La administración Trump reactiva una norma que podría negar la residencia a quienes reciben beneficios públicos

La administración de Donald Trump reactivó la regla de carga pública que establece que los inmigrantes que soliciten residencia permanente (green card) en Estados Unidos deberán demostrar que no representarán una carga económica para el país. Por lo tanto, alcanzaría a aquellos que reciben beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos o ayuda para vivienda.

La regla apareció el jueves en el Registro Federal, será publicada formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre, lo que permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizar formularios, directrices y procedimientos internos, informaron Associated Press y CBS News.

El presidente Donald Trump impulsó la norma en 2019 con el objetivo de asegurar que únicamente personas autosuficientes pudieran ingresar a Estados Unidos. En 2022, Joe Biden limitó el alcance de carga pública a ayudas en efectivo para gastos básicos y a la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno. La decisión actual deroga ese marco, precisó EFE.

El USCIS defendió la decisión en su cuenta de X: “El gobierno federal reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente. Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.

Cómo se aplicará la nueva evaluación de carga pública

Aunque la ley federal ya exige que quienes piden residencia legal demuestren que no se convertirán en una carga para el Estado, la nueva versión amplía las causales de descalificación y otorga a los funcionarios de USCIS un margen mayor para evaluar cada caso, indicó Associated Press.

Ese análisis será individual y se basará en “la totalidad de las circunstancias” del solicitante. De acuerdo con la norma, los oficiales podrán valorar edad, salud, situación familiar, patrimonio, recursos financieros, educación, habilidades y el uso de beneficios públicos financiados con fondos públicos.

Según funcionarios del organismo, citados por CBS News, entre los beneficios que podrán entrar en consideración figuran Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para vivienda.

Sin embargo, la regla no enumera esos programas por nombre en su texto final, pero sí establece que los agentes evaluarán con “buen juicio y discreción” la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública, reportó Associated Press.

Si la solicitud se presentó antes de que la nueva norma comenzara a aplicarse, USCIS solo tendrá en cuenta los beneficios públicos recibidos a partir de esa fecha. Los beneficios obtenidos antes de la entrada en vigor no serán considerados, salvo que hayan sido ayudas económicas para el sustento básico o institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno, detalló CBS News.

Asimismo, autoridades del USCIS señalaron al mismo medio que los beneficios obtenidos por familiares del solicitante no se contabilizarán como propios, pero estos podrían ser tomados en consideración al analizar la situación financiera del solicitante.

A quiénes alcanzará la nueva norma de carga pública

La regla se aplicará a no ciudadanos que se encuentren dentro de Estados Unidos y pidan ajustar su estatus a residentes permanentes legales, además de extranjeros que busquen ingresar al país como inmigrantes o no inmigrantes.

La evaluación de carga pública tendrá excepciones para determinados perfiles: algunos refugiados, asilados y otros grupos humanitarios, incluidos ciertos menores inmigrantes especiales y algunas víctimas de trata, de delitos y de violencia contemplada en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), explicó CBS News.

El organismo publicará una versión revisada del formulario I-485, utilizado para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus. Las versiones anteriores, enviadas por correo o presentadas en línea a partir de la entrada operativa de la norma, dejarán de ser aceptadas.

Proyecciones oficiales, antecedentes y advertencias sobre el “efecto disuasorio”

La medida podría alcanzar a unos 588.000 solicitantes de ajuste de estatus por año, conforme a estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por CBS News. Ese mismo cálculo proyectó, además, un “efecto disuasorio” sobre cerca de 950.000 personas en hogares inmigrantes, que podrían darse de baja o renunciar por completo a ayudas públicas por temor a perjudicar sus trámites migratorios.

No obstante, los rechazos formales por carga pública han sido escasos. Entre los años fiscales 2020 y 2024, el Departamento de Seguridad Nacional informó entre 41 y 95 denegaciones anuales de solicitudes de ajuste de estatus por ese motivo. Durante la vigencia de la regla de 2019 solo se identificaron cinco casos de negativas o avisos de intención de negar basados en el análisis completo, todos reabiertos o revocados después, expuso CBS News.

Por otro lado, un estudio de 2020 del Migration Policy Institute citado por Associated Press concluyó que los “efectos disuasorios” podían ser amplios, aunque el número de inmigrantes realmente expuestos a quedar inelegibles era reducido.

El instituto estimó que no más de 167.000 personas, menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que residían entonces en Estados Unidos, podrían ser consideradas no aptas para una green card por el uso de alguno de los beneficios contemplados por la regla.

Por su parte, Manatt Health, un grupo asesor de gobiernos estatales y federales, calculó que la política de 2019 pudo haber disuadido a hasta 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentos, vivienda u otra asistencia para la que calificaban bajo la ley federal. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños o adultos que viven en familias de estatus mixto.

Las organizaciones de defensa de inmigrantes han expresado dudas y temor sobre el alcance de la norma. Sarah Krieger, asesora principal de políticas del National Immigration Law Center, advirtió que la medida hará que muchos inmigrantes teman ir al médico, comprar comida o presentar impuestos: “Con esta nueva norma, están sembrando el miedo y el caos para, en última instancia, transformar Estados Unidos en un país donde solo sean bienvenidos unos pocos blancos y ultrarricos”.