El gasto público destinado a la atención de personas sin hogar en Nueva York alcanzó cifras nunca vistas, mientras persisten las dudas sobre la eficacia de los programas implementados. La ciudad gasta actualmente hasta USD 81.000 por persona en situación de calle y proyecta elevar la cifra a casi USD 97.000 en el próximo año, debido al aumento de los costos en vivienda asistida, mayores servicios para solicitantes de asilo y la inflación, según datos del Contralor estatal Thomas DiNapoli y reportes del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (NYC DHS).
El incremento sostenido del presupuesto, con un salto de USD 102 millones en 2018 a USD 368 millones en 2025, mientras la población sin techo creció solo un 26% en ese período, reabre el debate sobre el destino y la eficiencia de los recursos públicos en la ciudad más grande de Estados Unidos.
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El fenómeno movilizó tanto a funcionarios como a analistas presupuestarios, quienes advierten sobre la falta de mecanismos efectivos para medir el impacto real del gasto. Las respuestas emergieron de informes oficiales y análisis independientes que examinaron la gestión de una de las mayores crisis urbanas de la década.
El salto del gasto: cifras y responsables
El informe más reciente de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, publicado en marzo de 2026, precisa que el gasto anual para atender a cada persona sin refugio supera ya los USD 81.000, una cifra que podría elevarse a USD 97.000 según previsiones de la alcaldía para el próximo ciclo presupuestario, impulsada por la necesidad de ampliar capacidad en refugios, nuevos servicios de salud mental y alojamientos para solicitantes de asilo.
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Este aumento obedece a partidas crecientes asignadas por el ayuntamiento, que pasaron de USD 102 millones en 2018 a USD 368 millones en 2025, mientras que la población sin hogar solo se incrementó un 26% en ese lapso.
El documento oficial subraya que estas cifras no incluyen asignaciones adicionales como los USD 500 millones anuales destinados a vivienda asistida, equipos de respuesta en salud mental y operativos policiales para el desalojo de espacios públicos.
DiNapoli alerta sobre la necesidad de mayor transparencia y enfoque en la evaluación de los servicios que realmente funcionan, ya que el aumento de recursos no se ha traducido en mejoras proporcionales en la reducción de la población sin techo.
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Programas, subsidios y falta de resultados claros
La Ciudad de Nueva York canaliza la mayoría de sus fondos a través del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (NYC DHS), que administra refugios, programas de prevención y asistencia. El reporte anual del organismo detalla que los costos diarios por persona en refugios especializados y hoteles han subido de manera constante, presionados por la inflación, la falta de viviendas asequibles y la ampliación de servicios para solicitantes de asilo.
Por su parte, el Citizens Budget Commission (CBC), organismo independiente de control presupuestario, advierte que el principal programa de subsidios habitacionales, CityFHEPS, superará los USD 1.100 millones en 2025, al tiempo que perduran las dudas sobre su eficacia para reducir el gasto global y lograr la reintegración de las personas afectadas.
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El CBC remarca que la falta de transparencia y de métricas claras limita la capacidad de evaluar los resultados reales de las políticas implementadas.
Críticas, demandas y posiciones encontradas
Diversos actores políticos y sociales piden una revisión integral del sistema. DiNapoli enfatiza que no existe un enfoque sistemático que permita identificar qué servicios tienen impacto positivo y cuáles no.
El excontralor municipal Scott Stringer describe la situación como “un llamado de alerta para asegurarse de que cada dólar cuente”, según recogió el diario New York Post.
El debate se intensifica en el Concejo Municipal, donde algunos sectores proponen recortar programas poco efectivos y exigir resultados verificables, mientras que otros insisten en aumentar el presupuesto, incluso con subidas impositivas, para hacer frente a la magnitud actual del problema.
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El análisis del presupuesto 2026 revela fricciones entre la alcaldía y los legisladores sobre prioridades de gasto y la fiscalización de contratos con organizaciones sin fines de lucro.
¿Cuándo y cómo se disparó la crisis?
El aumento abrupto del gasto inició en 2019, según datos de la Oficina del Contralor, debido a una combinación de factores: crecimiento de la migración interna y externa, encarecimiento de la vivienda, efectos de la pandemia sobre la economía informal y cambios en la normativa federal en materia de refugios.
Esta combinación generó una presión especialmente alta sobre el sistema público de asistencia, que optó por multiplicar los contratos con proveedores privados y expandir los servicios de emergencia.
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Al mismo tiempo, la llegada de solicitantes de asilo y desplazados por crisis internacionales obligó a la ciudad a sumar miles de plazas adicionales, elevando así los costos operativos y disminuyendo la capacidad de fiscalización directa sobre los servicios provistos.
Las voces que exigen cambios
Organizaciones como el CBC y analistas independientes sostienen que Nueva York requiere “un nuevo enfoque basado en resultados tangibles y métricas verificables”, planteando auditorías externas, reducción de programas ineficaces y un refuerzo de la prevención junto con mayor coordinación interinstitucional.
Al mismo tiempo, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar respalda el aumento del gasto y argumenta que las políticas actuales “han permitido evitar que la crisis alcance niveles insostenibles”, aunque reconoce la persistencia de retos estructurales y la urgencia de ajustar la estrategia.
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El futuro del gasto y el debate pendiente
El presupuesto proyectado para 2026 anticipa nuevas tensiones políticas y sociales en torno al uso de recursos públicos. La ciudad de Nueva York se encuentra ante la disyuntiva de mantener el nivel de gasto actual, revisar a fondo sus políticas o contemplar alternativas que permitan mejorar la eficacia sin elevar la presión fiscal.
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