Un tribunal federal en Massachusetts anuló una política migratoria del gobierno de Donald Trump que exigía el pago de USD 100.000 para tramitar la visa H-1B de trabajadores extranjeros calificados.
El fallo, firmado por el juez Leo Sorokin, concluyó que la tasa extraordinaria carecía de sustento legal y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos.
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La sentencia restableció el esquema previo de tasas para las visas H-1B, que oscilaba entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud.
Sorokin sostuvo que la nueva tarifa operaba como un impuesto no autorizado por el Congreso, por lo que resultó inconstitucional y ordenó anularla.
La Casa Blanca, bajo Donald Trump, la defendió como un mecanismo para restringir la llegada de trabajadores extranjeros y proteger el mercado laboral, pero la Justicia desestimó ese argumento.
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La decisión del juez Leo Sorokin invalidó la tasa extraordinaria de USD 100.000 que se aplicaba a la visa H-1B y devolvió el sistema al esquema anterior de aranceles, de USD 2.000 a USD 5.000 por solicitud.
El magistro consideró que el cobro funcionaba como un impuesto sin autorización del Congreso y, por eso, vulneraba la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.
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El impacto del cobro se reflejó en la operatoria: hasta febrero solo se habían procesado 85 pagos bajo el nuevo esquema, con una caída en el volumen de solicitudes frente a años previos.
Documentos oficiales y reportes de empresas tecnológicas y universidades advirtieron que el aumento de costos dificultaba la captación de talento internacional y afectaba la competitividad en sectores como tecnología, ingeniería, medicina y derecho.
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Cambios en el programa H-1B y efectos para empresas y profesionales
Desde septiembre de 2025, el sistema de selección y los costos asociados a la visa H-1B se modificaron, con requisitos más estrictos para los profesionales extranjeros y mayores desembolsos para las empresas patrocinadoras.
La inscripción, exclusivamente en línea, exige un pago inicial de USD 215 y, para quienes resulten seleccionados, podía escalar hasta USD 100.000 por la suma de tasas administrativas, costos de tramitación y la tasa extraordinaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.
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El nuevo marco priorizó a candidatos con credenciales académicas más altas y salarios superiores, y restringió la posibilidad de inscripción múltiple de un mismo aspirante.
El período de inscripción se abre cada año en marzo y el proceso de selección se completa antes de finalizar ese mes. Solo los candidatos elegidos pueden abonar el total y avanzar con el trámite definitivo de la visa.
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El acceso más restrictivo y las exigencias económicas elevadas consolidaron un escenario en el que las empresas con mayor capacidad financiera y los profesionales con perfiles académicos destacados quedaron en mejores condiciones de competir.
El cupo anual no cambió: 40.000 visas para profesionales que vienen del exterior y 25.000 adicionales para graudados avanzados. Aun así, se anticipó una reducción de beneficiarios y una concentración en posiciones de mayor nivel salarial.
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El marco de la reforma y su impacto en la inmigración calificada
La reforma vigente digitalizó el proceso de registro y selección, reemplazó el sorteo tradicional y priorizó criterios académicos y salariales.
Según las autoridades federales, el objetivo fue “proteger mejor los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”.
La normativa también prohibió que un mismo candidato se inscriba varias veces a través de distintas empresas, con descalificación automática ante intentos de duplicidad.
El programa H-1B es una vía central para incorporar talento extranjero en áreas con escasez de mano de obra local calificada.
Compañías como Google, Microsoft y Amazon recurrieron históricamente a este visado para cubrir funciones estratégicas, aunque especialistas en migración advirtieron que muchas startups y empresas medianas podían quedar fuera si no lograban afrontar los nuevos costos.
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En 2024 se otorgaron más de 126.000 visas H-1B en Estados Unidos, en su mayoría para profesionales del sector tecnológico y con títulos avanzados.
La Casa Blanca aún no hizo comentarios respecto al fallo, según consignó la agencia Reuters. Al menos dos otras demandas siguen activas contra la tarifa.
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