Nueva York impulsa prohibición de montos mínimos para pagos con tarjeta de crédito

Nueva York podría transformar la dinámica diaria de las transacciones digitales para consumidores y pequeños comercios con un proyecto legislativo que busca prohibir la imposición de montos mínimos superiores a USD 10 para pagos con tarjeta de crédito.

El objetivo es restringir la práctica, frecuente en tiendas y bodegas, de exigir compras a partir de USD 15 o USD 20 para compensar el costo de las comisiones de procesamiento, lo que afecta de forma directa a quienes utilizan métodos electrónicos, y ratificar el marco que ya establece la ley federal. Así lo informó El Diario NY, el diario especializado en noticias para la comunidad hispana de Nueva York.

De implementarse la medida, los establecimientos deberán mantener el monto mínimo de tarjeta de crédito en USD 10 como máximo para cualquier operación de venta, alquiler o préstamo de bienes y servicios al público en Nueva York, según precisó El Diario NY.

El proyecto, impulsado por el concejal Christopher Marte, exige la exhibición visible de la norma en los puntos de venta y habilita canales de denuncia digital gestionados por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), el organismo local encargado de la fiscalización comercial.

La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank, aprobada en 2010, autoriza a los comercios a establecer un mínimo de hasta USD 10 para pagos con tarjeta de crédito, siempre que se aplique de manera uniforme a todas las tarjetas aceptadas.

Antes de la entrada en vigor de la ley, redes como Visa y MasterCard prohibían a los comerciantes fijar cualquier monto mínimo; la Dodd-Frank modificó esos acuerdos y permitió a los negocios imponer esta restricción dentro del tope legal.

La reforma legislativa propuesta impactaría de manera directa tanto en los consumidores, que dejarían de estar obligados a gastar más de lo planeado para usar la tarjeta, como en los comercios, que deberán adaptar sus sistemas internos a la nueva exigencia.

Según el comunicado oficial del Concejo Municipal, el órgano legislativo de la ciudad, la iniciativa “permitirá que aquellas empresas que necesiten exigir un monto mínimo de compra puedan hacerlo, garantizando al mismo tiempo que los clientes no sean coaccionados a adquirir más productos de los que tenían intención de comprar”.

El impacto directo en la experiencia de compra

La aprobación de esta disposición podría modificar la experiencia de compra en pequeños comercios y bodegas, donde hasta ahora era común la exigencia de consumos mínimos superiores al marco federal permitido.

Si prospera el proyecto, los consumidores podrán utilizar sus tarjetas de crédito para operaciones a partir de USD 10, sin verse obligados a agregar productos no deseados a su compra. Según el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, la medida busca reducir barreras al uso de métodos electrónicos y fortalecer los derechos del usuario en cada transacción.

Para los comercios, la normativa implica nuevas obligaciones: deberán capacitar a su personal, actualizar sus sistemas y exhibir de manera visible la información sobre el monto mínimo permitido.

Se aplicarán multas de hasta USD 1.000 en caso de una primera infracción y USD 1.500 si se reincide. La nueva plataforma digital de denuncias facilitará la presentación de quejas por parte de los consumidores y agilizará la respuesta oficial ante posibles violaciones.

El debate ha generado resistencia en el sector minorista. Bartolomé Fernández, bodeguero del Bronx, advirtió que regulaciones como esta “parecen diseñadas para reducir aún más las ganancias de los pequeños comerciantes, quienes ya operan con márgenes mínimos”.

Los comerciantes argumentan que las swipe fees (comisiones por uso de tarjeta) impactan negativamente en ventas de bajo monto y justifican la fijación de mínimos superiores como mecanismo de protección económica.

Antecedentes regulatorios y acceso a medios de pago

La discusión actual se inscribe en un marco regulatorio que ya ha sido objeto de reformas en los últimos años. En 2021, el Código Administrativo de Nueva York fue modificado para prohibir que los comercios rechacen pagos en efectivo y para impedir la discriminación de precios según el método de pago.

Estas medidas, implementadas por el Concejo Municipal y supervisadas por el DCWP, buscan proteger a los consumidores que no acceden a banca electrónica ni a tarjetas, y garantizar la equidad en el acceso a bienes y servicios.

El acceso desigual a servicios financieros sigue siendo un desafío. Según la Contraloría de Nueva York, el órgano oficial de control financiero de la ciudad, alrededor de 800.000 no poseen cuentas bancarias, situación que los coloca en una posición vulnerable ante recargos o restricciones en los medios de pago.

La imposición de compras mínimas o la negativa a aceptar efectivo afecta de manera particular a este segmento, limitando sus opciones y dificultando la administración cotidiana de sus recursos.

Desafíos y perspectivas para consumidores y comercios

La clave del debate es cómo Nueva York busca equilibrar la protección al consumidor con la sostenibilidad de las pequeñas empresas ante los costos operativos impuestos por terceros. Para los consumidores, la nueva regulación promete mayor libertad de elección y una experiencia de compra ajustada a sus necesidades reales.

Para los comercios, el desafío será adaptarse a un contexto más controlado, con riesgos de sanción y menor margen para trasladar los costos de procesamiento en ventas menores.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador ejercerá la autoridad de aplicación, con facultades para fiscalizar, recibir denuncias y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.

Según los legisladores, la iniciativa responde a demandas de transparencia y equidad en las transacciones minoristas, alineando la legislación local con las disposiciones federales y reforzando el rol de la administración pública en la defensa de los usuarios.