La publicación del extenso informe elaborado por el fiscal general Peter Neronha reveló con precisión el alcance del abuso sexual cometido durante 70 años por miembros del clero católico en Rhode Island, y evidenció los mecanismos sistemáticos de encubrimiento orquestados por los líderes de la Diócesis de Providence, la jurisdicción eclesiástica católica del estado.
En este documento de más de 280 páginas, se confirma que al menos 315 menores fueron víctimas de 75 sacerdotes y diáconos, y se detalla que la diócesis trasladó sistemáticamente a religiosos acusados a otras parroquias —facilitando así la repetición de los abusos en nuevos destinos— y recurrió al encubrimiento persistente de estas prácticas.
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La investigación, según Neronha en el informe citado por USA Today, aporta un grado de detalle y atribución de responsabilidades no alcanzado antes en investigaciones sobre este tema en el estado.
Cifras y hallazgos principales del informe
El desglose realizado por el equipo de la Fiscalía General, la principal oficina legal del estado, contabilizó 61 sacerdotes y diáconos diocesanos, 13 miembros de órdenes religiosas y un sacerdote externo como “acusados de manera creíble” de abusar de menores desde 1950. La definición empleada establece que esta acusación tiene una base razonable para creer que los hechos ocurrieron, tal como fue determinada por la fiscalía.
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El informe añadió 20 nombres a la lista difundida previamente por la diócesis, la cual se consideró insuficiente por omitir datos clave como fechas, ubicaciones de los hechos y el historial completo de los clérigos.
Según la documentación entregada —más de 250.000 páginas procedentes de los archivos internos, incluidos informes de personal, tratamientos médicos y registros de un “archivo secreto”—, 13 sacerdotes fueron acusados de abusar de más de 40 niños cada uno.
El informe subraya que, pese a contar con información previa sobre posibles conductas delictivas, la diócesis no apartó del sacerdocio a estos individuos, sino que en ocasiones los trasladó a otras parroquias o les permitió permanecer en sus cargos. Este patrón llevó a que volvieran a perpetrar abusos en sus nuevos destinos.
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Entre los casos documentados, un solo sacerdote, Brendan Smyth, habría abusado de al menos 17 menores durante apenas tres años de ministerio en Rhode Island, mientras que William O’Connell habría hecho lo propio con más de 20 menores en su desempeño como sacerdote.
Responsabilidades y mecanismos de encubrimiento
La investigación responsabiliza con mayor énfasis a los obispos Russell J. McVinney (1948-1971) y Louis Gelineau (1971-1997). Se señala que ambos devolvieron reiteradamente a clérigos denunciados a la vida parroquial, lo que provocó la revictimización de numerosos menores.
Las medidas adoptadas incluyeron el envío de sacerdotes acusados a centros “de retiro” o “tratamiento”, como la Queen of the Clergy Villa en Escoheag, y la House of Affirmation en Massachusetts, donde muchos nunca dejaron de ser sacerdotes.
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El informe describe el trato que recibieron muchos denunciantes: fueron tildados de mentirosos, sometidos a pruebas de polígrafo poco fiables o presionados para ceder su historia clínica a cambio de ayuda psicológica, lo que permitía a los abogados de la diócesis acceder a esa información íntima.
Además, hasta 2022, la diócesis mantenía en funcionamiento un Fondo de Asignación Especial, un fondo para asistencia financiera a sacerdotes apartados tras ser señalados por abusos. Entre los 19 sacerdotes diocesanos identificados como “crediblemente acusados” que pasaron por “evaluaciones o tratamientos”, 10 regresaron después a tareas pastorales.
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Casos recientes y persistencia de irregularidades
El informe detalla incidentes ocurridos en el último tiempo. En 2011 una denuncia presentada por el director de la St. Joseph School, una escuela católica local en West Warwick, acusó al diácono Laurence Gagnon de bajarle los pantalones a varios alumnos varones de sexto grado (11–12 años).
