Un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, dio inicio este miércoles al juicio por conspiración para delinquir contra Huawei Technologies, la mayor proveedora mundial de equipos para redes de telecomunicaciones inalámbricas. Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusan a la empresa china de delitos durante dos décadas: robo de tecnología a compañías estadounidenses, abuso del sistema financiero estadounidense y colaboración con proyectos de vigilancia digital en Irán.
La defensa rechazó las acusaciones y afirmó que no existió ningún plan criminal a nivel corporativo.
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La fiscalía acusa a Huawei de dos décadas de delitos organizados
Taylor Stout, abogado del Departamento de Justicia, fue el encargado de exponer el caso ante el jurado en la apertura del proceso. Según Stout, Huawei y tres de sus subsidiarias operaron durante 20 años con un patrón deliberado de conducta criminal que abarcó distintos países y mercados.
Los cargos se enmarcan bajo la figura legal de racketeering, que en el sistema judicial estadounidense equivale a conspiración para delinquir. Esta acusación, habitualmente asociada al crimen organizado, obliga a la fiscalía a probar que los delitos no fueron actos aislados, sino parte de un esquema continuo y organizado.
Aplicarla a una corporación del tamaño de Huawei convierte a este proceso en uno de los juicios penales más complejos que enfrenta una empresa extranjera en suelo estadounidense.
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La defensa sostiene que errores individuales no equivalen a una conspiración corporativa
El abogado Brian Heberlig, a cargo de la defensa, desestimó los cargos en su alegato inicial. Su argumento principal fue que la fiscalía construyó el caso sobre anécdotas y el comportamiento de algunos trabajadores, sin probar que esas conductas respondieran a una política de la compañía.
“No hubo un plan para delinquir”, afirmó Heberlig ante el jurado, según recogió NBC News. El abogado recordó que Huawei emplea a cerca de 200.000 personas en 170 países, y subrayó que los actos de unos pocos no pueden imputarse a toda la organización.
Heberlig también anticipó que la defensa cuestionaría la credibilidad de los testigos de la fiscalía y señaló que algunos testimonios estarían motivados por “viejos rencores”. Además, respondió de antemano a una de las pruebas que los fiscales planean presentar: un empleado que fotografió el producto de una empresa rival en una feria comercial.
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Según el abogado, Huawei despidió al trabajador de inmediato por ese acto. “No es prueba de una conspiración de toda la empresa”, sostuvo.
Un testigo relató una propuesta de Huawei para monitorear a usuarios iraníes en internet
El primer testigo llamado por la fiscalía fue Parham Baheshti, ciudadano estadounidense de origen iraní. Baheshti creció en Irán, se mudó a Estados Unidos para estudiar y obtuvo la ciudadanía en el año 2000. Regresó a Irán en 2003 para estar cerca de la familia de su esposa.
En su declaración, Baheshti contó que en 2009 trabajó para una pequeña empresa que expandía el acceso a internet en zonas alejadas del país. Fue a través de ese trabajo que entró en contacto con Huawei. Según su testimonio, al mismo tiempo comenzó a pasar información al gobierno de Estados Unidos sobre sus tratos con la empresa china.
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Al principio, dijo, lo motivaba el objetivo de llevar conectividad a ciudades pequeñas. Pero su percepción cambió durante una reunión con representantes de la compañía. “No parecían interesarse en eso. Tenían su propia agenda”, declaró, de acuerdo con lo recogido por NBC News.
Lo que más lo perturbó fue una propuesta concreta: Huawei presentó un sistema orientado a analizar el comportamiento en línea de la población iraní. Baheshti calificó ese momento como “indignante”. Abandonó Irán en 2011, cuando le informaron que estaba bajo investigación.
Huawei opera en el mundo, pero tiene vedado el mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos
Huawei es hoy el mayor proveedor global de infraestructura para redes de telefonía móvil, además de fabricar teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, en Estados Unidos tiene prohibido vender equipos a los operadores de telefonía por razones de seguridad nacional. Canadá y el Reino Unido adoptaron restricciones similares, en parte como resultado de presiones diplomáticas de Washington.
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Durante la primera administración de Donald Trump, el gobierno elevó las alertas sobre la empresa y presionó a sus aliados occidentales para excluirla de las redes de quinta generación (5G). El Departamento de Justicia presentó los cargos penales en enero de 2019 y los fue ampliando en los años siguientes.
Las autoridades chinas respondieron con dureza. Funcionarios del gobierno de Beijing calificaron la postura de Estados Unidos como “acoso económico” y sostuvieron que el argumento de la seguridad nacional fue un pretexto para presionar a empresas de China en el mercado global.
En ese contexto de restricciones, Huawei amplió su actividad hacia la fabricación de semiconductores —los chips que procesan información en los dispositivos electrónicos— en un momento de fuerte crecimiento de la demanda de procesadores vinculados con la inteligencia artificial.
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El juicio en Brooklyn no tiene fecha prevista de cierre y es probable que se extienda durante varias semanas.
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