
La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral representa un logro excepcional de consenso entre distintas fuerzas políticas en el Congreso de la República.
Esta inédita armonía no solo facilitó la designación de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes, sino que allana el camino para abordar desafíos críticos en la organización de los comicios generales de 2027 y 2031, una tarea compleja que requiere restaurar la confianza pública y optimizar los procedimientos institucionales, según análisis recogidos.
Entre las prioridades inmediatas se destaca la necesidad de definir criterios claros y regulaciones transparentes para el financiamiento electoral, el acceso igualitario a los medios y la transmisión fiable de los datos provenientes de las juntas receptoras de votos.
Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), subrayó “los nuevos magistrados tienen inmensa tarea y responsabilidad. En ocho meses deben convocar a elecciones y hay mucha tarea, como definir criterios y dejar plasmadas las reglas sobre cómo se va a regular la campaña”.
La composición final del tribunal refleja acuerdos forjados tras intensas discusiones partidarias. Allan Rodríguez, diputado de la bancada Vamos, recalcó la importancia de haber alcanzado este entendimiento: “Las felicitaciones a todas las bancadas que pudimos ponernos de acuerdo. Rodríguez, quien presidió el proceso anterior, enfatizó que “fue por consenso” y reconoció que “por supuesto que pesa más un candidato que tiene cinco votos o treinta votos de respaldo que uno que tiene menos votos”.

La nueva integración del Tribunal Supremo Electoral enfrenta retos de legitimidad y operatividad
La selección de postulantes ha reavivado el debate sobre los mecanismos internos, como el sistema de comisiones encargadas de evaluar méritos y antecedentes. Hurtado señaló que la nueva nómina “pone en evidencia cómo funciona el sistema de las comisiones”, advirtiendo sobre la dificultad de garantizar objetividad en el proceso y la preeminencia de acuerdos políticos sobre los méritos profesionales.
En este contexto, Carlos Chic, diputado de la bancada Vos, defendió la responsabilidad de la votación final: “El Congreso de la República finalmente hizo una elección bastante responsable, privilegiando los perfiles, privilegiando el compromiso de estos funcionarios con la democracia, la transparencia... este Tribunal Supremo Electoral deberá organizar dos eventos electorales, el del 2027 y el 2031”.
Chic identificó como objetivos fundamentales para los magistrados el fortalecimiento institucional, la garantía de transparencia y la necesaria recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Los nuevos integrantes inician su gestión en un escenario marcado por la alta judicialización de procesos recientes. Hurtado recordó el papel que tuvieron “imprecisiones en la parte de gestión y organización que dieron lugar a los problemas [en 2023]”, y señaló la obligación de corregir y mejorar los vacíos normativos e institucionales que propiciaron esos conflictos.
Cooperación internacional y experiencia interna apuntalan la transición
El papel de la cooperación internacional y de organizaciones expertas, como ASIES, podría ser determinante en el acompañamiento técnico y logístico, así como en la vigilancia de la integridad y legitimidad de los procesos electorales futuros.

Hurtado expresó que “organizaciones como la nuestra y otras están dispuestos en apoyar, igual que la cooperación internacional. Intención de apoyar proceso de 2027, integridad y legitimidad del mismo”.
En cuanto a la experiencia interna, entre los magistrados electos destaca German Velásquez Pérez, quien ya se desempeñaba como secretario del Tribunal Supremo Electoral, aportando conocimiento directo del funcionamiento operativo. Hurtado enfatizó que esta continuidad “fortalece” al organismo.
Finalmente, Hurtado sugirió la revisión de los reglamentos vigentes para incorporar buenas prácticas y actualizar normativas validadas por todos los actores del proceso electoral. Planteó la necesidad de decidir desde ahora los medios y métodos para la transmisión preliminar de datos, a fin de garantizar seguridad y confianza en los resultados.
La legitimidad y el desempeño del nuevo Tribunal Supremo Electoral dependerán de su capacidad para superar los desafíos heredados y consolidar reformas que mejoren la transparencia, la gestión y la participación ciudadana en los próximos procesos electorales.
El nuevo reglamento establece digitalización inmediata y limita la anulación de actas de escrutinio
Durante la sesión de trabajo de la comisión de asuntos electorales del Congreso, se destacó la incorporación de la figura del testado y el entrelineado en las actas, un procedimiento que había generado controversia en las elecciones de 2023 cuando se argumentó que estas prácticas podían anular los resultados.
Ahora, con la reforma, queda explícito que ninguna junta receptora de votos puede declarar la nulidad de un acta por error u omisión al llenarlas; solo mediante la impugnación formal de fiscales de los partidos y la valoración de la Junta Electoral Departamental se podrá decidir la nulidad, puntualizó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, según se expuso en el encuentro recogido por la comisión.

En materia de resultados, se establece que las actas podrán ser escaneadas y transmitidas desde el lugar de su elaboración, lo que facilitará la divulgación de resultados preliminares en el sitio web del TSE. Este mecanismo, según Aguilera Bolaños, responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y replicar modelos implementados en otros países, asegurando una transición desde los métodos manuales hacia procedimientos más modernos y verificables.
No obstante, enfatizó que “en Guatemala lo que vale es el papel”, de manera que la digitalización oficiará como un recurso complementario a la documentación física que permanece como respaldo central.
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