La casa por la que trabajó 20 años fue subastada sin avisarle por no pagar una factura del agua

Filmore Brown, residente de Brooklyn, perdió la posesión de su vivienda tras más de dos décadas de trabajo para pagarla. Brown, quien saldó su hipoteca en 2019, descubrió la pérdida cuando desconocidos intentaron acceder a su hogar en medio de la noche. Posteriormente, supo que tenían derecho legal a ingresar porque la casa había sido subastada debido a una deuda de agua de aproximadamente 5.000 dólares, monto que desconocía por completo.

El caso de Brown destaca la venta de deudas menores a inversores privados por parte del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York, mecanismo que permite la recolección del adeudo con intereses y, en ausencia de pago, el proceso de una ejecución hipotecaria. Brown aseguró: “No quiero que nadie pase por lo que yo estoy pasando. No puedo comer, no puedo beber y no puedo dormir”, según declaraciones brindadas a ABC News.

Brown sostuvo que pagó regularmente sus facturas de agua y otros impuestos actuales, pero no recibió notificaciones sobre la deuda en cuestión, la cual aparentemente se contrajo en 2019. Las notificaciones, según la ciudad, sí fueron enviadas, e incluso se entregaron documentos judiciales a alguien en la propiedad en noviembre de 2020, en pleno auge de la pandemia, pero Brown insiste que nunca tuvo conocimiento de estos documentos.

El proceso legal y el mecanismo de ejecución

La ciudad de Nueva York aplica acciones legales sobre propiedades con deudas fiscales o de servicios acumuladas. El proceso inicia con la venta de la deuda a un fideicomiso compuesto por inversores, quienes quedan autorizados a cobrar los importes pendientes, incluidos los intereses, y pueden llevar la vivienda a remate si la deuda persiste impaga, según detalló ABC News. En el caso de Brown, la deuda original era de 5.057,71 dólares, menos del uno por ciento del valor total de su vivienda, valuada en aproximadamente 800.000 dólares.

La entrega de documentos judiciales clave se dio en noviembre de 2020. Brown habita el último piso de un edificio de tres unidades, mientras alquila los otros dos departamentos, lo que podría haber dificultado la notificación personal, según los registros judiciales. Tras perder el inmueble, Brown contrató un equipo legal para disputar la medida. Sus abogados, Alice Nicholson y Yolande Nicholson, aseguraron que Brown ha pagado miles de dólares en impuestos y nuevas facturas de agua desde entonces.

Yolande Nicholson precisó que, una vez que la antigua deuda pasó al fideicomiso, esta dejó de figurar en los estados de cuenta recientes del propio Brown, ya que los sistemas de cobro están desconectados, dificultando así la identificación de deudas antiguas. El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York envió un comunicado afirmando que nunca busca que los propietarios pierdan sus viviendas.

“El año pasado implementamos reformas para prevenir situaciones desafortunadas como esta, brindando a los dueños más tiempo, información y recursos para saldar sus deudas”, declaró un portavoz a ABC News. En 2024, la dependencia reforzó su contacto mediante visitas casa por casa, llamadas directas y comunicaciones específicas para asegurar que los deudores recibieran información oportuna y asesoría disponible.

Miles de viviendas en Nueva York han acumulado deudas traspasadas a fondos de inversión

Un análisis del equipo de datos de ABC News reveló que más de 6.800 viviendas en Nueva York han acumulado deudas de agua traspasadas a fondos de inversión, muchos de ellos en comunidades afroamericanas. Este mecanismo puede provocar que propietarios de viviendas libres de hipoteca, especialmente adultos mayores o quienes viven con ingresos fijos, pierdan sus casas por sumas bajas en relación con el valor de la propiedad.

Cuando la situación de Brown se divulgó públicamente, se realizó una protesta espontánea afuera de su vivienda en Brooklyn, según Newsweek. Asistieron figuras destacadas como el concejal Chris Banks y la asambleísta Monique Chandler-Waterman, quienes solicitaron una investigación oficial sobre el caso y describieron el episodio como crítico para la protección de los derechos de los propietarios.