
El estado de Washington aprobó una tasa impositiva del 9,9 % sobre los ingresos que superen el millón de dólares, una medida destinada a cubrir el déficit multibillonario de las cuentas públicas y que impactará especialmente a grandes tecnológicas y trabajadores calificados.
Respaldada por el gobernador Bob Ferguson, la ley prevé que el nuevo impuesto comience a cobrarse en 2029, con entrada en vigor el 1 de enero de 2028, y que los recursos se destinen tanto a la estabilización presupuestaria como a programas de apoyo para familias trabajadoras y pequeños empresarios.
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Según el medio Fox Business, la iniciativa fue ratificada el miércoles en el Senado estatal, tras una maratónica sesión de 24 horas en la Cámara de Representantes.
Los pagos de la tasa del 9,9 % comenzarán en 2029 y, de acuerdo con información oficial, afectarán a aproximadamente 21.000 residentes de Washington.

Se trata de la tasa máxima sobre renta más alta en Estados Unidos y su objetivo es financiar programas como la gratuidad del desayuno y almuerzo escolar en todos los establecimientos K-12 del estado, así como estabilizar el presupuesto público, según el gobernador Ferguson.
La legislación, detalló Fox Business, se dirige a individuos o parejas cuyos ingresos superen el millón de dólares anuales. El gobernador Ferguson indicó en la red social X: “El Impuesto a los Millonarios aplicará a menos de la mitad de un uno por ciento de los habitantes de Washington, pero hará la vida más asequible para millones.”
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Además, los fondos permitirán financiar la gratuidad del desayuno y el almuerzo escolar en todo el sistema K-12, cumpliendo una de las prioridades de su gestión.
El último informe de la Tax Foundation —organización estadounidense especializada en análisis tributario—, citado por Fox Business, advirtió que la suma de este nuevo gravamen con otras cargas fiscales en Seattle podría elevar la tasa final sobre ingresos salariales y acciones restringidas (RSU) a más del 18 %, situando a Washington con el margen tributario más alto del país.
El Departamento de Comercio y la Administración de Pequeños Negocios informaron que en el estado existen 695.695 pequeñas empresas y cerca de 360.000 empleos vinculados a la tecnología.
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El aumento de la presión fiscal generó alarma entre analistas y sectores empresariales. Jared Walczak, investigador principal de la Tax Foundation, alertó: “Un impuesto tan agresivo dañaría gravemente la economía de Washington, trasladando empleos y oportunidades económicas a otros lugares.”

Agregó que para “importantes segmentos del sector tecnológico del estado, ya sometidos a tasas comerciales excepcionalmente altas, el impuesto sobre la renta del 9,9 % podría ser el factor definitivo para trasladar toda expansión futura a otras jurisdicciones, e incluso para relocalizar empleos existentes.”
Fuga de patrimonios y empleo: la principal preocupación de opositores y empresarios
La reacción tras la aprobación de la ley trascendió el ámbito legislativo. Diversos opositores sostienen que la normativa podría acelerar la migración de grandes patrimonios y empresas hacia estados con menor carga tributaria.
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El legislador republicano Andrew Barkis advirtió durante el debate parlamentario, según consignaron Fox Business y The New York Times: “Si una Starbucks o una Boeing decide disminuir su presencia en el estado de Washington, ¿adivinen qué ocurre? Esos empleos bien remunerados se irán. Ya está sucediendo.”
La preocupación también se reflejó en decisiones personales: Howard Schultz, exdirector ejecutivo de Starbucks, anunció esta semana en LinkedIn que, junto con su esposa, dejará Seattle para radicarse en Florida tras más de cuarenta años en la ciudad.

Aunque Schultz no mencionó explícitamente el nuevo impuesto en su declaración, expresó su esperanza de que “Washington siga siendo un lugar donde prosperen los negocios y el emprendimiento.”
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La ley, que aguarda la firma definitiva del gobernador Ferguson, podría marcar un punto de inflexión en la política tributaria de Washington, afectando a un grupo reducido de contribuyentes —menos de la mitad de un uno por ciento de la población, según cifras oficiales—, pero incidiendo directamente en la competitividad fiscal del estado frente a otras regiones de Estados Unidos.
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