
La ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, vivió el martes una represión contra manifestantes durante una protesta en la que la policía talibán disparó contra la multitud y provocó la muerte de al menos una persona, un niño, mientras otras resultaron heridas, según reportó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La manifestación, que reunió entre 70 y 150 personas según distintas fuentes, surgió tras el arresto de unas 30 mujeres acusadas de violar el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen talibán.
El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio llevó a cabo los arrestos el fin de semana, al aplicar la interpretación más rígida de la ley islámica vigente en el país desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Desde entonces, las restricciones sobre las mujeres se endurecieron y las protestas públicas se volvieron inusuales, en un contexto en el que la disidencia implica riesgos personales y familiares.
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En Herat, la protesta reunió a mujeres y hombres, un hecho poco frecuente bajo casi cinco años de régimen talibán, marcado por la desaparición de la movilización callejera, en especial la encabezada por mujeres.
La policía de Herat afirmó que actuó para mantener el orden público y justificó la intervención al sostener que un grupo de “alborotadores” intentó alterar la seguridad bajo el pretexto de protestar contra las normas del hiyab. Las autoridades advirtieron que cualquier conducta que perturbe el orden será considerada inaceptable y reiteraron que las libertades solo pueden ejercerse dentro del marco de la sharía y los valores sociales del país.
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Tras la represión, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona para evitar nuevas concentraciones y bloquearon el acceso a hospitales, con el objetivo de limitar la información y la asistencia a los heridos. El régimen talibán sostiene una censura que dificulta conocer con precisión la magnitud de las protestas en el país, donde las pocas manifestaciones públicas suelen ocurrir en Kabul o Herat y se vinculan a reclamos por el derecho a la educación, el empleo y la libertad de movimiento.

Al menos 130 manifestantes fueron arrestados desde agosto de 2021, y muchos sufrieron palizas y torturas bajo custodia. La represión también alcanzó a familiares varones de las mujeres detenidas, a quienes se considera responsables legales y que pueden ser perseguidos y golpeados.
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Además, más de 27 periodistas resultaron agredidos o detenidos arbitrariamente por cubrir protestas, lo que reforzó un cerco informativo que dificulta la denuncia de los abusos.
A raíz de esta persecución, la mayoría de las protestas y campañas de resistencia lideradas por mujeres migraron a plataformas digitales, bajo anonimato y con un aumento del ciberacoso y los discursos de odio. Un informe reciente alertó sobre un incremento del 217% en los mensajes hostiles hacia activistas en redes y de más del 60% en los ataques directos con insultos sexualizados.
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Las mujeres arrestadas en Herat fueron liberadas el 8 de junio, aunque el impacto de las detenciones arbitrarias persistió en ellas y sus familias. Las autoridades talibanas, por su parte, negaron la existencia de arrestos y sostuvieron que el uso del hiyab es una obligación religiosa que deben hacer cumplir.
El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán expresó su alarma por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes aparentemente pacíficos y reclamó que los responsables de la violencia rindan cuentas. A las restricciones sobre la vestimenta, el régimen talibán sumó la prohibición de la educación secundaria para niñas, el acceso a la universidad para jóvenes y limitaciones al trabajo humanitario de las mujeres.
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La legislación vigente establece que la voz femenina solo puede escucharse en casos de necesidad y prohíbe a las mujeres desplazarse sin un guardián masculino, participar en juegos o actividades recreativas y adoptar estilos considerados occidentales. La represión de la protesta en Herat expuso la consolidación de una política de discriminación en la que cualquier acto de disenso puede derivar en violencia, detención y estigmatización social.
(Con información de AP, EFE y Europa Press)
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