El gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, decretó a partir del 17 de febrero de 2026 un Estado de Prevención a nivel nacional, como continuación de la estrategia de seguridad implementada tras la finalización del Estado de Sitio que rigió durante 30 días.
Esta medida responde a la necesidad de mantener el control territorial y enfrentar a las estructuras criminales que han desafiado la estabilidad del país.
En cadena nacional, el Ejecutivo destacó avances en la reducción de homicidios y extorsiones bajo la administración de Arévalo, atribuyendo estos resultados a la aplicación de medidas excepcionales.
La Ley de Orden Público, aprobada en 1965, respalda la facultad del Ejecutivo para restringir garantías con el fin de preservar la seguridad y el orden. Esta ley contempla figuras como el Estado de Prevención y el Estado de Sitio, cada una con diferentes alcances y requisitos.
La transición de un régimen a otro marca un cambio en la intensidad y el mecanismo de control estatal sobre la población y las instituciones.
Durante el Estado de Sitio, declarado en enero de 2026 tras ataques armados y motines en centros penitenciarios, el Ejecutivo asumió atribuciones ampliadas, permitiendo a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército detener personas sin orden judicial, restringir reuniones públicas y establecer controles estrictos en áreas afectadas.
El Ejecutivo reportó que la medida incluyó la incautación de drogas, detenciones masivas y el corte de comunicaciones en centros penitenciarios. El presidente Arévalo subrayó que “el combate al crimen organizado y los operativos quirúrgicos que hemos desarrollado continúan”, señalando el refuerzo de la presencia policial y militar como uno de los principales logros de su administración.
El Estado de Prevención, por su parte, ofrece un marco legal menos restrictivo, pero mantiene facultades para limitar reuniones, militarizar servicios públicos y regular la circulación de vehículos.
Esta medida no requiere aprobación del Congreso y su vigencia máxima es de 15 días, aunque puede renovarse si persisten las condiciones de inseguridad. El Estado de Prevención permite a las autoridades disolver reuniones, intervenir servicios privados y solicitar a los medios de comunicación evitar publicaciones que puedan alterar el orden público.
La diferencia central entre ambos regímenes radica en la severidad de las restricciones y el procedimiento para su implementación. El Estado de Sitio requiere ratificación del Congreso y supone la suspensión amplia de garantías constitucionales, mientras que el Estado de Prevención se decreta exclusivamente por el Ejecutivo y tiene un alcance focalizado. Durante el estado de sitio la vida cotidiana de la población se mantuvo en funcionamiento normal, aunque bajo la vigilancia intensificada de las fuerzas de seguridad.
En el contexto actual, la administración de Bernardo Arévalo ha optado por mantener la presión sobre el crimen organizado mediante la activación inmediata del Estado de Prevención tras finalizar el Estado de Sitio. El mandatario anunció la ampliación del “Plan Centinela Metropolitano” y la continuidad de los operativos conjuntos entre la PNC y el Ejército. “La seguridad es una demanda urgente del pueblo de Guatemala y nuestro gobierno seguirá trabajando para que podamos volver a caminar por nuestras calles y nuestros barrios con más tranquilidad”, afirmó Arévalo en cadena nacional.
El Estado de Prevención se presenta como una herramienta de vigilancia y control intermedio, utilizada tanto para evitar la escalada de violencia como para consolidar los avances obtenidos durante el Estado de Sitio. Según datos oficiales, durante el periodo de emergencia se completó el censo penitenciario y se desmantelaron redes de comunicación criminal, acciones que las autoridades consideran fundamentales para sostener la reducción de la violencia.
Las autoridades han reiterado que la continuidad de medidas excepcionales responde a la persistencia de amenazas vinculadas a estructuras criminales. Las diferencias entre el Estado de Prevención y el Estado de Sitio definen los límites de la acción gubernamental y la protección de los derechos ciudadanos en situaciones de emergencia, en un escenario marcado por la demanda social de seguridad y el fortalecimiento institucional.
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