Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elige magistrados para la Corte de Constitucionalidad bajo tensión por intervención del Ministerio Público

La elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad se desarrolló bajo un clima de tensión institucional, acentuado por la irrupción de agentes del Ministerio Público en los centros de votación.

Esta intervención despertó un amplio debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso, al mismo tiempo que ponía en juego el futuro del sistema judicial guatemalteco.

En este contexto de incertidumbre, la fiscal Leonor Morales encabezó operativos que limitaron el acceso a recintos electorales, incluyendo el Parque Erick Barrondo y el Club la Aurora en Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte del CANG, los allanamientos llevaron al cierre de accesos y a la prohibición de ingreso para personas ajenas al evento, mientras las autoridades insistieron en el “estricto cumplimiento de la ley” en respuesta a denuncias sobre posibles delitos penales cometidos durante la jornada.

El resultado del escrutinio arrojó que Astrid Jeannette Lemus Rodríguez se impuso como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad, con 8,920 votos, superando a Estuardo Gálvez.

En tanto, Luis Fernando Bermejo Quiñónez fue electo Magistrado Suplente, al obtener 8,527 votos frente a Melvin Portillo. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala informó estos datos a sus agremiados tras concluir el conteo.

Mientras tanto, la controversia por la intervención del Ministerio Público cobró relevancia en el ámbito político y jurídico. El presidente Bernardo Arévalo de León, a través de sus redes sociales, se refirió al suceso al expresar: “Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar. Ganó el rescate de la justicia. Ganaron los abogados honestos. Ganó la libertad. Ganó la esperanza. Juntos somos y seguiremos siendo más fuertes.”

El desarrollo de la jornada generó inquietud entre organizaciones y actores del sector privado, quienes expresaron preocupación por el impacto de estas diligencias en la certeza jurídica y el ejercicio democrático en Guatemala, tal como lo consignó el CANG.

Como consecuencia de estos acontecimientos, la Corte de Constitucionalidad convocó de manera urgente a sus magistrados para una sesión de Pleno Permanente, con el objetivo de analizar la situación desencadenada por la intervención del Ministerio Público durante la segunda vuelta del CANG.

El mecanismo de elección se desarrolló bajo el marco de una reciente resolución de la Sala Sexta, que restringió la participación a abogados con colegiado activo, excluyendo a profesionales de ciencias afines. Esta decisión judicial ha generado debates dentro del gremio, al limitar el padrón de votantes y modificar la composición habitual del proceso.

Reacciones de la sociedad civil y actores políticos

Las acciones del Ministerio Público generaron respuestas de distintos sectores de la sociedad civil, así como de actores políticos y diplomáticos.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado, señaló que el desarrollo de investigaciones o acciones judiciales en medio de un proceso electoral puede afectar la confianza en la transparencia y legitimidad de la elección.

El organismo internacional instó a las autoridades guatemaltecas a garantizar el respeto al derecho al voto y a la libre participación de los agremiados, subrayando la importancia de que la elección de autoridades judiciales se realice en un entorno libre de presiones externas e interferencias.

La OEA subrayó que el fortalecimiento institucional y la independencia de los órganos de justicia son pilares fundamentales para la democracia en la región.

Paralelamente, el consejo superior universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció la convocatoria para la elección de sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Entre los aspirantes figura la actual fiscal general, Consuelo Porras.