La “Ley Iryna”, en honor a la refugiada ucraniana asesinada, busca reactivar la pena de muerte en Carolina del Norte

El Congreso de Carolina del Norte aprobó una propuesta legislativa conocida como “Iryna’s Law” que busca modificar el sistema de justicia penal, endurecer los requisitos para la libertad bajo fianza y reforzar la evaluación de la salud mental de los acusados. Esta iniciativa surge tras el asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, quien murió apuñalada en el tren ligero de Charlotte el 22 de agosto de 2025. El proyecto también contiene disposiciones que abrirían la puerta a la reanudación de las ejecuciones en el estado después de casi veinte años de pausa.

La Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, avaló la norma por 81 votos a 31, sumándose así a la aprobación previa en el Senado y enviando el texto al gobernador demócrata Josh Stein. Stein, exfiscal general, manifestó su respaldo a algunas reformas previas al juicio desde el homicidio de Zarutska, aunque su equipo indicó que aún evaluaba la versión final del documento. El caso generó amplia indignación pública tras la difusión de videos de seguridad donde se observa a Decarlos Brown Jr. atacando a Zarutska pocos minutos después de abordar el vagón.

Brown había sido arrestado más de una docena de veces en el pasado y fue liberado a comienzos de año bajo fianza tras un arresto por un delito menor. Actualmente, enfrenta cargos estatales por asesinato en primer grado y federales relacionados con la muerte de Zarutska, ambos susceptibles de la pena capital.

Cambios en la libertad bajo fianza y control judicial

El proyecto elimina la posibilidad de fianza sin pago para numerosos delitos y reduce la discrecionalidad de magistrados y jueces en las decisiones sobre la liberación previa al juicio. La representante estatal Tricia Cotham afirmó durante el debate en la Cámara que la práctica conocida como “catch-and-release” para presuntos delincuentes violentos terminaría con la aprobación de la ley. “Brown nunca debió haber salido de la cárcel. Este acto atroz era evitable”, expresó Cotham ante sus colegas.

Sin embargo, la propuesta encontró oposición en sectores jurídicos y defensores de derechos. El abogado defensor de Charlotte, Tim Emry, argumentó ante la filial WBTV que mantener bajo custodia a un acusado por un delito menor sin opción de fianza sería “totalmente inconstitucional”. Añadió que los magistrados actúan conforme a derecho y no por negligencia. “Iryna’s Law” fija lineamientos sobre cuándo los acusados deben someterse a evaluaciones para determinar un posible internamiento involuntario.

La madre del acusado declaró que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia. Aunque algunos demócratas apoyaron partes de la medida, otros legisladores expresaron que la reforma no aborda adecuadamente las necesidades de salud mental ni incluye fondos suficientes para contratar policías, personal de respuesta a crisis, o alojamiento para personas detenidas por problemas conductuales. “Ser duros con el crimen no significa solo enfocarse en el castigo después de los hechos”, comentó la representante demócrata Marcia Morey.

Regreso de la pena de muerte

En relación con la pena capital, la norma original fijaba plazos hasta finales de 2027 para que los tribunales revisaran ciertas apelaciones de condenados a muerte. Actualmente, hay más de 120 reclusos en el corredor de la muerte en Carolina del Norte, pero no se han realizado ejecuciones desde 2006. El senador Phil Berger impulsó una enmienda que ordena al secretario del Departamento Correccional considerar otros métodos de ejecución si la inyección letal —única forma vigente en el estado— resulta inconstitucional o inaccesible. Entre los métodos alternativos figuran el pelotón de fusilamiento, empleado este año en dos ocasiones en Carolina del Sur, y la electrocución.

Berger explicó que “durante casi dos décadas, obstáculos judiciales y administrativos han impedido que las víctimas reciban justicia, y es hora de que eso termine”. Desde la suspensión de las ejecuciones, los recursos legales se han centrado en impugnar la inyección letal y en alegaciones de discriminación racial en las sentencias, con base en leyes que ya han sido revocadas.

La introducción de métodos alternativos generó rechazo entre algunos legisladores demócratas, quienes calificaron de equivocada la estrategia para retomar las ejecuciones. “Independientemente de la opinión personal sobre la pena de muerte, no cabe duda de que estos métodos son riesgosos y pueden resultar extremadamente crueles”, declaró la representante Vernetta Alston, abogada que ha defendido a condenados a muerte en apelaciones.