La legislatura de Florida aprobó una iniciativa que busca frenar el posible impacto de los grandes centros de datos en el coste de electricidad para la población, en respuesta a la creciente demanda energética que impulsa el auge de la inteligencia artificial (IA).
El Senado validó un proyecto de ley que, de avanzar en la Cámara de Representantes y ser promulgado por el gobernador Ron DeSantis, fijaría pautas estrictas para asegurar que la expansión tecnológica no genere mayores tarifas para hogares y negocios a partir del 1 de julio de 2026.
La SB 484 establece que estos complejos tecnológicos asuman sus propios costos y no trasladen la carga financiera al consumidor común, en un contexto donde el crecimiento poblacional y empresarial ya desafía la infraestructura energética y en el que el gobierno busca evitar trasladar ese peso a los usuarios residenciales. Así lo informó el medio Diario Las Américas.
Florida, cuarto estado con más centros de datos en Estados Unidos
Según datos del sector recogidos por Diario Las Américas, el llamado Estado del Sol alberga actualmente 120 centros de datos, posicionándose como el cuarto territorio con más instalaciones de este tipo en todo el país. Las previsiones apuntan a un incremento previsto impulsado por el avance de la IA y la transformación digital de las empresas.
Este fenómeno ha provocado, en otros territorios estadounidenses, incrementos en el consumo energético y, en consecuencia, aumentos tarifarios que afectan a los usuarios residenciales. Por ese motivo, la legislatura busca anticipar escenarios de presión sobre la red eléctrica local, evitando que lo experimentado en otros estados se replique en Florida.
Las claves de la SB 484: mecanismos regulatorios y protección al consumidor
La SB 484, impulsada por el senador Bryan Avila de Miami Springs, introduce regulaciones específicas destinadas a los denominados consumidores eléctricos de gran tamaño, donde los grandes centros de datos figuran como objetivo principal. El texto normativo instruye a la Comisión de Servicio Público, el organismo estatal regulador del sector eléctrico, a desarrollar tarifas diferenciadas para grandes usuarios.
El diseño de estas tarifas debe garantizar que dichos complejos tecnológicos cubran el total del coste eléctrico generado y evitar que una eventual mora o impago impacte en el resto de los clientes conectados a la red.
Avila explicó a Diario Las Américas: “En numerosos estados hemos visto el costo de la electricidad dispararse cuando grandes centros de datos aumentan la demanda, creando un problema de asequibilidad para los residentes”. La legislación busca impedir que este panorama suceda en Florida.
En consonancia con la protección de recursos naturales, la propuesta establece procedimientos concretos para el otorgamiento de permisos de uso de agua destinados a estas instalaciones. La SB 484 faculta a los organismos de manejo de agua —entidades de gestión hídrica regional y estatal— y al Departamento de Protección Ambiental a exigir la utilización parcial de agua reciclada en estos proyectos, reforzando el enfoque sobre el consumo responsable.
Otra disposición relevante prohíbe a las empresas eléctricas públicas suministrar energía a centros de datos controlados por países extranjeros de preocupación, una categoría que, según la ley estadounidense, incluye a China, Rusia, Irán y Corea del Norte, entre otros, incorporando así una medida vinculada a la seguridad nacional.
Diferencias legislativas y enfoques en debate
Mientras el Senado avanza en la aprobación de la SB 484, en la Cámara de Representantes se analiza su contraparte, la HB 1007, impulsada por el representante Griff Griffitts de Panama City Beach. Esta última versión propone restricciones adicionales, especialmente para los llamados hyperscale data centers.
Entre sus principales exigencias figura la prohibición de instalar centros de datos a menos de 8 km (5 millas) de viviendas o escuelas. También prevé la creación de una nueva junta estatal encargada de revisar estos proyectos y endurece los requisitos para acceder a permisos de uso de agua.
La existencia de dos proyectos con enfoques distintos refleja divisiones en la dirigencia política republicana de Florida. El expresidente Donald Trump respalda el crecimiento de los centros de datos como motores de desarrollo en el sector de inteligencia artificial, mientras que el gobernador Ron DeSantis mostró previamente su apoyo a regulaciones bajo la llamada AI Bill of Rights., que priorizan la protección del consumidor, de acuerdo con Diario Las Américas.
Empleo, tecnología y tensiones en la discusión pública
Los debates en torno a la expansión de los centros de datos han puesto en primer plano la tensión entre la promoción de la tecnología y la defensa de la asequibilidad del servicio eléctrico. Organizaciones empresariales sostienen que la llegada de estas infraestructuras puede generar nuevas oportunidades de empleo tanto en construcción como en especialidades tecnológicas.
Por su parte, el grupo Florida Consumer Action Network y la Asociación de Pequeñas Empresas advierten sobre el riesgo de que estos beneficios vengan acompañados de mayores costes para el usuario doméstico.
Según Diario Las Américas, el fondo del debate reside en “conciliar el desarrollo tecnológico” con una política tarifaria estable y la protección de los recursos hídricos, evitando que la transformación digital implique una carga adicional en las facturas de la población.
Próximos pasos y plazos para la nueva regulación
Actualmente, la SB 484 ha sido aprobada solo en el Senado estatal y deberá ser considerada en la Cámara de Representantes, donde la negociación con la propuesta HB 1007 determinará la versión final. La ley entrará en vigor únicamente si ambas cámaras logran consenso y el gobernador Ron DeSantis la firma.
De cumplirse ese cronograma, las medidas entrarían en vigor a partir del 1 de julio de 2026.
Hasta ese momento, el suministro y regulación energética con respecto a los grandes centros de datos en Florida seguirá rigiéndose por el marco vigente, sin los nuevos condicionantes que persigue la reforma legislativa.
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