La designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala ha colocado bajo escrutinio internacional al Congreso guatemalteco, que enfrenta presiones para que, en marzo, seleccione perfiles “idóneos” que impidan el avance del crimen organizado en las estructuras electorales del país, una vigilancia subrayada por la Unión Europea. La agencia de noticias española EFE informó que el organismo urgió a una elección transparente después de que la etapa previa del proceso fuera cuestionada por su falta de publicidad y señales de opacidad.
En un hecho sin precedentes recientes, la alerta internacional se intensificó al conocerse que, en la lista de 20 candidatos (24 aspirantes) entregada el martes anterior por la comisión de postulación al Congreso, al menos seis abogados han enfrentado señalamientos por corrupción, incluyendo a Lesther Castellanos, quien fue objeto de sanciones en 2023 por parte de Estados Unidos como “actor corrupto y antidemocrático”.
Esto derivó en el retiro de su visa y en la prohibición de ingreso a territorio estadounidense. La presencia de perfiles bajo sospecha ha llevado a voces diplomáticas y expertas a advertir sobre el riesgo de infiltrar intereses criminales en la autoridad electoral responsable de organizar los comicios de 2027, en los cuales se definirán presidente, Congreso y alcaldías para el periodo 2028-2032.
La ausencia de deliberaciones públicas debilita la transparencia según la Unión Europea
La Unión Europea expresó, por medio de su misión diplomática en Guatemala, que el procedimiento ejecutado por la comisión de postulación careció de “entrevistas públicas” a los aspirantes, lo que “debilitó el proceso” e incidió negativamente en su “transparencia”. No obstante, el bloque europeo animó al Congreso local a elegir magistrados “idóneos” y aptos para reducir los espacios al crimen organizado en el Tribunal Supremo Electoral.
La citada comisión, cuyo presidente es Walter Mazariegos —rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la mayor universidad pública guatemalteca, y señalado por Estados Unidos con medidas por casos de corrupción desde 2022 tras una elección considerada irregular—, entregó el listado definitivo luego de un procedimiento ampliamente cuestionado tanto por la comunidad internacional como por organizaciones y especialistas guatemaltecos. La integración de la comisión incluyó a Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, universidad privada de Guatemala, quien representa a los rectores universitarios privados y cuyo historial como pastor religioso podría contravenir los requisitos para formar parte de dicha instancia.
Preocupación de Estados Unidos por el posible acceso de organizaciones criminales
La tensión diplomática se profundizó cuando John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, criticó públicamente la labor de la comisión de postulación y su lista. Según lo citado por EFE, afirmó: “Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”. La voz del representante estadounidense se suma al llamado de la Unión Europea sobre el riesgo de facilitar la infiltración de actores ilegales en el máximo órgano electoral.
A estos pronunciamientos se sumó la presencia en Guatemala de una misión de diputados del Parlamento Europeo, que viajó al país durante la semana para observar directamente el desarrollo del procedimiento de elección, considerado clave para la futura lucha contra la corrupción en la nación centroamericana.
Las dudas sobre la idoneidad de los integrantes seleccionados, sumadas a los antecedentes de quienes conforman la comisión de postulación, han amplificado la presión sobre el Congreso de Guatemala, que tiene en sus manos la responsabilidad de definir la conformación del Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032 bajo una vigilancia internacional sin precedentes recientes.
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