iniciativa 6688, ampliaría de cuatro a nueve las modalidades de compra pública y elevaría el techo de la contratación simplificada a 300.000 quetzales, con ajustes periódicos ligados a la inflación. También convertiría a Guatecompras en una plataforma transaccional con trazabilidad completa, en lugar del esquema actual de simple repositorio documental.

Según explicó el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, el proyecto no corrige la norma actual sino que la sustituye con una ley nueva, pensada para modernizar, digitalizar y agilizar las adquisiciones públicas desde su estructura. El legislador dijo en entrevista que ese dictamen es la prioridad de la comisión antes de septiembre.

La iniciativa 6688 reemplazaría una ley de 1992 con más de 14 reformas

La ley de contrataciones del Estado que rige hoy fue aprobada en 1992 y acumuló más de 14 reformas que, de acuerdo con Estrada, produjeron vacíos jurídicos y contradicciones operativas. El diseño original estaba orientado a infraestructura vial y compra de medicamentos, mientras el resto de adquisiciones públicas quedó sometido a un marco que el diputado describió como desactualizado: “Tiene cuarenta años que no tiene actualización”.

El trabajo técnico detrás del proyecto comenzó entre 2017 y 2019 en el Ministerio de Finanzas Públicas con la participación de cinco agencias de cooperación internacional y alrededor de 300 reuniones técnicas. El estándar adoptado fue el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la propuesta que ahora avanza en el Legislativo fue presentada por el Organismo Ejecutivo en noviembre de 2025 y leída en el pleno en mayo de ese mismo año.

Uno de los cambios de fondo que plantea la iniciativa es trasladar el eje de las contrataciones desde el formalismo jurídico hacia una lógica de gestión técnica. Estrada resumió ese giro con una crítica al sistema actual: “Aquí parece que es un tema de formalismo. Y con esos formalismos que se inventan y que se usan, lo que hacen es sacar la competencia”.

Ese cambio implicaría que las compras públicas dejen de girar principalmente alrededor de abogados y pasen a ser diseñadas y evaluadas con mayor peso de ingenieros y administradores. Según el diputado, la ley de contrataciones no debe funcionar como instrumento para combatir la corrupción, una tarea que atribuyó a la Contraloría General de Cuentas, la Comisión de Probidad, el Ministerio Público y la inteligencia fiscal, sino como una herramienta para hacer más ágil la administración y mejorar la calidad de las adquisiciones.

La subasta electrónica y los convenios marco cambiarían la forma de comprar del Estado

Entre las nueve modalidades previstas figuran la subasta electrónica inversa, el diálogo competitivo con proveedores y los convenios marco para compras frecuentes. La evaluación de ofertas dejaría de basarse solo en el precio más bajo e incorporaría criterios de calidad y capacidad técnica.

La iniciativa también modifica uno de los puntos más cuestionados del esquema actual: la compra directa. Ese mecanismo sería sustituido por una subasta abreviada electrónica de dos días, en un intento por cerrar espacios al fraccionamiento de adquisiciones que permite eludir controles más exigentes.

Sobre ese problema, Estrada fue explícito: “Los montos, se los volaron hace rato”. Con esa frase aludió a la práctica de dividir compras para mantenerlas por debajo de los umbrales que obligan a procesos más rigurosos.

El proyecto además incorpora contratos llave en mano para la construcción de carreteras, una modalidad que no existe en la legislación vigente, y abre espacio para contrataciones especializadas que hoy no tienen encaje legal. Su aplicación abarcaría no solo al Gobierno central, sino también a municipalidades, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a todas las entidades que administren recursos públicos.

En paralelo, la Comisión de Finanzas trabaja en otras dos iniciativas. Una es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, concebido como un mecanismo de largo plazo para amortiguar alzas y bajas en los precios y evitar que futuras crisis encuentren al país sin herramientas de respaldo.

La otra es la ley de urgencia de transmisión eléctrica, que busca habilitar una vía más ágil para obtener servidumbres, permisos y autorizaciones vinculadas con infraestructura eléctrica. Estrada indicó que esa propuesta ya alcanzó la tercera lectura y podría pasar al pleno en los próximos días.