El proyecto de reactivación de los reactores nucleares abandonados en Carolina del Sur podría transformar el panorama energético del estado y aliviar una deuda multimillonaria, si prospera la oferta de Brookfield Asset Management para invertir 2.700 millones de dólares en la finalización de las obras.
La propuesta, aprobada por unanimidad en la junta de la empresa estatal de servicios públicos Santee Cooper, contempla que Brookfield asuma la mayor parte de la energía generada por la planta, mientras que Santee Cooper recibiría una porción determinada por el monto de la inversión necesaria para poner en marcha los reactores, según informó la agencia The Associated Press.
El director ejecutivo de Santee Cooper, Jimmy Staton, destacó durante la reunión de la junta que la operación permitiría eliminar la mayor parte de la deuda acumulada por la empresa tras el fracaso del proyecto nuclear.
La mayor parte de la deuda podría estar saldada
Staton subrayó: “Nuestros clientes han estado pagando por estos activos desde 2017. Es hora de que obtengan algún valor de ello”.
La iniciativa surge en un contexto de creciente demanda energética en Estados Unidos, impulsada por la proliferación de centros de datos y el avance de la inteligencia artificial, lo que ha renovado el interés en fuentes de energía como la nuclear.
El acuerdo, sin embargo, está lejos de concretarse
Se prevé que las negociaciones entre Santee Cooper y Brookfield se extiendan hasta dos años, durante los cuales deberán resolverse miles de detalles técnicos, legales y financieros.
Ambas partes mantienen la opción de retirarse en cualquier momento, aunque Brookfield se comprometió a cubrir los costos de Santee Cooper tanto por la evaluación de más de setenta ofertas recibidas para el proyecto como por las conversaciones previas al acuerdo definitivo.
El sitio de VC Summer, donde se encuentran los reactores a medio construir, es testimonio de una de las mayores debacles financieras del sector energético estadounidense. Santee Cooper, como socio minoritario junto a la empresa privada South Carolina Electric & Gas, invirtió más de 9.000 millones de dólares en la construcción de los reactores, que fue abandonada en 2017 tras años de retrasos y sobrecostos.
La estructura inacabada, una torre de hormigón y metal, permanece cerca del reactor que opera desde 1984, a unos treinta y dos kilómetros río arriba de Columbia.
El colapso del proyecto tuvo consecuencias judiciales y económicas de gran alcance
Cuatro ejecutivos fueron condenados a prisión o arresto domiciliario por mentir a reguladores, accionistas, contribuyentes e investigadores, mientras que millones de personas quedaron obligadas a pagar durante décadas por una planta que nunca llegó a producir electricidad.
Una ley estatal permitió a las empresas de servicios públicos trasladar los costos a los usuarios antes de que la planta generara energía, lo que agravó la carga financiera para los contribuyentes y clientes.
El interés de Brookfield en el proyecto se explica, en parte, por la posibilidad de vender la mayor parte de la energía generada a grandes consumidores, como los centros de datos. Según la propuesta, la empresa privada conservaría al menos el 75% de la energía producida, con libertad para comercializarla según sus intereses.
El equipo y la estructura de la planta podrían ser sometidos a a inspecciones exhaustivas
No obstante, organizaciones de vigilancia como Savannah River Site Watch advierten sobre los numerosos obstáculos que enfrenta la reactivación de los reactores.
Tom Clements, director ejecutivo del grupo, señaló a AP que tras ocho años de abandono, todo el equipo y la estructura de la planta, cuya construcción no llegó a la mitad, deberán ser sometidos a inspecciones exhaustivas antes de su eventual uso.
Además, los permisos de construcción y las licencias de operación deberán renovarse, probablemente desde cero.
El tipo de reactores elegidos ha sido fuente de sobrecostos incluso en proyectos que lograron completarse
Brookfield adquirió los activos de Westinghouse Electric Co., empresa que se declaró en quiebra debido a las dificultades para construir este tipo de reactores. Un caso reciente en Georgia, donde se construyeron dos reactores similares, terminó con un gasto adicional de 17.000 millones de dólares sobre el presupuesto inicial antes de que entraran en funcionamiento en 2023.
El impulso a la energía nuclear cuenta con respaldo político: la administración del expresidente Donald Trump propuso que Estados Unidos cuadruplicara la generación nuclear en los próximos veinticinco años.
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