La nueva regla de “carga pública” del Gobierno de Estados Unidos entra en vigor este viernes 18 de septiembre y modifica la evaluación migratoria de quienes solicitan la residencia permanente, conocida como green card.
La norma permite que las autoridades consideren más ayudas públicas y les otorga mayor autonomía para determinar si un inmigrante podría depender de la asistencia gubernamental en el futuro.
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El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) sostiene en su portal que el manual actualizado se ajusta a la intención del Congreso de que los extranjeros que residan en el país “sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales” financiados por los contribuyentes.
A quién afecta la nueva evaluación
El cambio alcanza a los solicitantes de residencia por motivos laborales y por peticiones familiares como cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Entre los beneficios que podrán formar parte del análisis figuran la ayuda alimentaria, determinados programas de Medicaid, la vivienda subsidiada, la asistencia para estudios y otros programas sujetos a la comprobación de recursos económicos.
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La utilización de estos beneficios no implica automáticamente el rechazo de la green card. Los funcionarios deberán evaluar las circunstancias de cada solicitante, incluidos factores como la edad, la salud, el tamaño del hogar, los recursos económicos y el historial crediticio.
La administración dispuso excepciones para algunos grupos de inmigrantes, que quedarán fuera del alcance de la nueva medida. Entre ellos figuran las personas refugiadas y aquellas a las que se les concedió asilo.
Qué ayudas y factores entran en el análisis
La llamada “carga pública” es una causal de inadmisibilidad contemplada en la legislación migratoria de Estados Unidos. En términos sencillos, permite denegar determinados beneficios migratorios cuando las autoridades consideran que una persona podría depender del Estado para subsistir.
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La nueva guía amplía los beneficios que pueden pesar en el expediente. Los medios locales detallan que el análisis puede incluir los beneficios de SNAP y WIC, los servicios de comidas escolares y de verano, Medicaid y otras prestaciones médicas sujetas a comprobación de recursos, la ayuda de vivienda y el cuidado infantil, así como iniciativas de desarrollo y educación como Head Start y ciertos créditos fiscales.
La evaluación no se limita a los programas usados por el propio solicitante. Los oficiales también podrán valorar ayudas recibidas por familiares como hijos, padres o cónyuges, si el solicitante tiene la obligación de mantenerlos y el beneficio depende de sus ingresos, precisó EFE.
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Antecedentes legales
La política retoma un enfoque impulsado durante el primer mandato de Donald Trump. Aquella medida enfrentó impugnaciones judiciales y en 2022, bajo la administración de Joe Biden, se determinó una definición más restrictiva.
La nueva ampliación entra en vigor hoy, 18 de septiembre, dado que se cumplen 60 días después de su publicación en el Registro Federal, que tuvo lugar el 20 de julio de 2026.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció que las disposiciones se aplican a las solicitudes de admisión y de ajuste de estatus presentadas desde este viernes, no antes.
Pero aún queda por determinar si la nueva norma continuará vigente. Este lunes, una coalición de más de 20 estados y varios gobiernos locales demandó a la administración.
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Los demandantes califican la nueva versión como una medida “catastrófica” para familias que dependen de apoyos básicos y sostienen que también dañará las finanzas estatales y locales.
Las críticas apuntan además a un posible efecto disuasorio entre hogares con hijos ciudadanos estadounidenses que sí tienen derecho a esos programas.
La demanda de los estados sostiene, según reprodujo CNN, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad porque el Congreso no aprobó una interpretación más amplia de lo que significa ser una carga pública. Los demandantes también alegan que la norma es “arbitraria y caprichosa” y que el DHS no justificó adecuadamente el cambio.
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De acuerdo con estimaciones del DHS citadas por The New York Times, la nueva política podría apartar a cerca de 950.000 personas de programas de asistencia, ya sea porque se retiren o porque opten por no inscribirse.
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