
El Ministerio de Salud de Guatemala presentó este miércoles una nueva denuncia por el caso Remdesivir, el antiviral usado en pacientes graves de COVID-19, con el argumento de que existió una estructura que vinculó a funcionarios y proveedores para acelerar registros sanitarios, restringir la competencia y provocar compras excesivas y sobrevaloradas cuyo impacto todavía persiste en hospitales con miles de viales almacenados.
Según el Ministerio de Salud, desde julio de 2024 la cartera ha presentado más de 100 denuncias penales por corrupción. El director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, afirmó que el Ejecutivo suma 445 casos documentados y que 111 provienen del Ministerio de Salud.
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El ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya, dijo en conferencia de prensa que esta investigación forma parte de la estrategia del Gobierno de Guatemala para detectar y denunciar corrupción dentro del sistema sanitario.
Barnoya sostuvo que el viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud tiene un papel central porque supervisa la calidad y los registros de medicamentos que se usan en el sistema público, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el sector privado.
La investigación fue expuesta por Mynor Melgar, de la Unidad de Asuntos Internos del ministerio. Según Melgar, el hallazgo inicial apareció en abril, cuando la unidad detectó un sobreabastecimiento de remdesivir por “una buena cantidad de millones de quetzales” en varios hospitales del país, pese a que el medicamento había sido utilizado durante la pandemia y ya no había justificación técnica para mantener esos volúmenes.
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El ministerio sostiene que el registro del remdesivir se aceleró con base en una premisa falsa
De acuerdo con Melgar, la Organización Panamericana de la Salud emitió el 9 de marzo de 2020 un listado de medicamentos esenciales para el manejo preventivo o de urgencia en sospechas de COVID-19, pero el remdesivir no fue incluido ni entonces ni después como medicamento esencial. Señaló que el fármaco sí fue mencionado como producto bajo investigación, aunque nunca recibió esa categoría en pronunciamientos de la OPS.
Según Melgar, el 1 de mayo de 2020 el remdesivir original obtuvo autorización de la FDA de Estados Unidos, lo que disparó su comercialización internacional. Añadió que el 12 de mayo la empresa titular autorizó la fabricación de genéricos en países como India y Pakistán, y que Guatemala estaba entre los países habilitados para adquirir esas versiones.
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Melgar indicó que el Ministerio de Salud emitió el acuerdo 172-2020 el 3 de julio de 2020 y lo publicó el 6 de julio, con el fin de flexibilizar trámites para homologar medicamentos extranjeros durante la emergencia. Según la averiguación administrativa, al día siguiente ingresó la primera solicitud de inscripción de un producto de remdesivir y el expediente se aprobó en siete días.
La denuncia incorpora compras por más de 143 millones de quetzales y alerta por producto falso
Según Melgar, el producto Desrem vendió al Estado Q69,8 millones durante el período en que tuvo exclusividad práctica en el mercado. En 2021, añadió, Labotica distribuyó otro producto llamado Remdact y vendió Q77.778.000, mientras Avid Farmacéutica todavía colocó otros Q24 millones.
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La suma de ambos proveedores en 2020 y 2021 ascendió a Q143 millones, de acuerdo con la exposición del Ministerio de Salud. Melgar sostuvo que esas ventas se realizaron “virtualmente casi sin competencia” y que los genéricos se comercializaron en Guatemala a precios cercanos al original, pese a que en el mercado internacional el producto oscilaba entre USD 15 y USD 40.
Melgar afirmó que una de las líneas de investigación apunta a que una parte relevante del producto vendido en Guatemala pudo ser falsa. Señaló que el problema no es solo económico, sino sanitario, porque el consumo de medicamentos falsificados no garantiza calidad ni inocuidad.
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Barnoya afirmó que hoy el remdesivir es la segunda terapia de elección para COVID-19 y solo se usa en pacientes hospitalizados muy específicos. Según el ministro, entre enero y junio Guatemala registró 450 casos de COVID-19, ninguno requirió cuidados intensivos y ninguno necesitó ritonavir con paxlovid, que identificó como tratamiento de primera elección.
La nueva denuncia, según Melgar, agrega elementos que no estaban en expedientes anteriores: el sobreabastecimiento, los montos millonarios, los nombramientos estratégicos de funcionarios días antes de las autorizaciones y la posible conexión económica entre los involucrados. También indicó que la Procuraduría General de la Nación ya conoce la información y que el ministerio buscará apersonarse en el proceso una vez se asigne la fiscalía.
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