Un tribunal federal en Massachusetts anuló una política migratoria del gobierno de Donald Trump que exigía el pago de USD 100.000 para tramitar la visa H-1B de trabajadores extranjeros calificados.
El fallo, firmado por el juez Leo Sorokin, concluyó que la tasa extraordinaria carecía de sustento legal y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos.
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La sentencia restableció el esquema previo de tasas para las visas H-1B, que oscilaba entre USD 2.000 y USD 5.000 por solicitud.
Sorokin sostuvo que la nueva tarifa operaba como un impuesto no autorizado por el Congreso, por lo que resultó inconstitucional y ordenó anularla.
La Casa Blanca, bajo Donald Trump, la defendió como un mecanismo para restringir la llegada de trabajadores extranjeros y proteger el mercado laboral, pero la Justicia desestimó ese argumento.
La decisión del juez Leo Sorokin invalidó la tasa extraordinaria de USD 100.000 que se aplicaba a la visa H-1B y devolvió el sistema al esquema anterior de aranceles, de USD 2.000 a USD 5.000 por solicitud.
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El magistro consideró que el cobro funcionaba como un impuesto sin autorización del Congreso y, por eso, vulneraba la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos.
El impacto del cobro se reflejó en la operatoria: hasta febrero solo se habían procesado 85 pagos bajo el nuevo esquema, con una caída en el volumen de solicitudes frente a años previos.
Documentos oficiales y reportes de empresas tecnológicas y universidades advirtieron que el aumento de costos dificultaba la captación de talento internacional y afectaba la competitividad en sectores como tecnología, ingeniería, medicina y derecho.
Cambios en el programa H-1B y efectos para empresas y profesionales
Desde septiembre de 2025, el sistema de selección y los costos asociados a la visa H-1B se modificaron, con requisitos más estrictos para los profesionales extranjeros y mayores desembolsos para las empresas patrocinadoras.
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La inscripción, exclusivamente en línea, exige un pago inicial de USD 215 y, para quienes resulten seleccionados, podía escalar hasta USD 100.000 por la suma de tasas administrativas, costos de tramitación y la tasa extraordinaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.
El nuevo marco priorizó a candidatos con credenciales académicas más altas y salarios superiores, y restringió la posibilidad de inscripción múltiple de un mismo aspirante.
El período de inscripción se abre cada año en marzo y el proceso de selección se completa antes de finalizar ese mes. Solo los candidatos elegidos pueden abonar el total y avanzar con el trámite definitivo de la visa.
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El acceso más restrictivo y las exigencias económicas elevadas consolidaron un escenario en el que las empresas con mayor capacidad financiera y los profesionales con perfiles académicos destacados quedaron en mejores condiciones de competir.
El cupo anual no cambió: 40.000 visas para profesionales que vienen del exterior y 25.000 adicionales para graudados avanzados. Aun así, se anticipó una reducción de beneficiarios y una concentración en posiciones de mayor nivel salarial.
El marco de la reforma y su impacto en la inmigración calificada
La reforma vigente digitalizó el proceso de registro y selección, reemplazó el sorteo tradicional y priorizó criterios académicos y salariales.
Según las autoridades federales, el objetivo fue “proteger mejor los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”.
La normativa también prohibió que un mismo candidato se inscriba varias veces a través de distintas empresas, con descalificación automática ante intentos de duplicidad.
El programa H-1B es una vía central para incorporar talento extranjero en áreas con escasez de mano de obra local calificada.
Compañías como Google, Microsoft y Amazon recurrieron históricamente a este visado para cubrir funciones estratégicas, aunque especialistas en migración advirtieron que muchas startups y empresas medianas podían quedar fuera si no lograban afrontar los nuevos costos.
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En 2024 se otorgaron más de 126.000 visas H-1B en Estados Unidos, en su mayoría para profesionales del sector tecnológico y con títulos avanzados.
La Casa Blanca aún no hizo comentarios respecto al fallo, según consignó la agencia Reuters. Al menos dos otras demandas siguen activas contra la tarifa.
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