El gobierno de Estados Unidos ordenó a todas sus embajadas en América Latina y el Caribe que informen sobre delitos y violaciones de derechos humanos relacionados con la migración masiva y que analicen el impacto de políticas nacionales que faciliten estos flujos.
La directiva, anunciada por el Departamento de Estado, responde a la estrategia de la administración Trump de presionar a los gobiernos de la región a reforzar los controles fronterizos y combatir activamente a las redes criminales que operan en rutas migratorias.
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“Estados Unidos insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, indicó el Departamento de Estado en un mensaje publicado en redes sociales.
La comunicación enfatizó que “la migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”.
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La instrucción a las embajadas pide: recopilar y reportar información sobre crímenes resultantes de la migración masiva, evaluar políticas gubernamentales que puedan estar priorizando a los migrantes sobre los ciudadanos, y exhortar a las autoridades de cada país a tomar medidas contra lo que Washington define como amenazas para la seguridad hemisférica.
Según el Departamento de Estado, el objetivo es impulsar una respuesta coordinada ante organizaciones criminales transnacionales que, además de facilitar la migración irregular, estarían involucradas en delitos graves como trata de personas, explotación laboral, abuso sexual y tráfico de drogas.
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El comunicado sostiene que millones de migrantes y “oleadas de drogas mortales” han llegado a las fronteras estadounidenses por corredores operados por organizaciones terroristas y narco-criminales.
“Estas redes de narco-terrorismo que facilitan la migración masiva rutinariamente participan en tráfico de niños, trabajo forzado, agresiones sexuales y otros abusos graves que amenazan a ciudadanos de todo el hemisferio y socavan el Estado de derecho”, advirtió el Departamento.
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La administración Trump ha endurecido las políticas migratorias desde su regreso a la Casa Blanca en enero, priorizando la seguridad fronteriza y las deportaciones. Durante el año, más de 600.000 personas han sido expulsadas del país y casi dos millones de indocumentados salieron voluntariamente, de acuerdo con cifras oficiales recientes. Además, se reactivaron restricciones para el ingreso desde casi 40 países, se redujeron los cupos de refugiados y se incrementaron las tarifas para visas de alta especialización.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó 2025 como “un año de logros sin precedentes” en materia migratoria, mientras la Casa Blanca insiste en que los flujos masivos representan un desafío para el sistema de asilo, la economía y la seguridad pública.
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La administración ha señalado que la migración irregular también afecta a los países de tránsito y destino en Latinoamérica, donde las organizaciones criminales aprovechan la falta de controles para expandir sus actividades.
El enfoque de la actual política estadounidense contrasta con los esfuerzos realizados por el gobierno anterior, que se centraba en programas económicos y cooperación para abordar las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la corrupción y la violencia. Ahora, el énfasis está puesto en la acción inmediata, la presión diplomática y el fortalecimiento de las fronteras.
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En su mensaje, el Departamento de Estado reiteró que “Estados Unidos está listo para trabajar junto a las naciones del hemisferio occidental para poner fin a la crisis global de migración masiva”.
El Gobierno estadounidense también ha advertido a Europa sobre los riesgos de políticas migratorias permisivas, alegando que la falta de control puede llevar a la “desaparición civilizatoria” y al auge de grupos extremistas.
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La directiva a las embajadas anticipa una mayor exigencia a los gobiernos latinoamericanos para adoptar medidas que limiten los flujos migratorios y refuercen el combate a las redes criminales asociadas.
(Con información de EFE)
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