El Ministerio de Finanzas Públicas establece 18 nuevas medidas obligatorias para entidades estatales guatemaltecas

Para mejorar la gestión institucional y asegurar el uso responsable de los recursos estatales, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) de Guatemala implementó 18 nuevas medidas de aplicación obligatoria, dirigidas a todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo, así como a los entes descentralizados y autónomos. Estas disposiciones, comunicadas mediante el Oficio Circular Número 002-2026, buscan optimizar la administración del gasto público durante el ejercicio fiscal 2026 y se analizarán bajo la supervisión directa de la Contraloría General de Cuentas.

El documento fue publicado en el Diario de Centroamérica y deja sin efecto el oficio anterior, emitido el 30 de enero de 2026. Entre las principales modificaciones destaca el mandato de que todos los organismos programen y ejecuten sus recursos propios y los saldos de caja de ejercicios fiscales pasados de manera eficiente, con la finalidad de ampliar la cobertura de bienes y servicios públicos durante el próximo año fiscal.

El monto de dietas y remodelaciones queda restringido por austeridad

Las nuevas reglas instruyen de modo categórico que las entidades deben abstenerse de aumentar los montos de dietas y gastos de representación, salvo autorización expresa de la máxima autoridad del Organismo Ejecutivo y solo si existe dictamen presupuestario que acredite la disponibilidad de fondos. También queda prohibida la remodelación de bienes inmuebles arrendados, y la compra de vehículos institucionales estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la prioridad de las funciones institucionales para no afectar la prestación de servicios a la población.

Se establecen asimismo controles para las instituciones que perciben ingresos propios: deberán registrar esos recursos en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) en cuanto los reciban, garantizando su disponibilidad efectiva cuando soliciten cuotas financieras. Para las entidades descentralizadas y autónomas que reciben aportes del Gobierno Central, se exige administrar el presupuesto con prudencia, transparencia y eficiencia. Según el texto de Minfin, se deben aplicar medidas de racionalización y priorización del gasto, enfocándose en programas sustantivos y compromisos institucionales.

Foco en las nuevas contrataciones y reestructuración administrativa

Sobre recursos humanos, las instrucciones determinan que se debe dar prioridad al uso o reasignación de plazas vacantes existentes antes de considerar nuevas contrataciones en el personal permanente. Se restringe la creación de plazas bajo el renglón 021 (personal supernumerario), admitiéndolas solo cuando haya justificación explícita por parte de las autoridades nominadoras.

De igual forma, las contrataciones de servicios técnicos o profesionales especializados bajo el renglón 029 solo podrán realizarse para atender prioridades institucionales, sin que esto implique incrementos en los honorarios previamente establecidos para este tipo de contratos.

Supervisión reforzada para evitar desvíos y garantizar transparencia

La Contraloría General de Cuentas supervisará el cumplimiento de estas disposiciones. El objetivo es garantizar una gestión pública responsable, eficiente y transparente durante el ejercicio fiscal 2026.

El conjunto de medidas se enmarca en una revisión integral de la política de gasto con la meta de que la optimización del recurso público se refleje en beneficios tangibles para la población, como la ampliación de la cobertura de bienes y servicios públicos y la focalización del gasto en prioridades reales de cada institución. Las medidas pretenden reducir gastos administrativos y reorientar recursos hacia compromisos institucionales fundamentales y el fortalecimiento de los programas esenciales del Estado.

Entre otras directrices destacadas, las instituciones públicas deberán abstenerse de adquirir seguros médicos o servicios de medicina prepago para empleados y funcionarios, salvo los incluidos en pactos colectivos. Además, la restricción se extiende a los gastos asociados al subgrupo 13 —viáticos, gastos conexos, transporte de personas y gastos de festejos—, los cuales solo serán permitidos si resultan ineludibles y debidamente justificados.

Las instituciones tendrán que programar y ejecutar de forma eficiente sus recursos propios, incluyendo los saldos de caja acumulados, con el propósito de ampliar y mejorar la cobertura de bienes y servicios públicos. Se establece también que la compra de vehículos dependerá de la disponibilidad presupuestaria y las prioridades institucionales, prohibiéndose salvo en los casos de ambulancias, patrullas y vehículos de emergencia.