A partir de junio de 2026, Guatemala implementará una exigencia que transformará el mercado energético nacional: toda la gasolina deberá contener 10 % de alcohol carburante.
Esta disposición, establecida en el Acuerdo Gubernativo Número 257-2025, pretende mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos sanitarios que genera la contaminación urbana.
Las autoridades sostienen que los beneficios ambientales y de salud son directos, respaldados por estudios que asocian la reducción de contaminantes en motores con una menor prevalencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
El análisis de Carlos Barreda, diputado del Parlamento Centroamericano y exviceministro de Finanzas Públicas, señala un impacto inmediato en los costos familiares y la competencia en el sector energético.
Barreda advirtió en redes sociales que la nueva mezcla puede disminuir el rendimiento del combustible, con consecuencias económicas directas para los hogares: “Lo que recorría con un galón, tal vez ahora lo tendrá que hacer con un galón y medio”.
Según su estimación, quienes actualmente gastan dos mil quetzales mensuales podrían llegar a desembolsar entre 2.100 y 2.200 quetzales por el mismo consumo.
Esta transformación normativa afecta a toda la cadena de comercialización y almacenamiento de hidrocarburos, que deberá adaptarse en menos de dos años.
El Ejecutivo subraya que la aprobación del reglamento incluyó la consulta con todos los actores del rubro, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y conforme a la legislación vigente.
La Dirección General de Hidrocarburos mantiene tareas de supervisión sobre las condiciones de seguridad industrial y ambiental en todas las instalaciones del país, según la Ley de Comercialización de Hidrocarburos (Decreto número 109-97) y el Acuerdo Gubernativo Número 522-99.
La estructura del mercado energético refleja una elevada concentración. Barreda explicó que el ingenio Pantaleón —uno delos principales ingenios azucareros del país— controla el 75 % de la producción de etanol, con 28 millones de galones delos 37 millones generados en Guatemala, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
En el ámbito de la importación de combustibles, una sola empresa concentra el 60 % del volumen y se perfila para encargarse de la compra externa de etanol, principalmente desde Estados Unidos.
“Este mercado representa 1.500 millones de quetzales al año, cantidad que se concentrará en un pequeño grupo empresarial”, destacó Barreda, quien advierte que la falta de regulación efectiva facilita posiciones dominantes y puede traducirse en presiones sobre precios, así como riesgos de prácticas abusivas.
Junto a las promesas de una mejora ambiental, emergen advertencias sobre el desempeño técnico de los motores. Barreda subrayó que estudios técnicos ya señalan “algún nivel de daño en los motores”, sobre todo en automóviles y motocicletas que carecen de la adaptación para operar con la nueva gasolina.
Solo los modelos recientes cuentan con la tecnología adecuada de fábrica. En un parque vehicular mayoritariamente antiguo como el guatemalteco, el potencial impacto podría amplificarse y volverse un reto para los propietarios de estos vehículos.
Barreda reconoció que migrar hacia combustibles menos contaminantes representa una ganancia para el ambiente y para la salud colectiva. Sin embargo, insistió en que la carga económica directa será la dimensión más notoria para las familias en este nuevo escenario de regulación del mercado energético nacional.
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