La propuesta del director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, de tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas al estilo de Al Qaeda ha reavivado el debate sobre la estrategia antidrogas y la cooperación México-Estados Unidos.
Durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado estadounidense el 16 de septiembre de 2025, Patel subrayó la necesidad de emplear todos los recursos disponibles para combatir a los cárteles, comparando la magnitud de la amenaza con la que representó el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Estas declaraciones coincidieron con la decisión del presidente Donald Trump de incluir nuevamente a México en la lista de países de tránsito de drogas, según la determinación presidencial enviada al Congreso estadounidense.
La “cacería” de narcos
Patel, al frente del FBI, enfatizó ante los senadores que los grupos criminales deben ser enfrentados con la misma determinación y herramientas que se utilizaron contra Al Qaeda.
“Debemos tratarlos como a las organizaciones terroristas extranjeras después del 11 de septiembre”, afirmó el funcionario, quien insistió en que la clave para erradicar el narcotráfico radica en emplear las facultades del Departamento de Guerra y en una colaboración estrecha con las autoridades mexicanas.
Explicó que la estrategia debe ir más allá de capturar a los líderes, pues “si les eliminas al jefe, detrás tienen a diez”, y propuso desmantelar las redes completas mediante inteligencia compartida.
El director originario de Nueva York, advirtió que esta “cacería” será una misión de años, recordando que la persecución de los responsables de los ataques del 11-S también requirió tiempo y persistencia.
“Va a tardar. La cacería después del 11 de septiembre tardó algunos años, y esta va a ser una misión de años”, admitió el funcionario.
Durante la primera administración Trump, Patel dirigió la misión antiterrorista del presidente Trump como asistente adjunto del presidente en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC).
Además, supervisó la ejecución de varias de las principales prioridades del mandatario, incluyendo la eliminación de los altos mandos de Al Qaeda e ISIS y la repatriación segura de decenas de rehenes estadounidenses.
Trump exige “mano dura” contra cárteles
En paralelo a estas declaraciones, la administración de Trump destacó avances recientes en la cooperación con México.
El informe presidencial reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha intensificado la colaboración bilateral, desplegando 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte, realizando decomisos de fentanilo y precursores químicos, y entregando a 29 líderes criminales a la justicia de Estados Unidos.
“México ha desplegado 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera compartida, ha logrado importantes incautaciones de fentanilo y de precursores químicos, y ha entregado a la custodia de Estados Unidos a 29 objetivos de alto valor, incluidos importantes capos de cárteles, para ser juzgados por sus crímenes”, detalló la Casa Blanca en el comunicado.
A pesar de estos logros, el gobierno estadounidense advirtió que “mucho más queda por hacer por parte del gobierno de México para atacar el liderazgo de los cárteles, junto con sus laboratorios clandestinos de drogas, cadenas de suministro de precursores químicos y finanzas ilícitas”.
Trump expresó su expectativa de que en el próximo año se observen “esfuerzos adicionales y agresivos de México para responsabilizar a los líderes de los cárteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas”, según el documento citado.
La inclusión de México en la lista de países con mayor tránsito o producción ilícita de drogas, conocida como la “Majors List”, no es nueva.
Desde 1986, México figura de manera continua en este listado elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que evalúa anualmente los esfuerzos de los países en la lucha contra el narcotráfico.
El documento presidencial enviado al Congreso el 15 de septiembre de 2025 incluyó a 22 naciones, entre ellas Afganistán, Colombia, Venezuela, Bolivia y China.
La Casa Blanca aclaró que la presencia en la lista responde a factores geográficos, económicos y comerciales que facilitan el tráfico de drogas, y no implica necesariamente una falta de cooperación gubernamental.
El informe también dirigió críticas a otros países. Colombia fue señalada por permitir que la producción de cocaína alcanzara niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro, mientras que Venezuela fue descrita como un “régimen criminal” que lidera una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo.
Además, la administración estadounidense responsabilizó a China de ser el principal proveedor mundial de precursores químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, lo que motivó la imposición de sanciones comerciales, incluyendo un arancel adicional del 20% y la eliminación de beneficios arancelarios a ciertos productos.
La emergencia nacional norteamericana
La crisis de opioides en Estados Unidos, agravada por el tráfico de fentanilo, fue calificada como una “emergencia nacional” en el comunicado oficial.
“Ha creado una emergencia nacional, incluyendo una crisis de salud pública que sigue siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años”, afirma la misiva.
En cuanto a la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó en febrero de 2025 a varios grupos criminales de México, Colombia, El Salvador y Venezuela bajo esta categoría, en cumplimiento de un decreto presidencial.
Entre las organizaciones mexicanas señaladas figuran el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo (CDG), el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, todas implicadas en el tráfico de drogas y la trata de migrantes.
La determinación presidencial sobre los países con mayor tránsito o producción ilícita de drogas será remitida al Congreso estadounidense y publicada oficialmente en el Federal Register, el equivalente en Estados Unidos al Diario Oficial de la Federación.
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