La investigación inicial, a cargo de Robert McCarthy, exdetective y entonces responsable de cumplimiento de la diócesis, consideró que lo ocurrido solo constituía un caso de “mal juicio” y no fue reportado como delito. La policía local, sin embargo, detectó otros episodios de abusos sexuales: varios estudiantes afirmaron que Gagnon les tocó los genitales en reiteradas ocasiones y confesó estos hechos.
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En 2013, Gagnon se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual a menores de segundo grado y fue condenado a 10 años de prisión, con 1 año de cumplimiento efectivo.
Incluso en años recientes se documentaron fallas en el manejo de denuncias. En 2022, la diócesis recibió advertencias sobre un sacerdote en activo acusado de hacer preguntas inapropiadas sobre sexualidad a niños en un colegio.
Aunque fue apartado brevemente y se le obligó a recibir formación, después de menos de 6 meses fue reincorporado a tareas pastorales sin informar a la nueva comunidad. Las quejas motivaron una nueva suspensión, aunque el informe resalta que el sacerdote aún podría actuar como reemplazante en otras parroquias.
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Como señaló el portavoz de la Fiscalía, Timothy Rondeau, muchos de los sacerdotes aún vivos considerados “crediblemente acusados” siguen recibiendo respaldo financiero y otros beneficios de la diócesis, pese a estar inactivos o retirados.
Medidas tomadas y deficiencias actuales
El informe reconoce que, a partir de 2002, la Diócesis de Providence modificó parcialmente sus procedimientos: se comenzó a apartar a los acusados y prohibirles el ejercicio ministerial durante las investigaciones, además de eliminar en parte la práctica de trasladar a sacerdotes señalados. Esto permitió limitar la reincidencia.
Sin embargo, el análisis de la Fiscalía sostiene que estas reformas no se aplicaron de manera uniforme ni constante, y persisten deficiencias graves como la falta de registros claros sobre investigaciones internas, la ausencia de monitoreo a religiosos acusados que permanecen en la comunidad, y un escaso apoyo público a las víctimas.
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El informe observa que la lista pública de acusados publicada por la diócesis en 2019 es incompleta y omite información esencial para el esclarecimiento social del caso. Además, persiste la duda de si la diócesis reconoce y señala adecuadamente comportamientos que deberían activar las alertas.
Reacciones oficiales y propuestas legislativas
Tras la publicación, el obispo Bruce Lewandowski reconoció en una declaración el alcance de los abusos y pidió perdón a las víctimas: “Aprovecho esta oportunidad para pedir disculpas a los supervivientes de abuso sexual por parte del clero católico, por las faltas del personal eclesiástico y de otros responsables en décadas pasadas por no protegerles y no mantenerles a salvo”. Señaló que actualmente no hay clérigos “crediblemente acusados” en funciones activas y reafirmó el compromiso de la diócesis con las salvaguardas implementadas.
Los responsables políticos estatales anunciaron respuestas legislativas. El presidente de la Cámara de Representantes, K. Joseph Shekarchi, prometió un tratamiento urgente del proyecto de ley presentado por la diputada Carol McEntee para habilitar demandas civiles contra instituciones que hayan encubierto, trasladado o permitido la permanencia de perpetradores. McEntee remarcó: “Revelar la verdad sobre esta corrupción inmoral es el primer paso para lograr justicia real para tantas víctimas”.
La presidenta del Senado estatal, Valarie Lawson, expresó que la investigación de Neronha aporta detalles esenciales para la discusión legislativa sobre el acceso a la justicia de las víctimas.
Por su parte, el abogado Tim Conlon, representante de víctimas en causas judiciales, lamentó que en Rhode Island la legislación actual dificulte la reparación para los sobrevivientes, dado que “el sistema de justicia no solo es ciego, sino que se muestra indiferente ante la magnitud del daño probado”.
Impacto institucional y contexto actual
Entre las cifras ofrecidas por la diócesis, constan 364 sacerdotes, 91 diáconos, 368 religiosas y 66 hermanos con tareas actuales, y una matrícula de 11.700 estudiantes en sus centros educativos.
La publicación de este informe y el compromiso de los responsables políticos marcan un cambio de paradigma respecto al escrutinio público sobre la labor y responsabilidad de la iglesia local y sus autoridades en el encubrimiento de delitos de abuso sexual infantil.
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