El combate al contrabando permitió la incautación de mercaderías irregulares valuadas en 17.1 millones de quetzales durante enero y febrero de 2026, impulsado por las acciones coordinadas de varias instituciones estatales de Guatemala, según informó el Ministerio de Gobernación.
Esta estrategia multisectorial busca sancionar a los responsables y desalentar los delitos relacionados con el comercio ilícito, protegiendo tanto la economía como la salud y la seguridad de la población.
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La División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront), adscrita al Ministerio de Gobernación, implementó 384 operaciones en puntos clave del territorio guatemalteco entre enero y febrero de 2026.
Durante este tiempo, se reportaron 230 detecciones en los puestos de control interinstitucional (PCI), ubicados en las principales rutas comerciales, según el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon).
La última sección del informe destaca que las mercaderías decomisadas alcanzaron un valor de 17.1 millones de quetzales, según Coincon, evidenciando una reducción directa en la circulación de productos ilícitos que afectan a la economía local.
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Las operaciones incluyeron 62 intervenciones en carreteras, 14 allanamientos en puntos específicos, 2 intervenciones en aduanas y 5 detecciones adicionales efectuadas por equipos del Ministerio de Gobernación. Además, se registraron 37 controles adicionales en aduanas y 34 registros enfocados en la defensa de la propiedad intelectual, ampliando la cobertura preventiva y represiva de la estrategia implementada.
Presentación de denuncias y fortalecimiento legal
Las instituciones participantes formularon 137 denuncias como resultado de estos procedimientos. El registro detallado indica que 119 denuncias fueron remitidas al Ministerio Público y 18 a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que refuerza el marco legal contra el contrabando, según cifras del Ministerio de Gobernación.
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El programa logra desarticular redes ilegales y establece antecedentes para desalentar la entrada y distribución de productos que incumplen las normas fiscales, sanitarias o de calidad. El Ministerio de Gobernación aclaró que la coordinación incorpora la colaboración de la SAT, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el involucramiento adicional de representantes del sector privado.
La respuesta estatal favorece condiciones más seguras para los consumidores, ya que limita la entrada de productos sin controles sanitarios adecuados, reiteró el Ministerio de Gobernación.
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Economía y salud bajo resguardo ante el avance del comercio ilícito
La articulación institucional en la prevención y persecución del contrabando tiene impacto más allá de lo económico. El Ministerio de Gobernación señaló que se busca también proteger la salud y el bienestar de los habitantes, impidiendo el ingreso de productos peligrosos o sin garantía de calidad.
Las autoridades enfatizaron la determinación de extender y profundizar los operativos en todo el país, con el compromiso de avanzar en la lucha contra el comercio ilícito y consolidar la seguridad para los consumidores de Guatemala, detalló el Ministerio de Gobernación, en información recopilada por la Agencia Guatemalteca de Noticias.
Operativos Coincon
La Intendencia de Aduana de la SAT, diseña un plan para trabajar en coordinación con otras instituciones como Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que integran el Coincon.
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Se presenta el Plan General de Operaciones del Coincon, el cual desarrolla las acciones interinstitucionales para la prevención y combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero.
Derivado de ello, se ejecutan las diferentes acciones descritas dando como resultado los decomisos de mercadería, incluso investigaciones penales por parte del Ministerio Público, según el caso.
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