El estado de sitio no se ampliará en Guatemala, así lo confirmó el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, en una entrevista en Prensa Libre Radio. La medida excepcional concluirá el 19 de febrero y no se presentará ninguna solicitud al Congreso para prolongarla. Sin embargo, el fin de esta etapa no significa que se retiren las fuerzas armadas de las calles ni que disminuya la vigilancia en los puntos críticos.
El ejército y la Policía Nacional Civil ya preparan un nuevo operativo que comenzará el mismo día que termina la restricción, con el objetivo de mantener la presencia militar y policial en las zonas de mayor riesgo.
Durante la vigencia del estado de sitio, el ejército asumió el liderazgo en la organización y ejecución de las operaciones de seguridad, desplazando a la policía civil de ese rol habitual.
Este cambio permitió respuestas más rápidas ante las amenazas, especialmente en el control de áreas rojas, centros penitenciarios y regiones con alta incidencia criminal.
Sáenz adelantó que este modelo de coordinación entre fuerzas armadas y policía continuará bajo la nueva estrategia, asegurando que la vigilancia y el apoyo militar a la seguridad pública persistirán tras la finalización de la medida extraordinaria.
La intervención militar tuvo un efecto inmediato en el sistema penitenciario, donde las fuerzas armadas instalaron controles estrictos en los accesos y salidas de las cárceles.
Sáenz explicó que “actualmente, no entra ni sale nada de los centros penitenciarios que no lo vean los soldados”. Gracias a este control, se incautaron radios de alta frecuencia, teléfonos móviles, armas de fuego y granadas de fragmentación, lo que evidenció la sofisticación de las estructuras criminales internas.
El operativo que se desplegará tras el fin del estado de sitio abarcará el departamento de Escuintla, el área metropolitana y otros municipios clave, con el objetivo de impedir la reorganización de las estructuras criminales y mantener la presión en las denominadas “áreas rojas”.
La estrategia también contempla la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico, con resultados como la destrucción de un laboratorio de pasta de hoja de coca y la erradicación de 50,000 matas de marihuana, cifra que se suma al “millón que hicimos la semana pasada”, según detalló el ministro.
Sáenz recalcó que todas las acciones llevadas a cabo durante el estado de sitio se realizaron dentro del marco legal, con detenciones y allanamientos respaldados por órdenes judiciales y la presencia de fiscales.
Tras la conclusión de la medida, el ejército no se retirará de los puntos críticos ni de los centros penitenciarios, pues “sería una irresponsabilidad dejar las calles y las áreas rojas ahora que hemos dado el apoyo para que se tome el control de las fuerzas de seguridad pública”, afirmó el ministro.
La experiencia obtenida durante el estado de sitio, sobre todo en el control de cárceles y zonas de alto riesgo, será la base para la nueva etapa de colaboración entre el ejército y la policía civil. Las autoridades aseguran que la estrategia de búsqueda, captura y desarticulación de estructuras delictivas seguirá adaptándose a las amenazas emergentes, con presencia sostenida en los territorios más vulnerables del país.
Origen y detonante del estado de sitio en Guatemala
El estado de sitio fue decretado el 15 de enero, tras un motines en las cárceles Renovación I, Preventivo de la zona 18 y Fraijanes II y ataques contra agentes policiales que dejó como saldo 11 policías fallecidos. Estos hechos pusieron en evidencia la capacidad de las estructuras criminales para operar y organizarse tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
La situación llevó a la implementación de la Operación Centinela, una intervención que buscó restablecer el control estatal, cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y las bandas delictivas, y frenar el avance del crimen organizado.
El gobierno justificó la medida al señalar la amenaza que representaba la coordinación entre pandillas y la persistencia de delitos como el narcotráfico, las extorsiones y los asesinatos, especialmente en zonas como Escuintla y el área metropolitana. Según el balance oficial, la intervención permitió reducir drásticamente los índices de violencia y desarticular redes internas de comunicación y armamento dentro de los presidios.
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