El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a la inminencia de un cierre administrativo tras el estancamiento de las negociaciones presupuestarias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El presidente Donald Trump advirtió el martes que “probablemente habrá un cierre”, una situación que podría dejar a cientos de miles de empleados públicos sin sueldo y paralizar la mayoría de los servicios federales.
La falta de un acuerdo antes de la medianoche de este martes podría desatar el decimoquinto “shutdown” desde 1981, con consecuencias económicas y sociales de gran alcance para el país.
Durante un encuentro con periodistas en la Oficina Oval, Trump afirmó ante la prensa que los demócratas serían los responsables del cierre si el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, antes de la fecha límite este martes.
“Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce”, dijo. Y agregó que un cierre podría llevar a la adopción de medidas “irreversibles” contra sus opositores, como “despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, en referencia a los demócratas. Trump insistió en que los líderes demócratas “están tomando un riesgo” en este pulso con la Casa Blanca.
En el Senado, la extensión de gastos públicos solicitada por los republicanos requiere de siete votos adicionales más allá de su bancada, los cuales deben proceder de la minoría demócrata. Esta necesidad de apoyo bipartidista ha trabado las negociaciones, sumando incertidumbre a pocas horas del vencimiento del plazo.
La inminencia del cierre impacta a un amplio espectro de agencias federales y programas sociales. Entre los efectos más inmediatos se encuentra la suspensión de pagos para decenas de miles de empleados federales, la interrupción de muchas prestaciones sociales y la paralización temporal de trámites burocráticos esenciales. El análisis sobre los efectos del shutdown prevé distintos grados de afectación según el sector.
El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, DHS) continuará diversas operaciones, en especial aquellas relacionadas con la seguridad y la aplicación de la ley, aunque el plan oficial calcula que se dará licencia temporal sin goce de sueldo a unos 14.000 trabajadores sobre un total de 271.000. De esta manera, las actividades de Protección Fronteriza, Inmigración, Administración de Seguridad en el Transporte y el funcionamiento de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) experimentarán recortes, aunque las actividades consideradas vitales permanecerán activas.
En el sector sanitario, tanto Medicare como Medicaid seguirán procesando pagos a beneficiarios y proveedores, aunque se reportarían demoras en aspectos administrativos, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. A su vez, el programa CHIP para cobertura infantil mantendrá los depósitos a los estados que cumplan con los requisitos.
Otras áreas cruciales como el espacio aéreo y los laboratorios médicos sentirán el impacto de forma directa. Aunque los controladores aéreos certificados permanecerán en sus puestos, podrían dejar de cobrar sus salarios mientras se mantenga el cierre. La escuela nacional de controladores aéreos en Oklahoma City cerrará temporalmente, lo que agravaría la escasez de estos profesionales que enfrenta el país. Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, destacó el estrés adicional que enfrentan los trabajadores en estas condiciones, mientras que Jason Ambrosi, presidente de la Asociación de Pilotos de Aerolínea, instó al Congreso a hallar una solución al considerar que “un cierre amenaza la estabilidad del sistema de aviación más seguro del mundo”.
En el terreno de la salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) prevén licenciar temporalmente a más de la mitad de su personal. Solo los encargados de controlar brotes infecciosos críticos o mantener animales de laboratorio seguirán en funciones. Se interrumpirán investigaciones preventivas, iniciativas de comunicación pública y apoyo a estrategias para reducir muertes por sobredosis o enfermedades crónicas.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) no podrán inscribir a nuevos pacientes en tratamientos experimentales, y cerca del 75% de su personal será licenciado temporalmente. El impacto se reflejará tanto en la paralización de ensayos clínicos como en la interrupción de investigaciones en universidades financiadas por la agencia.
En tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mantendrá la mayoría de sus misiones principales, como la gestión de crisis alimentarias y recordatorios de productos en caso de riesgos para la salud. Sin embargo, actividades rutinarias, incluidas inspecciones programadas a plantas de producción, se verán suspendidas. El 86% del personal continuará en funciones al ser considerado esencial o estar financiado por fuentes ajenas al presupuesto federal.
El plan del Departamento de Estado contempla licenciar a más de la mitad de sus empleados domésticos, aunque los consulados y embajadas en el extranjero seguirán abiertos para servicios a ciudadanos estadounidenses. No se contemplan despidos permanentes, solo ausencias temporales.
En el caso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), seguirá activa una fracción del personal —más de 1.700 empleados— encargada de actividades consideradas “significativas” para la protección ambiental y la seguridad pública. Se mantendrán operativos los equipos que responden a emergencias o situaciones que pueden poner en peligro a la población y el ambiente, mientras que las tareas de investigación o limpieza prolongada quedarán postergadas.
Las consecuencias del cierre administrativo exceden a los servicios públicos, con implicancias reales en la economía, vida cotidiana y seguridad nacional. A medida que la hora límite se aproxima, la presión sobre los legisladores y la administración Trump aumenta, en un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de acuerdos.
(Con información de AFP, AP y Reuters)
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