La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el lunes 8 de septiembre las restricciones sobre los operativos migratorios en Los Ángeles, permitiendo que la el gobierno nacional reactive patrullas que previamente se consideraron dirigidas principalmente a comunidades latinas.
Mediante una orden breve y sin firma, el máximo tribunal autorizó la petición de emergencia presentada por el gobierno federal que buscaba remover los límites impuestos durante el proceso legal, tras sospechas de perfilamiento racial por parte de las autoridades migratorias.
El caso ganó notoriedad luego de que, en julio, la jueza federal Maame E. Frimpong, del Distrito Central de California, bloqueó temporalmente la detención de personas en Los Ángeles basada únicamente en criterios como la apariencia latina, hablar español o trabajar en ciertos empleos considerados de bajos salarios.
La jueza argumentó que existía una “montaña de evidencia” de agentes que “rondaban indiscriminadamente a numerosos individuos sin sospechas razonables”, intermediando en gasolineras, talleres mecánicos, y zonas donde abundan trabajadores jornaleros y agrícolas.
El alcance de la medida
La orden de la Corte Suprema permite a los agentes de inmigración continuar realizando patrullajes y redadas migratorias, muchos de los cuales han sido documentados en video y denunciados por organizaciones civiles y testigos como detenciones indiscriminadas que violan la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones injustificadas. El proceso legal sigue pendiente en cortes inferiores y podría volver a la Corte Suprema.
En su explicación, el juez Brett Kavanaugh emitió una aclaración puntual sobre su postura, defendiendo la estrategia del gobierno. “Es sentido común que los oficiales federales realicen controles migratorios en zonas donde es más probable encontrar violaciones, como sitios donde se reúnen jornaleros en busca de trabajo”, escribió Kavanaugh, añadiendo que “si la persona es ciudadana estadounidense o se encuentra legalmente en el país, quedará en libertad tras el breve encuentro”.
Por el contrario, la decisión provocó una fuerte reacción de la magistrada Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que disintieron. En palabras de Sotomayor: “no deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español o aparente trabajar en un empleo de bajos salarios”.
Los alegatos de la defensa del gobierno, presentados por el procurador general D. John Sauer, plantean que “resulta razonable que los agentes federales consideren factores como hablar español o trabajar en construcción, ya que muchos inmigrantes no autorizados comparten estas características”.
Sauer matizó su planteamiento, asegurando que “nadie piensa que hablar español o trabajar en construcción siempre genere una sospecha razonable. Tampoco son los únicos factores que consideran los agentes”.
Argumentos de los demandantes
Las organizaciones demandantes, entre ellas colectivos de derechos de inmigrantes y varias personas de ascendencia latina, relataron experiencias de detenciones basadas en el color de piel, idioma o tipo de trabajo.
Uno de los casos citados en la demanda corresponde a Jason Brian Gavidia, ciudadano estadounidense de origen latino, quien fue interceptado por un agente enmascarado cuando reparaba su auto afuera de un depósito de remolques.
Según la denuncia, el oficial le preguntó si era estadounidense, dónde había nacido y finalmente, junto con otro agente, lo sometieron contra una reja, le retorcieron el brazo, confiscaron su teléfono y retuvieron su identificación.
Las organizaciones demandantes también subrayaron el efecto discriminatorio de los operativos. “Numerosos ciudadanos estadounidenses y otras personas legalmente presentes han sufrido invasiones significativas en su libertad”, argumentaron en documentos presentados ante la Corte Suprema, advirtiendo que el gobierno buscaba “el visto bueno judicial para una redada que podría atrapar a millones de latinos con ciudadanía o permisos legales”.
En redes sociales, la Fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi celebró el fallo: “ahora el ICE puede continuar con sus patrullas en California sin microgestión judicial”, escribió.
Las cortes inferiores han programado nuevas audiencias para septiembre, mientras organizaciones civiles y comunidades latinas mantienen la vigilancia ante la posible intensificación de los operativos migratorios en la región.
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