La Administración de Donald Trump anunció este martes restricciones de visado contra cinco ciudadanos europeos a los que acusa de impulsar, desde gobiernos u organizaciones civiles, presiones sobre plataformas tecnológicas estadounidenses para limitar contenidos y opiniones protegidas por la legislación de Estados Unidos.
La medida fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que los sancionados habrían participado en “esfuerzos organizados” para coaccionar a empresas estadounidenses a censurar, desmonetizar o suprimir voces con las que discrepan. Según el Departamento de Estado, esas actuaciones generan “consecuencias potencialmente adversas” para la política exterior estadounidense.
Entre los afectados figura Thierry Breton, ex comisario europeo de Mercado Interior y uno de los principales responsables del diseño y la aplicación del marco regulatorio digital de la Unión Europea. También fue incluido Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, una organización británica dedicada a combatir el discurso de odio y la desinformación en línea.
La lista completa fue confirmada posteriormente por responsables del propio Departamento de Estado e incluye además a Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, dirigentes de la ONG alemana HateAid, así como a Clare Melford, directora del Global Disinformation Index. Las autoridades estadounidenses no detallaron casos concretos ni resoluciones judiciales que sustenten las acusaciones.
Rubio enmarcó la decisión en una nueva política de visados anunciada en mayo, destinada a restringir el ingreso de extranjeros considerados responsables de promover la censura de expresiones protegidas en Estados Unidos. “Durante demasiado tiempo, ideólogos en Europa han liderado campañas para castigar puntos de vista estadounidenses”, afirmó el jefe de la diplomacia en un mensaje en la red social X.
Desde la Casa Blanca, la iniciativa es presentada como parte de una ofensiva más amplia contra lo que denomina el “complejo industrial de la censura global”, en línea con la agenda de Trump contra las políticas de diversidad, inclusión y regulación de contenidos que, según su Gobierno, vulneran la libertad de expresión.
La decisión llega semanas después de que la Comisión Europea multara con 130 millones de euros a X, la red social propiedad de Elon Musk, por incumplir obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Servicios Digitales (DSA). En ese momento, Rubio calificó la sanción como un “ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.
El uso de la legislación migratoria, y no de sanciones económicas o disputas comerciales, marca un giro en la respuesta de Washington frente a la regulación digital europea. Funcionarios estadounidenses señalaron que la lista de personas vetadas podría ampliarse si continúan iniciativas similares desde el extranjero.
En términos prácticos, los afectados quedarán impedidos de ingresar a Estados Unidos y podrían enfrentar procedimientos de expulsión si ya se encuentran en el país. Aunque la mayoría de los ciudadanos europeos viajan bajo el programa de exención de visados, el Departamento de Seguridad Nacional puede bloquear su autorización electrónica de entrada.
La medida añade un nuevo foco de fricción entre Washington y Bruselas en un momento de relaciones ya tensionadas por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad, y anticipa un choque más profundo entre la concepción estadounidense de la libertad de expresión y el enfoque regulatorio europeo sobre desinformación y discurso de odio.
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