Diputados guatemaltecos analizan transferencias de fondos y ajustes para garantizar operatividad del Tribunal Supremo Electoral

Diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de Guatemala, acordaron avanzar con una iniciativa de ley destinada a asegurar que el Tribunal Supremo Electoral disponga de los fondos requeridos para organizar las elecciones generales de 2027, en respuesta a transferencias demoradas y recortes que han comprometido las operaciones del organismo.

La propuesta legislativa, que sería presentada el martes 12 de mayo, apunta a resolver los ajustes presupuestarios pendientes y garantizar la continuidad del proceso electoral, según el presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada.

La falta de entrega de una cuota de 200 millones de quetzales, correspondiente a un fondo extraordinario de 500 millones aprobado previamente, constituye el mayor obstáculo inmediato identificado por los magistrados electorales.

En su comparecencia ante la Comisión, Kelvin Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, explicó que este monto resulta indispensable para ejecutar el empadronamiento y las compras necesarias de cara a los comicios.

El tribunal también solicitó que, como en años anteriores, se le autorice la utilización del mecanismo de excepción previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, un recurso que permitiría agilizar la adquisición de insumos durante el periodo preelectoral. La magistrada Karin Romero formalizó esta petición con la entrega de una solicitud específica a la Comisión.

La urgencia de la medida se refuerza porque, si la moción no se aprueba el martes, el punto podría postergarse hasta agosto, lo que introduciría una incertidumbre significativa sobre el calendario electoral, advirtió Estrada.

Adicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral solicitó que se le permita aplicar en 2027 los saldos de caja no utilizados en 2026, continuando con la preparación de los comicios sin interrupciones burocráticas.

Magistrados reclaman restitución de 122 millones de quetzales y explican situación patrimonial

Durante su exposición, los magistrados pidieron además la restitución de 122 millones de quetzales recortados previamente del presupuesto ordinario del organismo.

Argumentaron que los presuntos saldos disponibles en las cuentas de la institución están en realidad ya comprometidos de manera legal o sujetos a litigios judiciales.

Mencionaron como ejemplo el caso de los pagos pendientes a la empresa DataSys Guatemala, bajo revisión judicial. Otro destino previsto para los fondos es la planificada compra de un edificio para el Tribunal Supremo Electoral.

El magistrado Alex Velázquez subrayó la precariedad de la situación financiera e indicó que el remanente existente únicamente alcanza para atender pasivos, obligaciones previas y la financiación pública de los partidos.

Señaló: “El remanente disponible solo alcanza para cubrir pasivos, obligaciones previas y financiamiento público para partidos, por lo que una ampliación presupuestaria resulta indispensable”.

Por su parte, Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, expuso ante la Comisión que el recorte se originó en los bajos índices de ejecución reportados el año anterior.

Aunque confirmó que los 500 millones extraordinarios están incluidos en el presupuesto, puntualizó que la entrega efectiva depende de la normativa legal y de la liquidez operativa del Estado guatemalteco.

El Congreso evalúa traslado de fondos y nuevo ajuste para el TSE

Ante la evidencia de que los recortes dificultan la organización de las próximas elecciones, los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda analizaron diversas alternativas.

Una de las opciones más consideradas sería trasladar hasta 100 millones de quetzales provenientes de ministerios con baja ejecución, como el Ministerio de Comunicaciones, cuya capacidad de gasto fue mínima en el último periodo evaluado, según la discusión registrada a través de los canales oficiales del Congreso de la República.

Álvaro Arzú diputado de la bancada Unionista advirtió que, cualquier incremento del techo presupuestario general podría enfrentar resistencia en el pleno, generando así nuevos aplazamientos y riesgos para el proceso electoral.

El procedimiento establecido requiere de la validación técnica del Ministerio de Finanzas Públicas antes de elevar el proyecto a consideración de la totalidad de diputados. Según Estrada, la falta de acuerdo inmediato prolongaría la incertidumbre y afectaría inevitablemente la organización de las elecciones de 2027.

El respaldo político permanece abierto a la adhesión de los diferentes bloques parlamentarios, mientras magistrados y diputados coinciden en la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del TSE y evitar que nuevos retrasos pongan en riesgo el calendario electoral.