Durante años, algunos de los hospitales más importantes de Estados Unidos ofrecieron tratamientos de afirmación de género a menores: bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías. Con la llegada de la administración de Donald Trump, estas prácticas quedaron en el centro de una serie de medidas legales y administrativas destinadas a limitar su disponibilidad.
El resultado, hasta ahora, son seis acuerdos con el Departamento de Justicia (DOJ) que marcan un antes y un después en la política sanitaria del país. Los dos más recientes se firmaron la semana pasada, según informó AP News.
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El NYU Langone Health pagará USD 8,5 millones al gobierno federal y el University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) abonará USD 950.000.
Ambas instituciones —dos de las más reconocidas de Nueva York y Pensilvania respectivamente— se comprometieron a no ofrecer estos procedimientos, que la administración denomina oficialmente “procedimientos de rechazo de sexo”, a pacientes menores de 19 años. Ninguna admitió haber actuado de forma indebida.
Los acuerdos ponen fin a investigaciones federales y protegen registros de pacientes
El DOJ venía investigando a estos centros médicos por presuntas irregularidades en la facturación de tratamientos de atención de género a menores. Según lo establecido en los acuerdos, las investigaciones quedan cerradas.
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Además, los hospitales evitan una consecuencia que consideraban especialmente sensible: la entrega obligatoria de historiales clínicos de sus pacientes al gobierno federal.
Los acuerdos son parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump, que desde mayo de 2026 logró compromisos similares con otras cuatro instituciones: la Cleveland Clinic, el Connecticut Children’s Hospital, el Mount Sinai Health System de Nueva York y el Texas Children’s Hospital, tal como informó AP News.
Mount Sinai destinará USD 2 millones a la “detransición” de pacientes
El acuerdo con Mount Sinai presenta diferencias respecto de los más recientes. Además de una penalidad económica no divulgada, el hospital se comprometió a destinar USD 2 millones a la atención gratuita de quienes recibieron tratamientos de género durante su minoría de edad y ahora buscan revertirlos.
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El DOJ catalogó este compromiso como una “contribución multimillonaria a la atención de detransición”.
El acuerdo con NYU Langone, en cambio, no incluyó esa cláusula. Steve Ritea, vocero del hospital, fue explícito al respecto: “NYU Langone no se comprometió a financiar servicios relacionados con la detransición”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.
El fiscal general Todd Blanche defiende los acuerdos como una protección a la infancia
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, fue quien encabezó las declaraciones oficiales del DOJ. “El Departamento de Justicia lucha por proteger a los niños de esta nación y trabaja sin descanso para llegar a acuerdos con los hospitales y poner fin a la llamada ‘atención de afirmación de género’ para menores”, aseguró en un comunicado difundido la semana pasada.
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Blanche también advirtió sobre las consecuencias para las instituciones que no acaten la política federal. “Las resoluciones de hoy envían un mensaje claro: los hospitales que apuntan a niños con estas prácticas y luego obtienen pagos de manera fraudulenta serán responsabilizados”, agregó, según la misma declaración.
La administración Trump formalizó su postura con una norma publicada el mes pasado que prohíbe a los dos principales programas federales de salud financiar este tipo de tratamientos.
La mayoría de los hospitales ya había suspendido los tratamientos antes de firmar
Un dato relevante es que la mayor parte de las instituciones involucradas en estos acuerdos ya había discontinuado los tratamientos antes de la firma.
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NYU Langone, por ejemplo, cerró su Programa de Salud para Jóvenes Transgénero en febrero de 2026, meses antes del acuerdo, alegando el “entorno regulatorio actual”.
Los convenios estipulan también que los programas de salud mental pediátrica de los hospitales podrán continuar operando con normalidad.
Según precisaron las instituciones en sus comunicados, la atención de género para pacientes mayores de 18 años tampoco se ve afectada.
En paralelo al avance de los acuerdos extrajudiciales, un tribunal federal de apelaciones respaldó la postura del gobierno.
La Novena Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, resolvió —en una decisión dividida de 2 a 1— que el objetivo de la administración de poner fin a estos procedimientos en menores no constituye una finalidad administrativa impropia y no puede ser invocado como fundamento legal para bloquear las citaciones del DOJ, según precisó AP News.
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