En un lapso de apenas quince días, Guatemala realizó 836 allanamientos y desplegó casi 8.600 operativos policiales en el marco del estado de prevención, logrando desmantelar parcialmente redes delictivas y sistemas de vigilancia ilegal.
Las autoridades, lideradas por el ministro de gobernación Marco Villeda, atribuyen a estas acciones una reducción del 25% en homicidios y del 33% en denuncias de extorsión si se compara el mismo periodo de 2025, según la información presentada por el ministro en conferencia de prensa.
Durante el estado de prevención, las fuerzas de seguridad decomisaron más de ochocientas armas, teléfonos celulares y productos asociados a actividades de narcomenudeo. Según datos del ministerio de gobernación, fueron incautadas veintidós armas de fuego, 610 cartuchos, 43 tolvas, 892 teléfonos celulares y 340 chips en las inspecciones de las cárceles.
Además, se confiscaron 135 cables USB, 62 cargadores de móvil, 35 routers Wi-Fi, 122 envoltorios de cocaína y 2.000 recipientes plásticos empleados para la venta de drogas en pequeña escala. Entre los productos no vinculados directamente al narcotráfico figuran 91 botellas de licor y 222 latas de cerveza.
El impacto de la ofensiva policial se tradujo en la captura de 4.120 personas, de las cuales 2.934 fueron aprehendidas en flagrancia y 113 identificadas como extorsionistas.
Además, los operativos permitieron la inhabilitación de 24 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en barrios bajo control de pandillas, la incautación de 918 vehículos —incluidos 60 robados— y 3.245 motocicletas, de las cuales 141 tenían reporte de robo. En total, 975 teléfonos asociados a actividades delictivas quedaron fuera de circulación.
El operativo carcelario se estructuró en rondas de inspección por módulos, proceso que aún continúa en cárceles principales como Pavón —con veinticinco módulos, de los cuales solo diecisiete han sido revisados—, Cantel y Canadá. Esta modalidad responde a la imposibilidad de verificar completamente un recinto penitenciario en una sola jornada, explicó Villeda al medio en conferencia de prensa.
Entre el 17 de febrero y el 18 de marzo, Ciudad de Guatemala se ubicó a la cabeza de los operativos con 284 allanamientos, seguida de Quetzaltenango y Santa Rosa con 60 cada una, y Escuintla con 47. El informe oficial confirmó la continuidad de intervenciones en Petén y destacó el alcance nacional de la ofensiva.
La depuración interna busca frenar la filtración de objetos ilícitos en cárceles
La estrategia en centros penitenciarios incluye la renovación del cuerpo de guardia penitenciaria, tras la admisión pública de infiltraciones de “malos elementos” en la seguridad interna. Villeda confirmó la apertura de una convocatoria para integrar nuevos agentes, quienes deberán someterse a controles de confiabilidad, procesos de reclutamiento y entrenamiento con el propósito de restaurar la jerarquía institucional y cortar la histórica connivencia que facilitaba el ingreso de objetos prohibidos.
En datos concretos, las denuncias de extorsión presentadas en el periodo evaluado fueron 4.018, frente a las 5.977 reportadas el año anterior, lo que representa una reducción absoluta de 1.959 casos y un descenso porcentual del 33%, según el ministro de gobernación Marco Villeda. En homicidios, la caída registrada fue de 172 casos, equivalente al 25% menos de asesinatos.
Las medidas de control territorial, las inspecciones en centros penitenciarios y la depuración interna articulan una política que, de acuerdo con los datos citados por el ministro, se traduce en la mayor caída de homicidios y extorsiones reportada por Guatemala desde la instauración del estado de prevención.
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