Singapur autoriza a los profesores a azotar a alumnos desde los 9 años para combatir el bullying escolar

El gobierno de Singapur anunció que a partir de 2027 los docentes podrán aplicar el castigo físico del azote a alumnos desde los nueve años como parte de una nueva estrategia contra el acoso escolar. La medida, presentada como un “último recurso” ante faltas graves, se enmarca en una política educativa que busca reforzar los límites mediante consecuencias calificadas como “firmes y significativas”. El enfoque, sin embargo, ha reabierto el debate internacional por el uso de la disciplina física en las escuelas y sus efectos sobre la salud mental y el desarrollo infantil.

De acuerdo con cifras citadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicadas en agosto de 2025, entre el 25% y el 50% de los niños del mundo experimentan castigos corporales en los entornos educativos. La OMS sostiene que “las consecuencias del castigo corporal a la infancia pueden durar toda la vida y socavar la salud física y mental, la educación, así como el funcionamiento social y laboral”. El organismo internacional afirma existir “evidencia científica abrumadora” sobre los riesgos vinculados a esta práctica y no reconoce ningún beneficio para menores, familias o sociedades.

Opción exclusiva para varones y en casos graves

El ministro de Educación Desmond Lee declaró ante el Parlamento que el uso del azote está autorizado únicamente cuando otras medidas disciplinarias han resultado “insuficientes”, en correspondencia con la gravedad de la conducta. Según Lee, los equipos directivos y docentes deben evaluar factores como la madurez del alumno y el potencial pedagógico del castigo para comunicar la gravedad de la falta. El ministro indicó ante los legisladores, según el medio CNN, que el procedimiento se rige por “estrictos protocolos para garantizar la seguridad del estudiante”: la aprobación recae exclusivamente en el director y la ejecución corresponde a profesionales habilitados.

La regulación oficial, disponible en el sitio web del Ministerio de Educación, establece que solo se permite el uso del látigo en varones, y únicamente frente a infracciones calificadas de graves. El texto indica: “El castigo físico es una opción disciplinaria solo para niños y se emplea como recurso final, estrictamente cuando sea absolutamente necesario”.

El ministro Lee afirmó, de acuerdo a lo publicado por CNN, que la política responde a investigaciones que demuestran que los jóvenes mejoran su toma de decisiones cuando se establecen límites claros y consecuencias tangibles. Sostuvo que, en opinión del gobierno, la práctica contribuye a reducir los episodios de intimidación en el ámbito escolar.

Casos recientes y antecedentes que reflejan la severidad de la legislación singapurense

El historial legal de Singapur incluye episodios de amplia repercusión internacional en los que el rigor de sus normas ha afectado a menores extranjeros. Uno de los más recordados es el caso de Michael Fay: el estadounidense, detenido en 1993 con dieciocho años, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y seis azotes como castigo por vandalismo y robo. Aunque la intervención del entonces presidente Bill Clinton redujo la condena a cuatro azotes, el incidente provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, mientras las autoridades de Singapur defendieron la necesidad de mantener sus propias leyes incluso ante la presión internacional.

A finales de abril, un adolescente francés fue procesado por dos delitos susceptibles de hasta dos años de prisión tras lamer una pajilla en una máquina expendedora de jugo y devolverla al dispensador. Este episodio se suma a una serie de incidentes involucrando a jóvenes que han enfrentado el sistema judicial local por infracciones menores, ilustrando la consistencia de la legislación disciplinaria en el país.

Singapur, reconocido globalmente por su prosperidad y controles estrictos, permanece como una excepción a la tendencia global de desaparición del castigo físico escolar, sostenida por parte de Asia y algunos países africanos. Aún así, organismos internacionales insisten en su eliminación, citando sus efectos nocivos y la falta de ventajas demostrables para el desarrollo juvenil o el orden social.