Minutos antes de concluir el proceso de segunda vuelta, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó medidas urgentes para asegurar la continuidad y regularidad de los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), tras advertir posibles conflictos constitucionales por actuaciones del Ministerio Público. La resolución ordena a la Junta Directiva y al Tribunal Electoral del CANG garantizar que las elecciones concluyan sin interrupciones, tomando las acciones administrativas y logísticas necesarias.
El dictamen enfatiza que ningún fiscal del Ministerio Público debe interferir en el desarrollo de las votaciones, el conteo de votos ni la proclamación de resultados. Cualquier acción que implique interrupción, suspensión u obstaculización del proceso está prohibida, aunque no se limitan las facultades investigativas de la entidad, siempre que se ejerzan por los cauces legales previstos.
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La Corte de Constitucionalidad advirtió sobre posibles responsabilidades legales para quienes incumplan estas disposiciones, así como la activación de otras medidas constitucionales para salvaguardar la eficacia de los eventos electorales.
La resolución de la máxima corte se emite después que horas antes, agentes del Ministerio Público irrumpieron en dos centros de votaciones de la ciudad capital, en donde los profesionales del derechos participaban en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
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Al respecto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó al Ministerio Público de intentar interferir en el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, señalando que la presencia de agentes en los centros de votación buscó intimidar a los electores y alterar el resultado de la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
La intervención fue dirigida por la fiscal Leonor Morales y restringió el acceso a los recintos, generando una fuerte polémica sobre la transparencia y el curso del proceso democrático, mientras las autoridades insistían en que las votaciones continuaban y se aseguraba el “estricto cumplimiento de la ley” ante recientes denuncias por presuntos delitos penales.
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En ese escenario, el Ministerio Público desplegó operativos de allanamiento en el Parque Erick Barrondo de Ciudad de Guatemala, el Club la Aurora provocando el cierre de accesos y prohibiendo el ingreso de personas ajenas al evento, incluida la prensa.
Presidenta del CANG es inspeccionada
La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gálvez, se vio inmersa en un episodio singular tras concluir las votaciones en la zona 13. Agentes del Ministerio Público encabezados por la fiscal Leonor Morales acudieron a notificarle oficialmente una orden que exigía el secuestro de sus dispositivos móviles. La solicitud se planteó en un contexto de tensión institucional y en medio de cuestionamientos sobre la legalidad y el alcance de las intervenciones del Ministerio Público durante procesos electorales.
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En este escenario, Gálvez declaró ante la fiscalía que no portaba ningún teléfono celular. Esta manifestación llevó a los agentes a realizar una revisión física para corroborar sus palabras. Sobre el requerimiento, Gálvez afirmó: “El único teléfono que uso es un teléfono institucional que me compró el Colegio de Abogados en el 23. Me cuida facturas, estoy pidiendo ahorita el comprobante para entregárselo a la persona que pretende ejecutar esa-- una instrucción que no tiene los requisitos de ley. Así de sencillo.” La presidenta manifestó que solo entregaría dispositivos ante una orden de secuestro concreta, no genérica
En tanto, el conteo de votos inició en medio de un corte de energía eléctrica,
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