La ley federal fija un límite de 120 días para los fiscales federales interinos. La razón es clara: pasado ese plazo, el cargo exige la confirmación del Senado, un proceso que requiere apoyo bipartidista.
La administración Trump encontró una fórmula para evitarlo, pero los tribunales la vienen desarticulando.
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El magistrado federal J. Michael Seabright determinó este martes que Bill Essayli ocupa ilegalmente la jefatura de la fiscalía del Distrito Central de California, la más grande del país por volumen de casos, con sede en Los Ángeles.
Es el tercer fiscal interino de la administración que un juez declara fuera de la ley en menos de un año. Essayli rechazó el fallo. Sostuvo que el presidente y el fiscal general “tienen todo el derecho de elegir supervisores dentro del Departamento de Justicia”, tal y como señaló en un comunicado.
La orden, además, no entra en vigor de inmediato: el tribunal aún debe resolver la solicitud del gobierno de suspenderla mientras avanza la apelación.
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Cómo llegó Essayli al cargo y por qué la justicia lo cuestiona
La administración Trump designó a Essayli —exlegislador estatal republicano y exfiscal federal— como fiscal interino para el Distrito Central de California.
Cuando se aproximaba el vencimiento del plazo de 120 días, la entonces fiscal general Pam Bondi lo nombró Primer Asistente del Fiscal federal, una maniobra que, en la práctica, lo dejó a cargo de la oficina sin que el Senado lo confirmara para el cargo.
En octubre de 2025, Seabright ya había inhabilitado a Essayli para supervisar varios casos penales por haber permanecido en el cargo más tiempo del que permite la legislación, aunque le permitió continuar como Primer Asistente.
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La cadena de fallos que le dio fundamento a la decisión del juez
El fallo de este martes se apoyó en una resolución de agosto del Tribunal de Apelaciones del 9.° Circuito.
En ese caso, el tribunal concluyó que Sigal Chattah, la designada inicial de Trump para encabezar las fiscalías federales en Nevada, había sido nombrada de forma ilegal.
Seabright señaló que la situación de Essayli es “idéntica” a la de Chattah: Bondi lo designó como abogado especial y lo nombró Primer Asistente mediante los mismos mecanismos.

El magistrado también descartó que una nueva designación firmada por el fiscal general Todd Blanche, que recortó algunas de las funciones de Essayli, cambiara el panorama legal.
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Según el juez, esa modificación “no distingue materialmente” la situación del fiscal californiano de la de Chattah.
Un patrón que se repite en distintos estados del país
El de Essayli no es el único caso en que un juez determinó que un fiscal interino de la administración Trump ejerce de forma ilegal.
En Nueva Jersey, un magistrado inhabilitó el año pasado a la fiscal interina Alina Habba. En enero de este año, otro tribunal dictaminó que John Sarcone no ocupaba legalmente la fiscalía federal del Distrito Norte de Nueva York.

Essayli fue una figura central en los choques del gobierno federal con California durante los últimos meses.
Participó en investigaciones por supuesto fraude en el sistema de salud y encabezó acciones contra quienes protestaron los operativos de deportación en California.
Además, lideró cuestionamientos sobre la validez de votos emitidos por hasta 20.000 personas que la administración Trump sospecha que no son ciudadanos estadounidenses, una acción a la que California respondió con resistencia institucional.
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“En última instancia, esta cuestión la resolverá la Corte Suprema, y espero continuar en mi cargo actual hasta entonces”, aseguró Essayli en su comunicado tras conocerse el fallo.
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