Un médico fue acusado de intentar estafar 4,3 millones de dólares al programa Medicaid de Georgia

Un médico del área de Atlanta enfrenta uno de los casos de fraude sanitario más notorios de los últimos años en Georgia. Murrell Carnel Rutledge Jr., de 52 años y propietario de Rutledge Medical Associates en East Point, fue acusado de intentar defraudar 4,3 millones de dólares al programa Medicaid estatal, según informó la fiscalía federal. El caso ha sacudido a la comunidad médica local y se inscribe en el marco de una amplia investigación nacional sobre fraudes a los sistemas Medicare y Medicaid, dos de los principales programas públicos de salud en Estados Unidos.

La acusación formal contra Rutledge se basa en una serie de pruebas presentadas ante el tribunal federal, donde se sostiene que entre enero de 2017 y marzo de 2023 el médico presentó, o hizo que se presentaran, más de 11.300 reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicaid de Georgia. Estas solicitudes correspondían principalmente a “sesiones prolongadas de psicoterapia presenciales” que, de acuerdo con la investigación, nunca se llevaron a cabo. Además, se incluyen reclamaciones por supuestas extirpaciones de quistes, pruebas de alergia y tratamientos de heridas que tampoco fueron realizados.

Las cifras del esquema atribuido a Rutledge son contundentes: en total, solicitó 4,3 millones de dólares al programa Medicaid del estado, de los cuales recibió efectivamente 2,6 millones. El detalle del fraude revela que, entre febrero de 2019 y junio de 2022, Rutledge presentó cerca de 900 reclamaciones por extirpaciones de quistes pilonidales complejos; entre enero de 2018 y junio de 2022, unas 1.500 reclamaciones por incisión y drenaje de abscesos o hematomas profundos; entre julio de 2017 y marzo de 2023, cerca de 7.900 reclamaciones por sesiones largas de psicoterapia presencial; y, entre enero de 2017 y junio de 2022, más de 1.000 reclamaciones por pruebas de alergia supuestamente innecesarias. Todas estas solicitudes de reembolso no correspondían a servicios efectivamente prestados a pacientes.

La acusación contra Rutledge forma parte de un operativo federal de gran escala: la Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica 2026. Esta campaña, coordinada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha tenido como objetivo desenmascarar y enjuiciar esquemas fraudulentos que afectan tanto a Medicare como a Medicaid en todo el país. Los resultados de la operación han sido de envergadura: se presentaron cargos contra 455 personas, entre ellas 90 médicos y otros profesionales de la salud con licencia, por delitos vinculados al fraude sanitario y al abuso de opioides. Estas acciones se relacionan con más de 6.500 millones de dólares en reclamaciones falsas, y han involucrado graves daños a pacientes, incluyendo fallecimientos en algunos casos.

La magnitud de la operación se refleja también en la extensión geográfica de la ofensiva judicial y policial: los cargos fueron presentados en 56 distritos federales y en 45 estados y territorios de Estados Unidos. Participaron 50 Unidades de Control de Fraude de Medicaid estatales, la cifra más alta registrada por el Departamento. Asimismo, la cooperación internacional permitió la detención y extradición de acusados en países como Chipre, Estonia y Filipinas, a raíz de esquemas que suman miles de millones de dólares en fraude sanitario.

Las autoridades federales y estatales han sido enfáticas al condenar este tipo de delitos. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, declaró: “Estamos persiguiendo el fraude en todas sus formas y luchando para proteger el dinero de los contribuyentes. Si roban de nuestro programa Medicaid, tendrán que rendir cuentas y devolver todo el dinero sustraído”. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg, por su parte, subrayó que los acusados “explotaron nuestro sistema de salud para enriquecerse” y que estos crímenes perjudican tanto a los contribuyentes como a la capacidad de los programas públicos para garantizar atención a quienes la necesitan. Desde la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS-OIG), la agente especial Kelly Blackmon puso el foco en la necesidad de exigir responsabilidades a quienes desvían fondos destinados a las poblaciones más vulnerables.

En paralelo al caso de Rutledge, el Departamento de Justicia también anunció la acusación contra Lonnie Releford, de 57 años y residente de Atlanta, por un cargo de ocultación de información relevante en temas de salud. Según la fiscalía, Releford habría solicitado y obtenido puestos de enfermería en hospitales y residencias de ancianos entre agosto de 2021 y abril de 2025, mintiendo sobre su formación académica, presentando documentos falsos y suplantando la identidad de una enfermera real.

Releford, que no poseía título ni estaba autorizado para ejercer en Georgia, también habría ocultado sus antecedentes penales, incluyendo condenas previas por robo de identidad y fraude. Como resultado de sus engaños, varios centros médicos pagaron su salario y facturaron a Medicare y Medicaid por servicios que legalmente no podía prestar.

La Operación Nacional contra el Fraude en la Atención Médica 2026 destaca por su nivel de coordinación e innovación. Durante la operación, se incautaron más de 182 millones de dólares en efectivo, propiedades, vehículos de lujo y joyas. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid suspendieron a 1.079 proveedores y revocaron los privilegios de facturación a 1.403 proveedores. Se firmaron 48 acuerdos de sanciones civiles por un monto superior a 73 millones de dólares, y se excluyó a más de 1.400 proveedores del sistema. También se presentaron cargos civiles y acuerdos extrajudiciales por varios millones de dólares más. La Agencia Antidrogas (DEA) presentó 928 casos administrativos que buscan revocar permisos para manejar sustancias controladas.

El procesamiento de los casos de Rutledge y Releford está a cargo de la Unidad Nacional de Respuesta Rápida de Fraude en la Atención Médica, en colaboración con oficinas fiscales de diversos distritos y la División de Fraude de Medicaid y Protección del Paciente de Georgia. La investigación contó también con la participación de la HHS-OIG y las MFCU estatales en todo el país.

Por último, la fiscalía recordó que la acusación formal contra Rutledge y la denuncia penal contra Releford constituyen únicamente cargos y que ambos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad o admitan responsabilidad ante el tribunal. El caso se inscribe en la labor de la recientemente creada División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, que se dedica a investigar y procesar delitos de fraude contra programas públicos.