El mandatario guatemalteco confirma que divulgará criterios para elegir al fiscal tras recibir la nómina

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que que no revelará el método de selección que empleará hasta que la nómina esté en su poder, en consonancia con su compromiso de que el Ministerio Público “sea una institución seria” y no un instrumento para la impunidad.

La decisión de la metodología será después de recibir la lista definitiva de seis aspirantes a fiscal general, elaborada por la Comisión de postulación.

El mandatario manifestó que la decisión sobre el nombramiento se realizará después de analizar el listado enviado por la Comisión, y argumentó que es fundamental contar con una Fiscalía que “defienda los intereses de Guatemala y persiga a los delincuentes, en lugar de proteger a los corruptos”.

Arévalo mencionó que algunos postulantes han presentado acciones legales para impugnar decisiones de la Comisión, razón por la cual la fase de revisión continúa en curso.

Durante un encuentro con periodistas, el presidente indicó que cualquier información pública sobre la nómina será emitida solamente una vez que reciba el documento final. Por ahora, no detalló si las entrevistas a los candidatos serán abiertas a la prensa.

Arévalo recalcó que las decisiones estarán guiadas únicamente por criterios de justicia y transparencia en el proceso de renovación del sistema judicial.

La comisión de postulación enfrenta impugnaciones por proceso de selección de fiscal general

El proceso de selección para fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala para el período 2026-2030 ha sido objeto de impugnaciones formales por parte de varios aspirantes excluidos. Tanto Marco Villeda, ministro de gobernación, como Ronalth Iván Ochaeta han presentado recursos dirigidos a la Comisión de Postulación, cuestionando los criterios utilizados para evaluar la experiencia profesional, lo que, según los reclamantes, afecta la transparencia y legalidad del proceso.

Según lo informó la organización Guatemala Visible, los aspirantes alegan que el método actual los dejó fuera de la siguiente etapa, que requiere un mínimo de 75 puntos para avanzar.

Villeda, en su tercera postulación al cargo desde 2010, detalló que la Comisión incorporó como parámetro la fecha de inscripción en el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia, un requisito que, según sus palabras, históricamente no se ha solicitado para quienes han hecho carrera judicial o fiscal.

El ministro indicó que la Constitución exige que para ser fiscal general hay que ser abogado y colegiado activo. Sin embargo, en este proceso, la Comisión ha tomado en cuenta la fecha de inscripción en el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia.

Añadió también que este requisito para inscribirse en el registro es para ejercer la abogacía en el ámbito privado y el notariado. Afirmó que los jueces tienen prohibición de litigar y ejercer el notariado, razón por la cual esta condición no es necesaria.

Villeda recordó que, en procesos anteriores, como en 2010 y 2014, se concluyó que su condición de juez de carrera hacía innecesario ese requisito adicional.

Al relatar el efecto directo de esta decisión, Villeda mencionó que, de cincuenta posibles puntos, recibió cero y quedó con una nota de 41, lo que lo dejó fuera de la competencia: “Con esos cincuenta puntos hubiese podido llegar casi a noventa y dos puntos”. El ministro presentó en la sede de la Comisión de Postulación un escrito para solicitar claridad sobre los criterios de evaluación y la revisión de su puntuación.

Otras impugnaciones por el sistema de evaluación excluyente

Ronalth Iván Ochaeta, otro de los candidatos, presentó un recurso de amparo el lunes 20 de abril ante el órgano jurisdiccional correspondiente luego de recibir una calificación de 50.2 sobre 100 puntos, lo que lo excluyó de la siguiente fase del proceso al no alcanzar el mínimo requerido.

Ochaeta manifestó su desacuerdo con la puntuación, señalando que los criterios adoptados por la Comisión “no reflejan de manera objetiva su trayectoria profesional y méritos académicos”, según reporta Guatemala Visible.

La acción de Ochaeta se sumó a la de otros aspirantes que han impugnado formalmente el procedimiento, argumentando que la evaluación “carece de fundamentos claros” y solicitando que se revise el método de calificación.

El recurso presentado solicita “que se ordene a la comisión postuladora reconsiderar la calificación otorgada o, en su defecto, que se garantice la transparencia y legalidad del proceso de selección”.