
Cambiar los neumáticos puede alterar el rendimiento de un vehículo mucho más de lo que advierte la mayoría de los usuarios.
Grist señaló que muchos autos salen de fábrica con cubiertas de baja resistencia al rodamiento, una característica que ayuda a reducir el consumo de nafta y a estirar la autonomía en los modelos eléctricos. Esa ventaja suele desaparecer en el recambio, cuando los compradores eligen opciones sin datos claros sobre su impacto energético.
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En ese escenario, California aprobó la primera norma estatal de Estados Unidos para mejorar la eficiencia de los neumáticos de reemplazo.
La decisión de la Comisión de Energía de California apunta a ordenar un mercado poco transparente y a fijar parámetros mínimos para las cubiertas que se venden después de la compra original del vehículo.

Cómo funcionará la norma y cuándo entrará en vigencia
La regulación se aplicará en dos etapas. La primera comenzará en 2029 e impedirá la venta de los modelos más ineficientes. La segunda arrancará en 2033 con un umbral más exigente.
La autoridad energética estatal aseguró que el calendario se extendió ante los pedidos de fabricantes que reclamaron más tiempo para adaptar sus procesos.
El esquema también incluirá un etiquetado con hojas para identificar el nivel de eficiencia de cada neumático. Cuantas más hojas tenga un modelo, menor será la energía necesaria para mover el vehículo. La calificación máxima será de cuatro hojas.
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De acuerdo con Grist, el sistema busca ofrecer una referencia simple para comparar opciones al momento del recambio.

La norma no alcanzará a todos los segmentos. Quedarán exceptuados los neumáticos para nieve, los de competición y los all-weather.
Aun así, las autoridades de California informaron que seguirán la evolución de esa última categoría porque ganó peso en el mercado y podría quedar bajo regulación más adelante.

El ahorro prometido y la disputa por los costos
La Comisión de Energía de California sostuvo que la iniciativa podría generar ahorros por USD 1.000 millones al año para los conductores en gastos de combustible y recarga.
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El organismo también calculó una baja anual de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que, como detalló Grist, equivale a retirar unos 400.000 autos de circulación.
David Hochschild, presidente de la comisión, afirmó en un comunicado que la aprobación de la norma permitirá “ahorrar aproximadamente USD 1.000 millones al año en repostaje, reducir la contaminación y ampliar la autonomía de los vehículos en circulación”.
El punto más discutido pasó por el precio de las cubiertas. El regulador calculó que los neumáticos más eficientes costarán entre USD 6 y USD 26 más por juego, aunque ese monto quedaría compensado por un menor consumo de energía.
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En esa proyección, el ahorro neto por neumático se ubicaría entre USD 85 y USD 153 a lo largo de su vida útil, con una referencia de USD 4,60 por galón de gasolina.
Esa lectura no convence a todos. Christian Robinson, directivo de la Specialty Equipment Market Association (SEMA), advirtió ante la comisión que “estos neumáticos son, en términos generales, más caros que los que hoy se encuentran en el mercado”.
También aseguró que la iniciativa podría imponer una carga extra sobre las familias trabajadoras. Grist añadió que una estimación citada por esa entidad elevó el sobrecosto potencial hasta USD 365,20.
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Apoyos, objeciones y efecto fuera del estado
Dentro de la industria hubo posiciones divididas. Empresas como Michelin y ENSO respaldaron al menos parte de la regulación.
Francesca Mosteller, directora de asuntos gubernamentales estatales y locales de Michelin North America, dijo ante la comisión que “apoyamos los objetivos de eficiencia y creemos que los umbrales propuestos en esta regulación son técnicamente viables dentro de los plazos definidos”, según informó Grist.
Desde el lado de las organizaciones de consumidores y del ambientalismo hubo apoyo, aunque con reparos.
Karim Marshall, de la Consumer Federation of America, criticó la demora en la entrada en vigor y el número de excepciones, pero defendió el avance regulatorio.
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Bill Magavern, director de políticas de la Coalition for Clean Air, sostuvo que los fabricantes no adoptan ese tipo de mejoras por iniciativa propia y que necesitan estándares públicos para hacerlo.
El antecedente de esta decisión es largo. Grist recordó que la legislatura estatal ordenó trabajar en esta regulación en 2003. El proceso avanzó durante algunos años, quedó en pausa cuando el gobierno federal tomó el tema y volvió a activarse recién cerca de 2020.
The New York Times también repasó ese proceso en su cobertura. Con la aprobación ya formalizada, el alcance de la decisión podría ir más allá de California, como ocurrió antes con otras normas estatales sobre emisiones y eficiencia energética.
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