Brooklyn High Rise LLC deberá pagar USD 352.250 tras haber rechazado a 203 solicitantes de vivienda por sus antecedentes en la Housing Court, el tribunal que trata conflictos entre propietarios e inquilinos.
La Fiscalía General de Nueva York anunció la sanción contra la firma inmobiliaria de Brooklyn por aplicar una práctica prohibida en el estado desde 2019.
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La investigación estableció que la compañía obtuvo información sobre litigios previos entre potenciales inquilinos y antiguos arrendadores entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025. Con esos datos, la empresa negó ilegalmente solicitudes de alquiler.
El acuerdo obliga a la firma a modificar sus mecanismos de selección y a dejar de requerir registros judiciales de vivienda.
Si un aspirante presenta por error documentación con ese historial, deberá volver a entregarla sin esa información y otro agente, que no haya visto el registro previo, tendrá que evaluar la solicitud.
La ley que prohíbe el uso de antecedentes judiciales en alquileres
La ley estatal prohíbe la práctica conocida como tenant blacklisting, o lista negra de inquilinos: un propietario no puede descartar a una persona porque haya tenido un caso judicial contra un arrendador anterior o haya sido demandada por él.
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La restricción comprende conflictos por falta de pago, procesos de desalojo y demandas iniciadas por inquilinos para exigir reparaciones. También protege a quienes tienen expedientes pendientes y a quienes atravesaron litigios en el pasado.
Si un propietario recibe un informe de selección que contiene antecedentes en la Housing Court y luego rechaza al solicitante, la ley presume que esa información influyó en la decisión.
En ese escenario, deberá demostrar que existió un motivo distinto y legal para negar el apartamento, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.
La pesquisa sobre la inmobiliaria comenzó en mayo de 2025. La empresa continuaba solicitando a una compañía externa informes de evaluación que incluían registros de causas entre propietarios e inquilinos.
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Depósitos retenidos y límites para las tarifas de solicitud
La investigación también detectó que Brooklyn High Rise cobraba depósitos de buena fe de entre USD 500 y USD 750 para reservar apartamentos mientras analizaba las solicitudes.
La firma afirmaba que ese dinero se aplicaría al primer mes de renta si la persona era aceptada o se devolvería si era rechazada.
Sin embargo, cerca de 300 personas que retiraron sus solicitudes o fueron descartadas entre enero de 2020 y diciembre de 2025 no recuperaron el dinero.
Como parte del acuerdo, la compañía destinará USD 150.000 a restituciones para quienes hayan presentado solicitudes a través de su sitio durante ese período.
Los afectados serán contactados por la empresa y podrán reclamar USD 500 o, en algunos casos, USD 750. La normativa estatal, además, impide que propietarios y corredores cobren más de USD 20 por una revisión de crédito o antecedentes.
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Requisitos y límites para evaluar solicitudes
Ese cargo solo puede aplicarse si el solicitante recibe una copia del informe y de la factura emitida por la empresa que hizo la verificación.
La persona también puede entregar su propio informe de crédito o antecedentes, siempre que haya sido elaborado durante los 30 días previos, para evitar esa tarifa.
La Ciudad de Nueva York establece el mismo límite de USD 20 para las solicitudes de apartamentos. Los propietarios pueden revisar la situación financiera, el crédito, las referencias laborales, los antecedentes con otros arrendadores, las referencias personales y la cantidad de ocupantes previstos, pero deben aplicar los mismos criterios a todos los candidatos.
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Antecedentes penales y asistencia para pagar la renta
Desde el 1 de enero de 2025, la Fair Chance Housing Law limita el uso de antecedentes penales en la selección de inquilinos en la ciudad.
En la mayoría de los casos, los proveedores de vivienda alcanzados por la norma no pueden examinar esos registros antes de hacer una oferta condicional de alquiler.
La regulación prohíbe considerar arrestos, procesos pendientes, expedientes sellados o eliminados y gran parte de las condenas antiguas.
Cuando una condena puede ser revisada legalmente, no basta por sí sola para denegar una vivienda: el propietario debe realizar una evaluación individual y justificar por escrito cualquier decisión adversa.
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Tampoco se puede rechazar a un solicitante porque cubra parte de la renta con Section 8 u otro programa público de asistencia.
Los propietarios y corredores no pueden aceptar determinados vales de vivienda y descartar otros para excluir candidatos.
La ciudad también advierte que es ilegal exigir un puntaje de crédito o un ingreso mínimo si el vale cubre la totalidad del alquiler, así como negarse a mostrar una vivienda por el uso de asistencia habitacional.
Las personas que sospechen haber sido perjudicadas por una lista negra de inquilinos pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Nueva York.
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