Una bióloga de Florida ganó 485.000 dólares tras ser despedida por una publicación sobre Charlie Kirk después de su muerte

Una disputa legal en Florida ha terminado con una indemnización de 485.000 dólares para la bióloga Brittney Brown, quien fue despedida de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) tras una publicación en redes sociales relacionada con la muerte del activista conservador Charlie Kirk. El caso, que ha captado la atención nacional, expone la compleja relación entre la libertad de expresión y las consecuencias laborales en el sector público estadounidense.

La controversia comenzó en septiembre, cuando la FWC decidió despedir a Brown después de que la científica compartiera en su cuenta personal de Instagram un meme sobre Charlie Kirk. En la imagen, se sugería que a Kirk no le importaría que dispararan a niños en sus aulas, comentario realizado tras el asesinato del activista en un campus universitario de Utah. Tras su despido, Brown interpuso una demanda para ser reincorporada, argumentando que la medida le impedía encontrar empleo, ya que la FWC es el principal organismo regulador de su especialidad en investigación sobre conservación de aves. El jueves, Brown y los directores de la agencia firmaron un acuerdo extrajudicial que contempla el pago de 485.000 dólares, suma que cubre salarios atrasados, daños y perjuicios y costas legales. Como condición, Brown no podrá volver a buscar empleo en la FWC.

El despido de Brown no fue un caso aislado. Tras el asesinato de Kirk, decenas de trabajadores, tanto del sector público como del privado, enfrentaron sanciones e incluso despidos por comentarios realizados en redes sociales sobre el crimen. Existen demandas pendientes de resolución presentadas por varias personas que, como Brown, perdieron su trabajo tras expresar opiniones o bromas sobre la muerte de Kirk. La reacción fue especialmente intensa en redes sociales, donde la vigilancia y denuncia de publicaciones consideradas ofensivas se tradujo en consecuencias laborales inmediatas para quienes participaron.

Uno de los factores clave en la escalada de despidos fue la actuación de la cuenta conservadora Libs of TikTok. Esta cuenta, con millones de seguidores, recopiló y difundió la identidad y los lugares de trabajo de quienes publicaron mensajes que, a juicio de los seguidores de Kirk, celebraban su muerte. Influencers como Laura Loomer prometieron públicamente arruinar la carrera de quienes se burlaran del asesinato. Según la demanda de Brown, la cuenta Libs of TikTok publicó información sobre ella apenas diez minutos después de su despido y antes de que la noticia se hiciera pública, lo que alimentó la presión sobre su empleador y multiplicó el escrutinio social.

El fenómeno no se limitó a Florida. En Tennessee, un caso similar involucró a Larry Bushart, un policía jubilado que fue encarcelado durante 37 días por una publicación en Facebook en la que bromeaba sobre el asesinato de Kirk. Durante ese tiempo, Bushart perdió su empleo tras la jubilación y no pudo estar presente en el nacimiento de su nieta. Las autoridades de Tennessee acordaron el pago de 835.000 dólares para resolver la demanda presentada por Bushart, después de que se retiraran finalmente los cargos por delito grave en su contra.

En cuanto al perfil profesional de Brittney Brown, la bióloga trabajó durante aproximadamente siete años para la FWC, dedicándose principalmente al estudio y conservación de aves costeras y marinas en la región del Panhandle de Florida. Su experiencia y especialización la convertían en una figura relevante dentro del organismo, lo que agravó el impacto de su despido en su carrera.

Desde el ámbito jurídico y de derechos civiles, la abogada Carrie McNamara, integrante de la ACLU de Florida, valoró el acuerdo alcanzado como “una reivindicación muy merecida”. McNamara sostuvo que la indemnización envía un mensaje claro a los funcionarios estatales sobre la protección de la libertad de expresión: “La Primera Enmienda no desaparece cuando alguien acepta un trabajo en el gobierno”, afirmó, enfatizando la vigencia de los derechos constitucionales incluso en el ámbito laboral público.

La actuación de la exsupervisora de Brown, Melissa Tucker, directora de Conservación de Hábitats y Especies de la FWC, también fue objeto de revisión judicial. Tucker había declarado que la publicación de Brown había generado cientos de quejas formales y provocado graves trastornos en el funcionamiento de la agencia. Sin embargo, una investigación reveló que en realidad solo se recibieron alrededor de 50 quejas. Por este motivo, el juez de distrito Mark Walker impuso sanciones a Tucker la semana pasada por exagerar la cantidad de quejas y no corregir la información en el registro público.