El Congreso de la República de Guatemala tomó juramento este martes a los cinco nuevos magistrados titulares y cuatro suplentes del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032.
La designación de Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta como titulares, y de Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz y Sergio Amadeo Pineda Castañeda como suplentes, contó con una aprobación de entre 153 y 155 votos, según la información difundida tras la sesión legislativa.
El proceso de selección requirió de negociaciones prolongadas, motivo por el que la sesión plenaria se suspendió durante cerca de cuatro horas para permitir el diálogo entre las distintas bancadas. La votación inició a las 19:10, tras retomarse el pleno, y cada candidatura fue sometida al escrutinio de los 155 diputados presentes durante un tiempo máximo de un minuto y medio por aspirante.
Los magistrados electos habían sido definidos la semana anterior, pero su juramentación se realizó en esta jornada legislativa, que fue convocada en un contexto de anticipación y expectativas.
Periodistas de diferentes medios de comunicación, buscaron obtener declaraciones de los y las magistradas, después de haber sido juramentados.
Sin embargo, estos optaron por indicar que brindaran declaraciones después de tomar posesión del cargo en el Tribunal Supremo Electoral, el próximo viernes, considerando que aun no han realizado el proceso de transición con los actuales magistrados del Órgano Electoral.
La designación unánime de magistrados abre retos para la transparencia electoral en Guatemala
La designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral representa un punto de inflexión en la institucionalidad democrática de Guatemala: la legitimidad de la máxima autoridad electoral y su potencial para definir los marcos normativos que regirán las elecciones generales de 2027 y 2031 constituyen desafíos inmediatos, en un contexto que demanda tanto la restauración de la confianza ciudadana como la optimización de los mecanismos internos, según análisis de ASIES.
La urgencia de establecer reglas claras sobre e financiamiento, los procedimientos y la transmisión de resultados plantea una agenda que exigirá eficiencia y transparencia desde los primeros meses de gestión.
La composición del tribunal refleja negociaciones intensas que, por primera vez en distintos ciclos, permitieron que el Congreso de la República alcanzara un acuerdo unánime para la elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Allan Rodríguez, diputado de la bancada Vamos y presidente del proceso anterior, subrayó al medio citado la excepcionalidad del resultado: “Las felicitaciones a todas las bancadas que pudimos ponernos de acuerdo. Fue por consenso”. Rodríguez puntualizó la relevancia de los respaldos al sostener que “pesa más un candidato que tiene cinco votos o treinta votos de respaldo que uno que tiene menos votos”. Esta dinámica de votación remarca el peso de la negociación política sobre la valoración exclusiva de méritos profesionales.
La reciente elección ha revitalizado el debate sobre los mecanismos de selección. Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES),advirtió que “la nueva nómina pone en evidencia cómo funciona el sistema de las comisiones”, lo que dificulta garantizar la objetividad en el proceso.
Para Hurtado, la prevalencia de los acuerdos entre partidos limita la transparencia y compromete la percepción de imparcialidad del tribunal. No obstante, el funcionario reconoce que existe una oportunidad para subsanar estos vacíos: “En ocho meses deben convocar a elecciones y hay mucha tarea, como definir criterios y dejar plasmadas las reglas sobre cómo se va a regular la campaña”.
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