Estados Unidos impuso sanciones por la comercialización de drones de combate entre Irán y el régimen de Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes la imposición de sanciones a 10 personas y entidades de Venezuela e Irán vinculadas a la proliferación internacional de drones de combate y materiales relacionados con misiles balísticos. Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA), con sede en Venezuela, señalada por su papel en la adquisición y ensamblaje de aeronaves no tripuladas de diseño iraní y la negociación de ventas millonarias de estos sistemas a las fuerzas armadas venezolanas.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró en un comunicado difundido por el propio Departamento que “el Tesoro está exigiendo responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”. Hurley añadió que Estados Unidos continuará actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense puedan beneficiarse de ello.

La medida responde a la directriz presidencial de seguridad nacional estadounidense destinada a frenar el programa de misiles balísticos iraní y a impedir el desarrollo y transferencia de armas convencionales y asimétricas por parte de Teherán. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, las actividades iraníes en este campo representan una amenaza tanto para personal estadounidense y aliado en Oriente Medio como para la estabilidad del transporte marítimo comercial en el mar Rojo. Además, la entrega de armas convencionales a Caracas se considera un riesgo directo para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental

La OFAC detalló que la compañía venezolana EANSA y su presidente, José Jesús Urdaneta González, están implicados en la adquisición y montaje de drones de la serie Mohajer, fabricados por la iraní Qods Aviation Industries (QAI), y que estos aparatos son reetiquetados en Venezuela bajo la denominación ANSU. Desde 2006, ambas naciones han coordinado la transferencia de estos sistemas aéreos, en particular el modelo Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. EANSA, presidida por Urdaneta, mantiene y supervisa el ensamblaje y mantenimiento de estos dispositivos para las fuerzas armadas venezolanas, incluyendo el modelo Mohajer-2, conocido localmente como Arpía o ANSU-100, capaz de lanzar bombas guiadas iraníes de tipo Qaem.

El Departamento del Tesoro recordó que QAI fue sancionada en 2023 por su vinculación directa con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), que también está sujeto a sanciones estadounidenses desde 2020 por su papel en el suministro internacional de armas y materiales relacionados.

La OFAC también incluyó en su lista de designaciones a tres personas radicadas en Irán por su implicación en la adquisición de químicos estratégicos para la industria de misiles, como el perclorato de sodio, el ácido sebácico y la nitrocelulosa, para la empresa estatal Parchin Chemical Industries (PCI), parte de la Organización de Industrias de Defensa (DIO) de Irán. El perclorato de sodio es un componente esencial para la fabricación de combustibles sólidos de cohetes, mientras que el ácido sebácico y la nitrocelulosa se emplean en la producción de aditivos y resinas para propulsores avanzados.

Uno de los sancionados, Mostafa Rostami Sani, presidente de la compañía iraní Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company, coordinó la adquisición de decenas de toneladas métricas de perclorato de sodio para PCI, en colaboración con otros individuos y firmas también incluidos en las sanciones. Tanto PCI como DIO ya estaban sujetos a medidas restrictivas por parte de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU desde 2007 y 2008.

La acción de la OFAC se extiende a otras empresas y directivos iraníes ligados al desarrollo de sistemas tecnológicos de uso militar, como Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA) y sus subsidiarias, responsables de producir componentes para el programa de vehículos aéreos no tripulados de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Los sancionados incluyen a miembros de la alta dirección y empresas relacionadas, todos bajo la acusación de prestar apoyo material, financiero o tecnológico a programas militares iraníes sujetos a sanciones internacionales.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción relacionada con los sancionados, salvo autorización expresa. La violación de estas restricciones puede acarrear sanciones civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros, y los bancos extranjeros que realicen operaciones con las personas designadas hoy se exponen a sanciones secundarias, incluyendo la prohibición de operar cuentas en territorio estadounidense.