Los ministros de la Defensa Nacional, Henry Sáenz y de Gobernación Marco Villeda consolidaron este martes una alianza estratégica con la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en el país.
Dentro de los compromisos asumidos, ambas instituciones acordaron impulsar la construcción de una cárcel de alta seguridad, proyecto autorizado por el presidente guatemalteco en 2023 y para el cual existe ya disponibilidad presupuestaria. El acto administrativo correspondiente avanza tras la formalización del convenio, y la colocación de la primera piedra está prevista para el 1 de abril.
Entre los ejes del acuerdo se incluyen el intercambio de información, cooperación para la creación de infraestructura crítica, fortalecimiento del equipamiento y mejora operativa. Además, e contemplan mecanismos de capacitación, desarrollo de prácticas profesionales y otras iniciativas orientadas a optimizar recursos y perfeccionar la capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrenta la población guatemalteca.
El convenio estipula también la posibilidad de establecer acuerdos similares con otros Estados, facilitando así el apoyo técnico y operativo necesario para elevar los estándares de seguridad nacional.
De acuerdo, con la información oficial brindada días anteriores. El nuevo recinto, cuya edificación estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recibirá un financiamiento de 500millones de quetzales. El diseño fue presentado al Ministerio de Gobernación en el marco de la estrategia nacional de seguridad y contempla un sistema altamente diferenciado, con vigilancia reforzada y estricto aislamiento de los internos. El plazo estimado para la finalización de la obra es de un año a partir del inicio de los trabajos.
Con capacidad para albergar a cerca de 2.000 personas privadas de libertad, el centro penitenciario pretende restringir drásticamente la comunicación externa y desarticular las estructuras de mando delictivo en el país. El diseño incorpora criterios validados por expertos nacionales e internacionales y se desarrolló tras más de un año de planificación, según detalló Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional, ante el Congreso de la República.
Las autoridades remarcan que esta infraestructura se ajusta a las necesidades del sistema penitenciario y busca “impedirla comunicación externa y cortar la línea de mando de organizaciones delictivas”, junto a la aplicación de un régimen diferenciado y medidas de aislamiento para mantener el control absoluto sobre la población reclusa.
El presidente Arévalo, agrego que, está construcción se suma a la nueva cárcel de Masagua en Escuintla que está incorporándose al sistema penitenciario diseñado para internos de alta seguridad, mientras avanzan los trabajos de adecuación en otros centros carcelarios del país para incrementar el aislamiento y reducir riesgos de fuga.
Durante la firma del convenio para una segunda prisión de este tipo, las autoridades confirmaron que se avanza en proyectos adicionales e, enfocándose en fortalecer tanto las condiciones estructurales como los protocolos para que los reclusos permanezcan sin contacto con el exterior.
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