A un año de que Donald Trump declarara una emergencia por el crimen en Washington y ordenara el envío de la Guardia Nacional, la capital de Estados Unidos sigue con tropas en las calles y ya tiene ese esquema asegurado hasta enero de 2029.
La decisión abrió una disputa política en Washington D.C., donde dirigentes locales, activistas y parte de la población cuestionan una intervención federal que, de acuerdo con cifras oficiales, se mantuvo aunque el delito ya venía en baja.
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De acuerdo con AP News, el anuncio original se realizó el 11 de agosto de 2025 con la promesa de convertir a la ciudad en un lugar “seguro y hermoso”.
Doce meses después, más de 4.600 efectivos militares de D.C. y de 24 estados y territorios seguían desplegados hasta el 4 de agosto, junto con un número no precisado de agentes federales.
Parte de esos contingentes podría retirarse hacia el final del verano boreal, aunque la decisión de prorrogar el dispositivo hasta 2029 dejó en claro que la presencia será mucho más extensa de lo previsto al comienzo.
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El costo del operativo y el debate sobre su efecto en la seguridad
La Casa Blanca defendió la continuidad del despliegue y sostuvo que la operación ayudó a reducir la violencia y a reforzar la seguridad urbana.
La portavoz presidencial Abigail Jackson afirmó, en declaraciones citadas por AP News, que “el presidente Trump transformó a D.C. de una ciudad golpeada por el crimen en un refugio seguro y hermoso para residentes y visitantes”.
Los datos difundidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos indican que desde el inicio del operativo hubo más de 16.000 arrestos, entre ellos 35 sospechosos de homicidio, además de 3.200 detenciones vinculadas a narcóticos y la incautación de casi 2.000 armas ilegales.
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El fiscal general Todd Blanche aseguró, tal y como recogió AP News, que esos resultados “significan vecindarios más seguros y vidas protegidas”.
Aun así, el debate no se agota en esos números. El mismo reporte remarcó que el delito ya estaba en retroceso antes de la intervención federal.
Estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana muestran que el crimen total cayó 20% hasta el viernes frente al mismo período de 2025. En ese recorte también figura una baja de 32% en los homicidios, que pasaron de 97 a 66 casos.
Con esos registros sobre la mesa, los críticos del operativo ponen en duda cuánto de la mejora responde a la presencia militar y cuánto a políticas locales previas.
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El costo también alimenta los cuestionamientos. El Departamento de Defensa estima que la extensión del operativo hasta 2029 costará alrededor de USD 1.400 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el primer año de la misión insumiría unos USD 660 millones, sobre la base de un promedio mensual de 2.900 soldados.
La autonomía de Washington, en el centro de la controversia
La objeción de fondo apunta al margen de decisión local de la capital. A diferencia de otros estados, Washington D.C. tiene un estatus especial como distrito federal creado por el Congreso, lo que le da a la presidencia una capacidad de intervención mucho mayor sobre su policía y sobre la Guardia Nacional de D.C.
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AP News explicó que esa condición institucional reduce la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
La concejal Brianne K. Nadeau afirmó que “el hecho de que todavía tengamos a la Guardia Nacional en nuestras calles un año después, sin un final a la vista, es realmente desmoralizante”.
En la misma línea, Scott Michelman, director legal de la filial local de la ACLU, sostuvo ante AP News que existe “una profunda ironía” en que la capital de “el mundo libre” sea tratada “como un Estado policial”.
La alcaldesa saliente Muriel Bowser también calificó la operación como una “intervención federal sin precedentes” y remarcó que el episodio volvió a exponer la falta de autogobierno y de condición de estado de la ciudad.
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En su postura pública evitó el tono de confrontación directa con Trump, aunque dejó constancia de que la actividad del ICE en ciudades estadounidenses y la presencia de tropas llegadas desde otros estados siguen bajo cuestionamiento.
Elecciones, resistencia local y temor por el precedente
El conflicto ya impacta en la política local. Las primarias demócratas de junio impulsaron candidaturas que colocaron en primer plano la defensa de la autonomía de D.C. y el reclamo por la estatalidad.
Entre ellas aparece Janeese Lewis George, favorita para convertirse en la próxima alcaldesa, y Robert White Jr., ganador de la interna para representar a la ciudad en el Congreso.
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Desde sectores activistas también surgieron advertencias sobre el precedente que deja una capital federal con tropas en las calles de cara a las elecciones de medio término y a la presidencial de 2028.
Alex Dodds, cofundador del grupo FreeDC, aseguró a AP News que la principal preocupación es imaginar una futura crisis política con “5.000 soldados listos para formar parte de esa situación”.
Mientras el gobierno federal reivindica el operativo por sus resultados en seguridad, una parte de los residentes insiste en que la ciudad no necesitaba esa demostración de fuerza. Una vecina citada por AP News, Donna Powell, resumió esa mirada con una frase breve: “Ya somos seguros y hermosos. No necesitamos a toda esta Guardia Nacional aquí”.
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