Un dron sobrevoló la madrugada del 14 de marzo las instalaciones del Marcy Correctional Facility en el norte del estado de Nueva York y liberó un paquete con cuchillos, sustancias sospechosas y productos electrónicos en el interior del recinto penitenciario.
La intervención inmediata del personal permitió recuperar el envío, que forma parte de un fenómeno en crecimiento que ya impulsó propuestas legislativas estatales para endurecer el control y sanción del uso ilícito de drones cerca de centros correccionales, según informó USA Today.
Entre los objetos incautados se encontraban dos cuchillos de doble filo de 20 centímetros, más de 450 gramos de “sustancia vegetal verde” envuelta en plástico y globos, cinco hojas de papel impregnadas con productos químicos, un teléfono móvil, dos cortadoras de cabello eléctricas con sus accesorios y cuatro bandanas, detalló el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York a USA Today.
El paquete presentaba cables expuestos, lo que motivó la intervención de la brigada antibombas de la Policía Estatal de Nueva York para descartar amenazas explosivas antes de su apertura. La nave no tripulada fue localizada fuera del perímetro de la prisión, ubicada en Marcy, a unos 87 kilómetros al este de Syracuse.
Las autoridades comunicaron que no se identificó a los responsables del intento de contrabando hasta el momento y que la investigación continúa abierta.
Este episodio se suma al menos a 130 incidentes similares registrados en prisiones federales entre 2015 y 2019, una cifra que el Instituto Nacional de Justicia, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considera conservadora, ya que la documentación es incompleta.
El uso de drones para contrabando crece, acentuando los riesgos de violencia en cárceles
“El ingreso de contrabando en las cárceles alienta la violencia y pone en peligro tanto al personal como a la población reclusa”, explicó Daniel F. Martuscello III, comisionado del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, en declaraciones a USA Today.
Martuscello señaló que la utilización de drones para introducir armas, drogas y teléfonos móviles representa “una amenaza inminente y en evolución”, que desafía los controles implementados para cerrar otras vías de acceso.
Frente a este escenario, el departamento expresó su respaldo a la iniciativa de la gobernadora Kathy Hochul, que propone reforzar la capacidad de las autoridades estatales para enfrentar el uso ilícito de drones. El proyecto plantea prohibir la operación no autorizada de estas aeronaves y restringir su actividad sobre áreas sensibles, como las cárceles.
Además, se incluirían nuevos delitos específicos y se otorgarían mayores facultades a las fuerzas de seguridad para detectar, interceptar y neutralizar drones que representen un riesgo para la seguridad pública. La propuesta prevé también la creación de un registro estatal de drones y de tecnologías destinadas a contrarrestar estas incursiones, informó el Departamento Correccional a USA Today.
Chris Summers, presidente de la Asociación de Oficiales Correccionales y Benevolencia Policial del Estado de Nueva York, confirmó a USA Today que el uso de drones con fines delictivos “constituye una amenaza creciente para la seguridad” en los centros penitenciarios.
Summers apoyó la propuesta legislativa de la gobernadora, que contempla criminalizar la operación de drones a menos de 150 metros de una cárcel, e instó a la legislatura estatal a respaldar la medida.
El Instituto Nacional de Correcciones de Estados Unidos, institución federal de formación y análisis carcelario, indicó que la entrada de armas y drogas en las prisiones representa un riesgo grave de violencia y consumo en entornos donde existen altos niveles de conflictos.
El mismo fenómeno se registra en otras jurisdicciones: en diciembre de 2025, un dron entregó “patas de cangrejo, filetes y drogas” en una cárcel de Carolina del Sur; en marzo de 2024, las autoridades de Georgia acusaron a 150 personas por su implicación en una red de contrabando carcelario que utilizaba sistemas aéreos no tripulados, informó USA Today.
Marcy Correctional Facility bajo el foco por denuncias y reformas tras el fallecimiento de Robert Brooks
La Marcy Correctional Facility está bajo escrutinio creciente debido a denuncias de abuso de autoridad, represalias, condiciones deficientes y atención médica insuficiente, según la Correctional Association of New York, organización independiente de supervisión carcelaria citada por USA Today.
La presión pública se intensificó en 2024, tras la muerte de Robert Brooks, una persona privada de libertad de 43 años, quien fue agredido por varios agentes dentro del penal y murió en el hospital. Las cámaras corporales de los oficiales estaban en modo de espera, aunque sí registraron imágenes que muestran cómo Brooks, esposado, fue golpeado y asfixiado.
A raíz de ese caso, la gobernadora Kathy Hochul ordenó el despido de más de una docena de funcionarios penitenciarios y reformas inmediatas en la prisión, según informó USA Today. Diez agentes enfrentaron cargos judiciales: siete admitieron su responsabilidad por homicidio u otros delitos leves, uno fue declarado culpable de asesinato y dos resultaron absueltos.
La muerte de Brooks reavivó las demandas de reforma en el sistema penitenciario del estado. Organizaciones defensoras de los derechos civiles destacaron la existencia de antecedentes de denuncias y demandas por prácticas abusivas en Marcy y en otros centros correccionales.
En los últimos 20 años, la abogada Katie Rosenfeld litigó varios casos contra el sistema penitenciario por maltrato a internos en Marcy, de acuerdo con USA Today. Otra demanda presentada en 2023 por la letrada Amy Jane Agnew acusó a funcionarios de emplear represalias violentas durante traslados de personas privadas de libertad.
Estos episodios ilustran la situación que enfrenta el sistema penitenciario neoyorquino, donde los desafíos tecnológicos en el control de ingresos ilícitos coinciden con demandas sociales por transparencia y rendición de cuentas.
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