La administración de Donald Trump ordenó a universidades de Estados Unidos que restrinjan determinadas autorizaciones de trabajo para estudiantes internacionales y advirtió que las instituciones que no cumplan pueden perder la certificación necesaria para matricular alumnos extranjeros.
El giro ya tuvo efectos en California: campus como UCLA y UC Berkeley frenaron parte de los trámites vinculados con la Capacitación Práctica Curricular (CPT, por sus siglas en inglés).
La instrucción quedó plasmada en un memorando federal fechado el 24 de agosto que, según Reuters, atribuyó al Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) la detección de un aumento de autorizaciones de CPT que “parecen violar los requisitos reglamentarios”.
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Para el Gobierno, el problema aparece cuando la formación se concede sin cumplir la condición de ser parte integral de un plan de estudios establecido.
El documento también incluyó una advertencia a las instituciones: el incumplimiento de las normas del SEVP puede derivar en la pérdida de la certificación institucional para inscribir estudiantes extranjeros. El programa depende del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
En ese marco, la Universidad de California en Los Ángeles suspendió ciertas autorizaciones de formación práctica curricular mientras revisa las nuevas directrices federales y define sus próximos pasos, dijo un portavoz de UCLA.
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La decisión impacta en estudiantes que buscaban completar experiencia laboral vinculada con su carrera mediante esa modalidad.
Reacción en California tras el memorando del 24 de agosto
La oficina internacional de UC Berkeley informó que el documento del 24 de agosto tiene un enfoque más específico, es más directo e incluye contenido más restrictivo que otro memorando emitido por el gobierno federal a mediados de agosto.
En su evaluación, el nuevo criterio cambia la forma en que se procesarán algunas solicitudes de autorización de trabajo dentro de la figura de CPT.
Por eso, esa oficina señaló que es poco probable que procese ciertas solicitudes “en un futuro próximo” e instó a los estudiantes internacionales alcanzados por la medida a planificar en función de ese escenario.
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El mensaje buscó fijar expectativas sobre plazos y disponibilidad de trámites, ante la incertidumbre generada por la nueva orientación federal.
Al mismo tiempo, la oficina precisó que seguirá tramitando con normalidad las CPT vinculadas a requisitos de titulación, un punto que la universidad presentó como línea de continuidad dentro del endurecimiento.
También indicó que reanudará la tramitación de las CPT para tesis doctorales y de maestría, al tratarse de casos que considera encuadrados en los requisitos académicos.
Berkeley agregó que consultará a expertos legales para diseñar nuevos procesos ajustados a los requisitos federales. El objetivo, según lo planteado por la universidad, es adecuar la gestión interna sin interrumpir los casos que, a su entender, cumplen con los criterios de integralidad del programa de estudios.
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La respuesta universitaria contrastó con la postura del Gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE, afirmó en un comunicado que “nada de estas regulaciones ha cambiado”.
Aun así, defendió un control más estricto con esta frase: “Las escuelas y los empleadores deben tener en cuenta que, bajo la presidencia de Trump, el abuso de este generoso sistema ya no será tolerado”.
En el centro del debate está cómo se interpreta la relación entre las prácticas y el plan académico. La disputa, en los términos del memorando y de las reacciones en los campus, gira en torno a si esas autorizaciones reflejan una exigencia real del programa o si las universidades habilitaron usos que el Gobierno considera por fuera de la norma.
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La medida se cruza con otras presiones del Gobierno sobre el ámbito universitario
El nuevo memorando se inscribe en una confrontación más amplia de Trump con las universidades, según Reuters.
El presidente las ha sometido a investigaciones y amenazas de financiamiento por asuntos como las protestas propalestinas contra el ataque de Israel a Gaza, las iniciativas de diversidad, los programas climáticos y las políticas sobre personas transgénero.
Defensores de derechos humanos expresaron preocupación por la libertad de expresión, la libertad académica y el debido proceso.
Esa inquietud, de acuerdo con los cuestionamientos mencionados en el texto, también se amplió por otras decisiones de la administración que involucran a estudiantes extranjeros en el actual clima político.
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El jueves, el Departamento de Justicia sostuvo que las prácticas de admisión en la Facultad de Medicina y Servicios de Salud de la Universidad George Washington favorecían a solicitantes negros e hispanos, al citar los resultados de una investigación en medio del avance oficial contra las políticas de diversidad.
La acusación se sumó a un frente paralelo del Gobierno contra esquemas de admisión que considera incompatibles con la ley.
La universidad respondió que las conclusiones del departamento son incorrectas y aseguró que sus políticas de admisión cumplen con la ley y no son discriminatorias.
La institución rechazó la caracterización del organismo federal y defendió el diseño de sus criterios de selección en ese programa académico.
El Departamento de Justicia ya denunció sesgos semejantes en otras escuelas y dijo que busca alcanzar acuerdos antes de presentar demandas si esos intentos fracasan. Ese esquema de negociación previa, según la propia cartera, forma parte de su estrategia antes de judicializar los casos cuando no haya entendimientos.
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La administración Trump también revocó visados de estudiantes que participan en protestas a favor de Palestina, manifestaciones que la Casa Blanca califica de antisemitas y afines a extremistas. Con esa definición, el Gobierno justificó decisiones migratorias que impactaron en participantes de movilizaciones en campus universitarios.
Los manifestantes —incluidos algunos grupos judíos— sostienen que oponerse al ataque de Israel contra Gaza y a la ocupación de territorios palestinos no es antisemitismo y que defender los derechos palestinos no equivale a respaldar el extremismo.
La discusión quedó planteada en dos carriles: el criterio del Ejecutivo para evaluar esas protestas y la respuesta de quienes rechazan esa caracterización.
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